"Tienen que salir muchos más a defender al Gobierno", reclamó durante la última teleconferencia del bloque oficialista el diputado Eduardo Valdés, uno de los más cercanos a Alberto Fernández, con quien suele desayunar seguido en la quinta de Olivos.

Pantalla de por medio, varios de sus pares exigieron tener más información sobre los pasos que va a dar el presidente. "No es posible poner el cuerpo si nos enteramos de las medidas oficiales por televisión", fue la frase repetida. 

El reproche no es por el intercambio de ideas reciente por Venezuela, lejano a los quehaceres parlamentarios, sino por el fallido anuncio de la expropiación de la cerealera Vicentin, del que muchos legisladores oficialistas no logran reponerse. En cuarentena, debieron poner la cara en sus provincias por una promesa que el propio presidente admitió que fue un error y les causó un costo electoral difícil de medir. 

Para estar preparado, el jefe de los diputados Máximo Kirchner habilitó un equipo de voceros que integran Cristina Álvarez Rodríguez; Mara Brawer, Valdes y Cecilia Moreau, entre otros. El grupo de whatsapp superó los 20 miembros y por ahora se limitó a debatir cuándo y cómo responder a los ataques de Cambiemos. No hubo órdenes directas de salir a hablar. 

El nombre más escrito en los chats es el de Fernando Iglesias, el diputado del PRO identificiado como miembro de la granja de trolls que domina la red twitter con militancia antiperonsita y consignas a favor de Mauricio Macri. Nunca perdieron su influencia en la opinión pública. 

En el Senado, los voceros oficialistas rotan después de cada sesión, pero en las últimas nadie quiso hablar, entre otras cosas porque no sabían qué decir sobre qué iba a pasar con Vicentin. Hasta hoy, no hay una explicación oficial sobre cómo se organizó el anuncio presidencial sobre su expropiación y porqué los legisladores no estaban al tanto.  

El equipo de voceros tiene un grupo de whatsapp de más de 20 miembros y por ahora se limitó a debatir cuándo y cómo responder a los ataques de Cambiemos. Álvarez Rodríguez; Mara Brawer, Eduardo Valdes y Cecilia Moreau, son algunos de sus miembros.  

En el kirchnerismo aseguran que Cristina no intervino y que la senadora Anabel Fernández Sagasti, invitada a aquella conferencia, sólo había colaborado con posibles alternativas para intervenir en el concurso de acreedores y recuperar los 18500 millones de pesos que adeuda al Banco Nación, pero no manejaba los tiempos de la negociación. 

De hecho, el jefe de su bloque, José Mayans, recién comentó el anuncio esa tarde con varios de sus dirigidos y a muchos ni siquiera les convencía la intervención por 60 días, que la justicia restringió después de la marcha a favor de la cerealera. Creían que ese final era inevitable, no por pedido popular sino por la visión corporativa de los magistrados. 

La versión del proyecto de ley de expropiación que circuló en los teléfonos de los senadores ese mismo lunes no tenía la firma de Fernández Sagasti sino la de Claudia Daverios, secretaria administrativa del Ministerio de Desarrollo Productivo que lidera Matías Kulfas. 

"Desde enero que Kulfas estaba en contacto con la empresa y el gobernador de Santa Fe Omar Perotti. Pasa que ahora conviene decir que no fueron o no saben qué pasó", se excusan los referentes del Frente de Todos en el Congreso, donde coinciden que el asunto Vicentin fue el mayor retroceso del Gobierno, porque la gente salió a las calles sin saber que la empresa estaba quebrada y es investigada por estafar al Estado y lavar dinero en Paraguay. "Había que dedicarse un buen tiempo a contar quiénes eran". 

Perotti y sus legisladores cercanos nunca negaron que la expropiación era parte de la salida, pero creían que antes se debían explorar otros caminos. Esta semana eran los más furiosos con el mea culpa de Alberto, que llegó justo cuando el gobernador intenta una salida por las suyas. 

Cristina Kirchner. 

El debate por la cerealera hubiera sido el primero de alto voltaje en Diputados en tiempos de pandemia, cuando el oficialismo prefirió no buscar aliados para temas picantes. Nunca trató los decretos del traspaso de escuchas judiciales de la Procuración a la Corte Suprema, que el Senado rechazó pero siguen vigentes mientras no repita el trámite la Cámara vecina. 

Lo pidió Oscar Parrilli, cuando se filtraron los audios de Marcelo Tinelli  y Julio Grondona, pero Sergio Massa convenció a Cristina que era mejor crear una subcomisión que controle al máximo tribunal mientras no estén los números claros para quitarle poder. Ya sufrió en febrero cuando aprobó con lo justo la baja de jubilaciones de diplomáticos y jueces. 

Tampoco se debatió en Diputados el proyecto para prorrogar por seis meses la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria enviado por Alberto, que luego prefirió llevarla a cabo por decreto. Como vaticinaban los conocedores de estos temas, esa decisión le valió un fallo judicial en contra: la sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ordenó que se fije una fórmula no menor a la que se dispuso para actualizar el valor de los alquileres.  

Para juntar mayoría, el oficialismo necesita dominar a los partidos provinciales y a los diputados de Roberto Lavagna, como Jorge Sarghini, que no dudan en marcar sus diferencias. En la última reunión de Alberto con los gobernadores, Massa se fue a Olivos a hablar con los de Misiones (Oscar Alberto Herrera Ahuad) y Río Negro (Arabella Carreras) y hasta con algunos de Cambiemos (como el jujeño Gerardo Morales). Escoltado por Eduardo "Wado" De Pedro, les pidió que además de reclamar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para combatir el coronavirus, lo ayuden a aprobar leyes. 

Confía en que contribuirán a sancionar la moratoria pero el desafío será en el impuesto a la riqueza, que Máximo promete desde abril y presentaría en agosto. Lo alientan encuestas con un 65% de aprobación en la gente, aunque sabe que los damnificados no tardarán en embarrarle la cancha. 

Un capítulo del control centralizado de la comunicación fue este lunes, cuando después de la teleconferencia entre Alberto y los jefes de bloque de todas las fuerzas políticas ningún legislador habló en on the récord. Este viernes, Martín Guzmán se comunicó con los líderes de la bancada del Senado y los referentes en temas presupuestarios para darle mas detalles del proyecto para canjear deuda local en dólares, enviado este jueves. 

Por fuera de estos desencuentros, los bloques oficialistas no viven las internas que se traslucen en la órbita ministerial y sincronizan el trabajo en las comisiones telemáticas. Álvarez Rodríguez lleva la agenda en Diputados; y Mayans y Sagasti se reparten la tarea en el Senado, donde la mayoría propia hace más fácil las cosas y, por si fuera poco, tienen reuniones de bloque por zoom mucho más seguido. La próxima es el lunes. 

Cristina, aseguran en la Cámara alta, se mete poco y nada en el día a día y se enfoca en sus peleas como el control de las escuchas que insistirá en sacarle a la Corte, el monitoreo al procurador Eduardo Casal y cualquier elemento que pueda contribuir a la causa que empuja contra "la mesa judicial", como llama a los ex funcionarios de Macri que, sostiene, le armaron las denuncias que la llevaron varias veces a Tribunales. 

Y está al tanto de la investigación judicial sobre espionaje legal que tramita en la justicia de Lomas de Zamora, pero produce igual o más material en las reuniones de la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, presidida por el diputado oficialista Leopoldo Moreau. 

Este jueves recibió a varios ex agentes cercanos al ex director de asuntos jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia, Juan Destéfano, a quien pronto le llegaría la invitación. Lo vinculan con Daniel "Tano" Angelici, aunque los que lo frecuentan aseguran que ya se había despegado del entonces presidente de Boca cuando respondía a las órdenes de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Tendrá chances de explicarlo bien.