La entrada al barrio Nicole está en el kilómetro 35 de la Ruta Nacional 3, a la altura de Virrey del Pino, en La Matanza, el partido más extenso y poblado de Buenos Aires. Mucho calor y el viento levanta tierra de las calles. En la Escuela 210 habrá, como todos los sábados desde octubre, una reunión de la Asamblea Vecinxs Envenenadxs por Glifosato. En la puerta se arriman algunas personas. Uno de ellos pregunta: “¿Ven esas lomitas? No son sierras, es relleno sanitario”. La contaminación del Ceamse (uno de los basureros más grandes del país), también de la empresa Klaukol, así como las inundaciones, son parte de las históricas problemáticas socioambientales de la zona. La postergación en La Matanza ahora suma a los agrotóxicos.

Conurbano fumigado y el “sojal” de La Matanza

Lucía vive próxima a un campo sembrado de soja, lo llaman “el sojal” y está a pocas cuadras de la escuela. Ella se quiere mudar porque sabe que está expuesta a agrotóxicos en forma cotidiana. Cuenta de su alergia, de los volantes que repartió junto a un docente del establecimiento educativo. El mismo al que asiste Adrián, de 9 años, uno de los tres hijos de Erika Gebel y Miguel Rodríguez, que hace nueve años viven a metros del mismo campo, en el barrio Oro Verde.

Cuando Erika y Miguel decidieron dejar atrás la vida en la Capital lo hicieron buscando un entorno más sano para criar a sus hijos. El campo sembrado ya había desplazado al tambo histórico del lugar. A su alrededor había otras viviendas, casas quintas: nada que los alertara sobre la peligrosidad de habitar en sus inmediaciones.

Pero hace algunos años comenzaron un periplo sanitario buscando respuestas a las enfermedades compartidas por todo el grupo familiar: dolores de cabeza persistentes, alergias, sangrados de nariz, problemas de tiroides, irritación de las vías respiratorias. Las mismas que relatan a lo ancho y largo del país cientos de comunidades fumigadas en donde también proliferan distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, entre una larga lista de patologías tan recurrentes como no relevadas por ningún organismo estatal.

Después de consultas médicas reiteradas, por iniciativa personal, Erika decidió probar suerte en el área de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Recién entonces se inició un pedido de estudios que, durante la cuarentena, dio como resultado niveles alarmantes de glifosato (el herbicida al que es resistente la soja transgénica) en los cuerpos de Adrián y Miguel, mientras que el resto de la familia presentó signos de exposición a otros plaguicidas.

Desde entonces se puso al hombro la movilización, junto a vecinas y vecinos, y docentes de la zona organizaron la Asamblea. Dice que le pusieron ese nombre porque el glifosato es el agrotóxico más conocido, aunque es sólo una parte de los cócteles químicos en uso en la producción agrícola. También cuenta que recibió amenazas pero que no tiene temor: “Miedo me da cuando voy a la toxicóloga”, reconoce, micrófono en mano.

Madres de Ituzaingó, agrotóxicos en La Matanza y la unión de luchas

El encuentro del sábado es particular, hay invitadas. Sofía Gatica y María Godoy son dos referentes de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, uno de los hitos en la lucha contra los efectos sanitarios del agronegocio. Un juicio que avanzó con una condena inédita (aunque con sabor a poco, la condena penal dispuso tres años convertidos a tareas comunitarias), que espera su segunda etapa, suspendida por la pandemia.

Sofía dice que su barrio se parece a éste del conurbano: también es un barrio popular, olvidado por los poderes de turno. Cuenta que la lucha fue dura, que consiguieron mucho, también que para cuando llegó el fallo muchos de sus hijos e hijas ya habían muerto. Recuerda el histórico acampe en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, que después de cuatro años logró impedir la instalación de una fábrica de Monsanto (hoy Bayer-Monsanto). Entrelaza anécdotas hilarantes (como las perras en celo que llevaron al campamento para impedir las mordidas de los perros de la policía, o las zanjas cavadas de noche para que no avanzaran los camiones) con dos advertencias: “Van a empezar a ver mujeres con pañuelos en la cabeza” y “van a enfrentar vecinos contra vecinos”.

En su relato reconstruye cómo transitaron los territorios transformados estrategias de lucha (la calle, los tribunales, los festivales) aparece el puente: remarca que es necesario unir las luchas, saber que no se trata de experiencias aisladas, sino lo contrario, un país repleto de luchas por la salud y el ambiente que se enfrenta a empresas y gobiernos que solo buscan el lucro.

Fallos judiciales contra los agrotóxicos y ordenanzas para todos los gustos

Solo en la provincia de Buenos Aires, según la compilación realizada por el abogado Fernando Cabaleiro (de organización Naturaleza de Derechos), existen 34 fallos judiciales y un dictamen de la Procuración Nacional, todos centrados en la problemática en torno al uso de agrotóxicos. A pesar de que la soja transgénica fue autorizada para todo el país, nunca se estableció una distancia a nivel nacional para las fumigaciones terrestres que conlleva.

De los 62 cultivos transgénicos aprobados desde 1996 (de la soja RR al trigo HB4), 50 fueron diseñados para ser resistentes a agrotóxicos. Sin embargo, las distancias terrestres para las fumigaciones no se fijaron con un criterio nacional para los centros urbanos, los poblados, las escuelas rurales, ni los cursos de agua.

En cuanto a la ley provincial que regula la aplicación de plaguicidas cuyo objetivo es “la protección de la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola” (Ley 10.699) fue sancionada en 1988, casi una década antes del inicio del boom sojero. Para las aplicaciones aéreas, un decreto reglamentario (499/91) fijó una protección de dos kilómetros únicamente para los centros poblados, dejando desprotegidas viviendas, escuelas rurales, establecimientos agroecológicos, cursos de agua y pozos de extracción del agua de consumo.

Las diversas localidades, libradas a su suerte, comenzaron entonces a pedir ordenanzas ante los Concejos Deliberantes para lograr distancias de protección a las fumigaciones. El resultado es tan disímil que en una misma provincia (como Buenos Aires) existen municipios que fijaron distancias de resguardo de 2000, 500, 200, 150, 100, 50 metros, y otros que no fijaron ninguna distancia. Distancias divergentes para los mismos daños.

Monocultivo y territorios de sacrificio

El avance de la frontera agrícola liderado por el monocultivo sojero “pampeanizó” el país. La expansión uniformó entornos desplazando a otros cultivos, actividades productivas, concentrando a su paso el uso y la propiedad de la tierra, devastando la diversidad natural y social. La agricultura familiar y campesina fue relegada a los márgenes del agronegocio.

El capítulo neoliberal de esta matriz agrícola intensificó un paradigma químico como solución de los problemas de la agricultura que ya venía desplegándose en las décadas anteriores. A lo largo de estos veinticinco años las voces de las poblaciones afectadas han denunciado en forma insistente los efectos sanitarios y ambientales: las mismas enfermedades se replican, sobran los estudios nacionales y extranjeros que han alertado la presencia de agrotóxicos en los suelos, el aire que respiramos, el agua (incluidas las napas subterráneas y el agua de lluvia), productos de uso masivo como toallitas y tampones, en alimentos, hasta en la leche materna.

Si hasta hace algunos años esta problemática era considerada propia de los pueblos rurales fumigados, hoy se sabe que centros urbanos y rurales están unidos por la misma devastación socioambiental.

En aras de la entrada de divisas (los dólares que necesita el país “para no caernos del mapa” -al decir de los gobiernos de turno-) se sacrifica la salud colectiva, los suelos (desmontes, pérdida de bosques nativos e incendios incluidos), con daños tan irreversibles como inocultables: en las tierras más fértiles del país el agua ya no es apta para su consumo, nuestras infancias presentan daños genéticos por exposición a agrotóxicos.

Mientras tanto, la desigualdad social lejos de reducirse se agiganta y la tasa de ganancia del bloque agroexportador se multiplica.

Tejer desde abajo hasta que paren de fumigar

Sofía Gatica y María Godoy comparten experiencias: “Si sacan fotos busquen un punto de referencia, sino no valen en un juicio. Si hacen un relevamiento ambiental, tiene que haber un escribano público”. Son atentamente escuchadas por el grupo de vecinas y vecinos de La Matanza.

Entre las dos despliegan un mapa hecho a mano que muestra la ubicación de los distintos casos de enfermedades en su barrio, donde el 33 por ciento de la población tiene cáncer. Mientras que el Estado no produce datos (de la cantidad de agrotóxicos utilizados, tampoco de sus efectos epidemiológicos o ambientales), las poblaciones son instadas a probar con evidencia certera los daños que sufren sus cuerpos y territorios.

Además de conseguir evidencias probatorias, las poblaciones afectadas en la mayoría de los casos se ven obligadas a financiarlas. El barrio Nicole de La Matanza no es la excepción. Cae la noche y sobre una pizarra se van completando los números del bingo que organizaron para recaudar fondos. Un niño va cantando: “Treinta y cuatro, tres-cuatro… cinco, solito el cinco”. Miro mi cartón y grito: “¡Línea!” Mientras saboreo el premio (unas pizzetas riquísimas hechas por una integrante de la Asamblea) pienso en el laberinto que vuelve a empezar: como en Lobos, como en Pergamino, como en toda Entre Ríos, como sucede a lo largo del país donde se dibuja el mismo mapa de saqueo. ¿Habrá que muestrear toda la Argentina? ¿Se nos irá la vida en eso? Mientras las evidencias sobran, las decisiones permanecen ausentes.

El lazo que se teje desde abajo, esta vez en pleno conurbano bonaerense, contrarresta las políticas estatales de fragmentación. Viene a avivar un nuevo encuentro que seguirá creciendo, hasta que paren de fumigar.