En nuestro país, apenas el 8,5% de los desechos que generan las industrias son tratados correctamente, según un informe elaborado en conjunto por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Rosario (UNR). Esto significa que de las 12 millones de toneladas de residuos que se generaron en 2021 (residuos peligrosos, no peligrosos y patogénicos), “sólo fue tratada un millón” (Diario Ar, 22/3).

El documento estima que hay unos 402.189 establecimientos activos generadores de desechos. De ese total, solo 30.522 contratan tratamiento de sus desechos, es decir, el 7,6%. Actualmente las empresas dedicadas al tratamiento de residuos industriales no tienen la capacidad para procesar la totalidad de los que se producen en la Argentina. Las operadoras habilitadas que se dedican a esa actividad son unas 121, emplean a unas 4 mil personas y se agrupan tanto en la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa) y en la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries).

Las “excusas” de las patronales

Las cámaras tratadoras alegan que con la pandemia se redujo el porcentaje de residuos tratados (en el informe de 2020 había sido de 10%). Según afirman, el desplome de la economía generó para muchas empresas el parate de su actividad y derivó también en un mayor ahorro en gastos relacionados con la sustentabilidad. Las grandes patronales manifiestan que tampoco reciben “incentivos” del Estado para poder tratar sus desechos, es decir encima que mientras contaminan reclaman extorsivamente más subsidios o exenciones.

Para las empresas es gratis verter ilegalmente sus residuos en cloacas, cursos de agua o basurales, pero eso no es gratis para la población, que sufre los efectos contaminantes. Cuando el agua potable llega a los hogares con sabor u olor extraño y no se puede definir el origen de esa anomalía, muchas veces tiene que ver con la presencia de esos desechos industriales.

Para peor, dentro de los “tratadores” hay que incluir también a los incineradores, muy cuestionados por la falta absoluta de controles en cuanto a sus procedimientos y la precariedad en el tratamiento de los residuos y que muchos establecimientos de este tipo están asentados en zonas urbanizadas, impactando negativamente a sus habitantes con las emanaciones de gases tóxicos.

El Estado es cómplice

Solo citando el caso del Riachuelo, el río más contaminado de la Argentina, tenemos casi unos 800 establecimientos industriales, comerciales y de servicios vierten con toda impunidad sus efluentes líquidos, sólidos y gaseosos sin tratar. Dentro de esa lista figuran grandes pulpos, por ejemplo: supermercados Coto y Día, Klaukol, Alfajores Jorgito, Coca-Cola Femsa, la cosmética Silkey, los laboratorios Bio Sidus, Biogénesis Bagó y Roemmers, las avícolas Granja Tres Arroyos y Proteinsa, las empresas de colectivos La Nueva Metropol, Andesmar, El Rápido, Nueva Chevallier, Monsa y Dota, las petroleras YPF, Shell, Axion y Puma, el mayorista Makro, Aeropuertos Argentina 2000, la constructora Helport, aguas Siffredi, el frigorífico Swift, el Automóvil Club Argentino (ACA), la recolectora de residuos Covelia, la química Air Liquide, Mercedes-Benz, la colchonería Simmons, la cerealera Cofco, la alimenticia Molinos Río de la Plata, la química Clorox y la estatal aeronáutica Intercargo, entre otros.

La inoperancia o desidia estatal se refleja en que son las mismas empresas las que declaran la cantidad de residuos que generan frente a las autoridades municipales, provinciales o nacionales, lo que deja servido que comuniquen menos y minimicen su impacto. El propio Estado reconoce que no tiene organismos para establecer controles eficaces, por lo que el cumplimiento con los estándares depende de la buena voluntad de las empresas. Según revela el informe de las universidades, las supuestas buenas prácticas de tratamiento de residuos se encuentran asociadas a empresas que se encuentran o están en vistas de obtener certificaciones de calidad asociadas a prácticas ambientales.

Un planteo de transición

Semejante problemática solo puede encararse partiendo de la organización de los lugares de trabajo (incluyendo los centros de tratamiento de los residuos que reciben de las industrias). El planteo del Partido Obrero por la constitución de comités de seguridad e higiene de los trabajadores es fundamental en ese sentido. Los obreros son los primeros afectados en su salud por la exposición a sustancias tóxicas, dentro de establecimientos con paupérrimas instalaciones, y a los residuos sin tratar que deja la producción.

La contaminación ambiental y la superexplotación laboral van de la mano en la búsqueda de las grandes patronales para incrementar su tasa de beneficio en medio de una huelga de inversiones. Es muy importante desarrollar una fuerte campaña en los sindicatos para luchar por esta reivindicación junto con las del salario, condiciones de trabajo, inversión en tecnologías limpias, etc.

A su vez debemos plantearnos una fuerte deliberación de los colectivos ambientales, vecinales, profesionales, técnicos para organizarnos y reclamar al Estado un fuerte plan de remediación financiado por las empresas contaminantes y bajo control de trabajadores y vecinos, evaluando erradicaciones o relocalizaciones en los lugares donde las industrias contaminadoras hayan dejado pasivos ambientales o sean cuestionados por la comunidad.