El escándalo de la Gestapo antisindical podría costarle a la diputada porteña (y exgobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal su banca en el Congreso y sus fueros como legisladora, si prospera un proyecto de su colega Carlos Cisneros para expulsarla del cuerpo por “inhabilidad moral e indignidad”, precisamente por la revelación de esa mesa judicial montada durante su gobierno para perseguir a sindicalistas.

Cisneros, que es diputado por Tucumán y también dirigente gremial, presentó el proyecto de exclusión de Vidal basado en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que dispone: “Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.”

Cisneros consideró que la exgobernadora “no puede desentenderse” del escándalo por la Gestapo y que ella promovió “una persecución política y judicial en contra de dirigentes sindicales”.

Esa conducta “es contraria al Estado de Derecho y a los más mínimos estándares de gobierno democrático y republicano, resulta violatoria de derechos humanos, y constituye hechos de inédita gravedad institucional”, argumentó el legislador.

Antecedentes poco ilustres

No sería la primera vez que el Congreso expulsa a uno de sus miembros o impide su asunción, más allá de que lo haya ungido el voto popular.

El exgobernador tucumano Antonio Bussi, enjuiciado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, no pudo asumir su banca en 1999; el expolicía Luis Patti, acusado por torturas, tampoco pudo hacerlo en 2005. En ambos casos se presentaron impugnaciones por los graves crímenes que se les imputaban.

El catamarqueño Ángel Luque fue excluido por “indignidad moral” en 1991 luego de que defendiera a su hijo Guillermo, arrestado por el homicidio de la joven María Soledad Morales, argumentando que si fuera culpable, él podría haber hecho que el cadáver nunca apareciera. Cuatro años después, Eduardo Varela Cid fue suspendido hasta el final de su mandato tras admitir que había cobrado coimas para apoyar la Ley de Correos menemista. Más recientemente, el salteño Juan Ameri renunció luego de que se pidiera su expulsión por “exhibiciones obscenas” durante una sesión en modalidad de videoconferencia.

Fernando Iglesias y la misoginia

El antecedente más directo del pedido de expulsión de Vidal del Congreso de la Nación fue la presentación contra Fernando Iglesias, también diputado del frente opositor Juntos, por la “violencia misógina y machista” de su discurso, en especial cuando se habló de “escándalos sexuales en Olivos” en referencia a las visitas de la actriz Florencia Peña y otras figuras a la residencia presidencial en esa localidad bonaerense.

El pedido de expulsión fue presentado el año pasado por quince diputadas del Frente de Todos, entre ellas la actual vocera del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti.

El proyecto fue suscripto por las legisladoras Victoria Rosso, Mónica Macha, Hilda Aguirre, Ayelén Spósito, Claudia Ormaechea, María Jimena López, Gisela Marziotta, Paola Vessvessian, Laura Russo, Mara Brawer, Patricia Mounier, María Rosa Martínez, Mabel Caparrós y Gabriela Estévez, además de la propia Cerruti, y recibió la adhesión de periodistas, escritoras y actrices.

Desde el propio espacio político de Iglesias hubo críticas muy tibias o directamente apoyo. María Eugenia Vidal, que por entonces encabezaba la lista de Juntos para Diputados, junto con Iglesias, que renovaba el mandato, afirmó que estaba “orgullosa de toda la lista”.