La policía nacional de Bolivia presentará públicamente este lunes una parte del armamento y de las municiones que llegaron a La Paz el 12 de noviembre de 2019 provienientes de Argentina. Fueron enviadas por la administración de Mauricio Macri dos días después del golpe que originó la renuncia del presidente constitucional Evo Morales. La exhibición no será casual: aportará pruebas materiales sobre una operación vidriosa de envío que arrancó en Buenos Aires mediante mecanismos aparentemente irregulares que fueron denunciados por el gobierno nacional. Ahora son investigados por el fiscal Claudio Navas Rial, en una causa que está a cargo del juez federal Javier López Biscayart. El magistrado podría declarar el secreto de sumario sobre un expediente que al principio fue soslayado por Macri y su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El fiscal Navas los imputó junto al exministro de Defensa Oscar Aguad por contrabando de armas. También quedaron en la misma situación tres exjefes de Gendarmería que fueron removidos con un sumario interno que realiza la cartera de Seguridad. El caso judicial podría derivar en la citación del resto de los exfuncionarios señalados por la denuncia penal que presentaron la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; su par de Justicia, Martín Soria; y la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont.

Cerca de los abogados querellantes confiaron a este diario que ya quedó demostrada y acreditada la existencia del contrabando. Opinaron que es la primera vez que hay una serie de documentos y actos administrativos que conducen a la responsabilidad directa de Bullrich. En este caso quedaría confirmado su rol como principal responsable del envío de once efectivos del Grupo Alacrán de Gendarmería Nacional, junto con armas y 70 mil cartuchos antitumulto. Originalmente fueron destinados a proteger la embajada argentina en La Paz, por entonces en manos de Normando Álvarez García, pero los cartuchos fueron entregados al gobierno de facto de Jeanine Áñez para reforzar el operativo represivo que ordenó para contener las movilizaciones populares contra el golpe.

Los miembros del grupo de élite de Gendarmería ya comenzaron a hacer sus descargos en el sumario interno que lleva adelante la fuerza. Una fuente vinculada a esa pesquisa confió a Tiempo que se desvincularon del arsenal y que nunca vieron las cajas con los 70 mil cartuchos antitumulto.

El armamento llegó junto con los efectivos en un avión Hércules C130 que dejó el material en el sector del aeropuerto paceño que controla la Fuerza Aérea Boliviana. En la planificación del envío intervinieron el exdirector de Operaciones, Carlos Miguel Recalde; el excomandante y exdirector de Logística, Rubén Carlos Yavorski; y el exdirector de la fuerza Gerardo José Otero. Recalde argumentó en la documentación interna que todos los materiales fueron utilizados por los efectivos, pero la versión se debilita ante las pruebas que mostrará este lunes la policía boliviana y el testimonio de los gendarmes del grupo Alacrán.

Recalde, Yavorski y Otero también fueron imputados por el fiscal Navas. Los tres son parte de otro sumario interno donde quedan muy expuestos ante la desvinculación que formulan sus subalternos.Los descargos conducen hacia arriba e involucran a sus jefes, porque quedaría demostrado que los tres buscaron que el caso pasara inadvertido. Recalde informó que todo el material fue usado y sus superiores habrían hecho todo lo posible para cerrar el expediente interno del envío sin que las autoridades lo supieran. Bullrich sostiene todo lo contrario, defiende a los gendarmes investigados y asegura que el gobierno no supo antes por impericia. “Es otro papelón que están haciendo, es un absurdo. Combina la malicia y el delirio. Era tal el caos que había, que Bullrich decidió mandar a Gendarmería para reforzar la embajada” dijo Macri este jueves, pero en los mismos días también enviaron un grupo similar a Chile con solo 1800 municiones.

Hay un antecedente inquietante en el expediente. Tiene que ver con el rol que jugó Eugenio Horacio Cozzi, por entonces director general de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Según los denunciantes, el 7 de noviembre de 2019 “modificó la regulación para la salida definitiva o temporaria del territorio nacional de materiales controlados”, pero a partir de un acto administrativo que comenzó “el 24 de octubre de 2019”. Es decir que los movimientos para mandar el material comenzaron dos semanas antes del golpe en Bolivia e incluyeron una resolución de ese organismo para flexibilizar los controles. Eso “pone en evidencia la vinculación de esta resolución con los hechos denunciados” porque el cambio que firmó Cozzi “omite exigir información sensible” y le restó “facultades de fiscalización tanto a ANMaC como a otros organismos”. Cozzi dependía jerárquicamente del entonces ministro de Justicia Germán Garavano y su anticipación alimenta las sospechas sobre un pedido previo de armamentos que requería un cambio en la legislación vigente para concretarlo. ¿Quién le dio la orden a Cozzi para concretar ese cambio?

Si los cargos recaen sobre quienes firmaron los papeles, quedará indagar la planificación previa y las responsabilidades políticas. Navas imputó a Macri porque en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas “no puede desconocer el presunto hecho”. Pero debajo de su mando hay una serie de exfuncionarios que van más allá de Bullrich. El canciller Jorge Faurie dijo que no sabe nada al respecto aunque la carta de porte de la carga del Hércules C-130 fue firmada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que la misión era para proteger una embajada en el extranjero. La utilización del avión de la Fuerza Aérea Argentina corrió por cuenta de Aguad, pero cerca del exministro sostienen que durante los ultimos meses del gobierno de Macri no iba a su oficina porque la relación se había roto luego de la desaparición y hundimiento del submarino ARA San Juan.

La línea de sospechas también pasa por el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, que coordinaba desde la Presidencia a los ministerios de Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores y la AFI. Ante las consultas de este diario, el exfuncionario sostuvo que no tiene información al respecto. “No estuve involucrado”, aseguró desde Europa.

Por Claudio Mardones