Ala espera de que se defina quién será el juez en la causa por el envío de armas a Bolivia tras el golpe de Estado a Evo Morales durante el gobierno de Mauricio Macri, ayer arribó a La Paz un pedido del fiscal Claudio Navas al gobierno de Luis Arce para que autorice el traspaso formal de información de forma tal de acceder a documentación de las dependencias oficiales de aquel país durante su investigación por presunto contrabando. Además, desde la misión diplomática argentina ya enviaron el grueso de la documentación hallada allí que apuntala la denuncia que formuló a mediados de julio el Gobierno nacional y arribará al país en los próximos días.

El pedido formal de cooperación del fiscal Navas al gobierno boliviano se basa en la ley 26.004 que aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscripto en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002. La norma fue sancionada el 16 de diciembre de 2004 y promulgada, de hecho, el 10 de enero del año siguiente.

El objetivo es acelerar los tiempos del acceso a pruebas documentales y registros que forman parte de la administración pública boliviana. En concreto, la atención del fiscal se dirige hacia las dependencias que puedan haber tenido algún tipo de participación en la maniobra de presunto contrabando de armas, como la cartera de Defensa, la Cancillería, la de Gobierno e Interior. Lo que se busca son evidencias que prueben la participación de ex funcionarios de la gestión de facto de Jeanine Añez y que den cuenta de un delito desde la Argentina, durante el final de la gestión de Mauricio Macri. Eventualmente, podrían ser citados también a declarar en este país, si avanza el expediente.

El pedido de cooperación se basa en el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales el Mercosur, Bolivia y Chile, de 2002

La carta del fiscal Navas fue transmitida a través de los canales diplomáticos y, a lo largo de hoy miércoles, será entregada al gobierno de Bolivia. En simultáneo, ayer se transfirió por correo diplomático el grueso de las evidencias que formaron parte de la denuncia del Gobierno nacional y que habían sido detectadas en la embajada, como la carta dirigida al entonces embajador argentino Normando Álvarez García. Una parte de ese material solicitado por la Justicia argentina ya había arribado el lunes. Lo restante llegará hacia fines de esta semana o principios de la otra.

La reducción de vuelos, producto de la pandemia, es un factor que alarga los tiempos de acceso a esas documentaciones ya que las conexiones aéreas con Bolivia son limitadas. Además de los trámites burocráticos que implica el envío y recepción de material por vías diplomáticas, a través de la Cancillería. De hecho, todos los registros y documentos a los que pueda acceder eventualmente el fiscal Navas a partir del acuerdo con Bolivia se tramitará por estos canales con los plazos consiguientes.

Se esperan, además, novedades respecto de la tercera prueba que el gobierno boliviano anunció el viernes pasado y que se trataría de un remito de recepción del material enviado desde la Argentina y recibido por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Hoy el embajador argentino en La Paz se reunirá con el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, a fin de acceder a este documento así como, hace dos semanas, supervisó parte del material hallado en los depósitos de la Policía boliviana con el sello de Fabricaciones Militares.

Según lo que el propio funcionario boliviano reportó, en línea con lo que se conoce hasta ahora, hubo una carga autorizada en el Hércules C130 que aterrizó en El Alto el 13 de noviembre de 2019 proveniente de El Palomar consignada en 27 ítems. Luego, existen otros seis que no figuran en ningún manifiesto y que se corresponden con los listados en la carta que lleva la firma del ex jefe de la FAB, Jorge Terceros Lara –y que él niega–, dirigida al ex embajador argentino Normando Álvarez García. Se trata de las 70 mil postas de goma y los gases y spray lacrimógenos.

Según Novillo, “hay un informe de un suboficial que sí firma (e indica) que él fue el encargado de la recepción y haber recibido estos seis ítems que se describen en la carta. Lo sorprendente de esto, es que no existen registros de ingreso desde la Argentina hacia Bolivia de manera regular, sino están fuera de los 27 items”. El militar habría reconocido, en un sumario interno, su firma en el documento en cuestión. No obstante ello, todavía no se encontraron restos de ese material, si bien no descartan que pueda suceder, como ocurrió con la Policía.

“Hay un informe de un suboficial que sí firma que él fue el encargado de la recepción y haber recibido estos seis ítems que se describen en la carta".

De momento, la investigación por la causa por el envío de armas a Bolivia tras el golpe de Estado avanza por canales paralelos en ambos lados de la frontera aunque pronto podrían cruzarse a partir del intercambio de documentos. En Argentina, donde el expediente sigue la figura del presunto contrabando, resta definir qué juzgado se quedará a cargo a lo largo de esta semana mientras que en La Paz, donde la Justicia persigue la aparente comisión de un delito de responsabilidad mayor, el tráfico ilegal, recién esta semana volvió a acelerar tras el fin de la feria judicial.

En la capital boliviana, quien se encuentra a cargo de la investigación es el fiscal general del departamento. De momento, la carga de responsabilidad se focaliza más en la pata local que en la argentina, salvo por la imputación al ex embajador Álvarez García. No se descarta que, conforme avance la investigación, la mirada pueda ampliarse hacia otros funcionarios de la embajada argentina, como el ex agregado militar en la embajada y jefe de la Misión Naval argentina en Bolivia, Miguel Alonso.

Mientras tanto, en Argentina, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart declinó el lunes su competencia en favor del juzgado que conduce el juez Alejandro Catania, donde se radicó la primera de las denuncias sobre el caso. López Biscayart había levantado el párate de la feria para iniciar los primeros pedidos de documentación. Esa primera denuncia estuvo a cargo del ex camarista Eduardo Freiler mientras que la segunda se correspondió con la del Gobierno nacional, encabezada por la cartera de Justicia, Seguridad y la AFIP.