La organización académica y de promoción social, educativa y cultural creada por el Rectorado de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) dio a conocer un informe denominado "Seguridad Ciudadana: notas para el debate", en el que se analiza la realidad regional.

El trabajo realizado por los investigadores Álvaro Herrero –quien se explayó sobre el tema en InfobaeTV– y Sofía Mercader señala que, si bien la Argentina se encuentra dentro del grupo de países con bajas tasas de homicidio, no está en la misma condición en el análisis del porcentaje de robos.

Para ello cita una investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y señala que "Argentina fue, entre 2005 y 2011, el país con mayor cantidad de robos por cada 100.000 habitantes de la región y más del 40% de estos delitos en 2012 estuvieron acompañados de violencia". Allí se apunta que en el país "el uso de armas de fuego en los robos es muy alto, prácticamente el 80%, mientras que en El Salvador y Chile es del 36%".

Agrega que "el 50% de los robos reportados por los internos en Argentina se efectuaron con violencia; 39% en México, 37% en Chile, 30% en Perú y Brasil, y 12% en El Salvador". Además el trabajo de la LPP destaca que "el 17,93% dijo ser víctima de robo en Argentina, ubicándose a la par o por encima de Honduras, Guatemala, Colombia o México".

En las conclusiones del informe se hace hincapié en que "el crecimiento de las economías por sí solo no tiene un impacto significativo en la reducción el delito". La evaluación se refuerza con otra mirada similar: "Esto refutaría las teorías criminológicas que asocian la violencia y el delito con factores socioeconómicos".

Para fundamentarlo, ejemplifica: "Los datos sobre el marcado crecimiento de los robos, combinados con los resultados de los estudios sobre victimización, contrastan con el prolongado período de crecimiento económico que ha experimentado la Argentina".

El PNUD diagnostica que "la inseguridad en la región tiene una explicación multidimensional en la que inciden la precariedad del empleo, la inequidad persistente y la insuficiente movilidad social".

En ese contexto –indica el LPP– se producen "entornos de vulnerabilidad que limitan las posibilidades legítimas de ascenso social”. Y emergen "individuos dispuestos a desafiar y romper las reglas en función de una posibilidad de ascenso social, recurriendo al delito como estilo de vida". A esto lo denomina "delito aspiracional".

"Los individuos a los que hacemos referencia –aquellos que optan por el delito– pertenecen a las franjas más bajas de los estratos económico y social", se especifica en el estudio. "En algunos casos lograron salir de la pobreza, pero no pudieron insertarse en la clase media, ubicándose en una extensa franja intermedia", señala.

La mirada se refuerza con otra observación fuerte: "Muchos tienen acceso a empleos, pero complementan su actividad económica con el delito. Las encuestas a reclusos indican que la mayoría de los presos (70% en el caso argentino) trabajaban al mismo tiempo que delinquían, obteniendo así un ingreso complementario".

"No se trata de individuos totalmente marginados del mercado laboral, sino de aquellos con acceso a empleo en situaciones de precariedad. De esa forma –considera LPP– el delito es una forma de materializar las expectativas insatisfechas por empleos de mala calidad (informales, inestables y/o de baja retribución)". "Según la CEPAL, más del 90% de los pobres indigentes y no indigentes tienen empleos precarios que no les permiten salir de la situación de vulnerabilidad", completa.