Por Carlos Burgueño.

Voluntaria o involuntariamente, los tiempos de la negociación de la deuda terminaron siendo metafóricamente crueles con el país. El proceso terminará el 28 de agosto, con el cierre de la recepción de ofertas tanto para los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación internacional o nacional y, el 4 de septiembre, se conocerá la emisión del nuevo pasivo. Se descarta que el proceso será exitoso, y se especula incluso con que superaría el 93% de adhesión logrado en los canjes conjuntos del 2005 y 2010 encarados por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero la fecha, inevitablemente, coincidirá con un lamentable aniversario: el del inicio del actual default argentino. En conclusión, Argentina habrá terminado su proceso de reestructuración de deuda un año después de haber iniciado el período de imposibilidad de pago.

La historia del actual default argentino es escalonada. A diferencia del 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá declaró que no se pagaría la deuda el 22 de diciembre de 2001, ante una Asamblea Legislativa que, literalmente, se venía abajo con las ovaciones al conocer la decisión. En esta oportunidad, el proceso que terminó ayer comenzó el 28 de agosto del año pasado (luego de las PASO donde comenzó la derrota electoral del gobierno anterior), cuando el último ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, anunció el comienzo de la reestructuración de la deuda soberana. El concepto elegido fue “reperfilamiento” de los títulos en dólares bajo legislación local con vencimiento inminente. Eran unos u$s13.000 millones en el mix Lecap, Letes, Lecer y Lelink, todas en poder de inversores institucionales (fondos).

La historia del default continuó ya con la gestión de Alberto Fernández. Guzmán había decidido seguir hasta abril con los pagos a los acreedores con deuda bajo jurisdicción internacional, girando al exterior unos u$s5.000 millones. Por recomendación del presidente del Banco Central Miguel Pesce ante el estallido de la Pandemia y el ritmo de pérdidas de reservas, se decidió dejar de pagar los vencimientos el 23 de abril de tres series de bonos Global (21, 26 y 46) emitidos durante los gobiernos de Mauricio Macri por unos u$s503 millones; con lo que las series de títulos públicos emitidos por la gestión Cambiemos comenzaba a caer en situación de impago. Un mes después, el 23 de mayo, vencía el tiempo de gracia de 30 días que se le otorga a un país para poder cumplir con las liquidaciones de su deuda soberana, con lo que cumplido el plazo Argentina entró oficialmente en su segundo tipo de default.

El tercer paso hasta la llegada de la situación de impago total, fue sumar a los organismos financieros internacionales. Esto ocurrió el viernes 5 de junio, cuando no pagó los u$s2.100 millones que habían vencido un mes antes y que el país le debía al Club de París. Ese dinero debía haber sido liquidado en 2019 por la gestión de Mauricio Macri, que delegó esa responsabilidad en la gestión que lo sucediera. Guzmán le había avisado ya en marzo al organismo que el país no haría los pagos correspondientes, lo que derivó en una dura decisión del Club: se declararía a la Argentina en situación de “deudor”, hecho que se daría por primera vez en su historia por segunda vez en menos de 20 años, y que la situación recién se negociaría cuando el país cierre su conflicto con el Fondo Monetario Internacional (FMI); algo que, como se sabe, tiene hoy tiempos indefinidos y ubicables más cerca del primer trimestre del 2021.

El sendero hacia el default total terminó el 31 de julio pasado, cuando el país no liquidó en tiempo y forma los aproximadamente u$s364 millones (en total el impago con otros bonos llegó a los 566 millones de dólares) correspondientes al Discount emitido durante el 2005. Se trata de bonos lanzados por el gobierno de Néstor Kirchner para salir del default del 2001; bajo la promesa de no volver a ingresar nunca más en problemas de crisis de deuda.

Lo inevitable para el país será que con este proceso, Argentina avanzará de manera importante en el ranking mundial de países con mayor cantidad de default de su historia. Según el listado que anualmente actualiza The Economist, Argentina pelea el segundo puesto y, dependiendo como se contabilicen dos proceso de deuda impaga en tiempo y forma, podría compartir la punta con Ecuador (10 casos ambos).

Si se tuviera el criterio de tomar el concepto amplio de default para medir la cantidad de situaciones de default, (el mismo que utiliza el medio inglés), Argentina acumularía ya 10 casos, comenzando con el de 1825, y cerrando su performance con la decisión de no pagar el Discount el 31 de julio. En esta manera de sumar, se toman dos procesos polémicos. La decisión de no pagar la deuda en Wall Street tomada en 2014; y dividir en dos situaciones el actual proceso, separando la decisión de Lacunza del 2019 con la de Guzmán de este año.

The Economist contabiliza como válido, cuando durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se decidió no pagar los vencimientos de deuda emitidos bajo legislación de Nueva York; sabiendo que si se concretaba esta operación, ese dinero inmediatamente quedaría embargado por Elliot y el resto de los fondos buitre que ya tenían fallo favorable de parte de Thomas Griesa para avanzar sobre cualquier bien físico o financiero que se detecte del país en el mercado norteamericano. Técnicamente fue un default “estratégico” (un país puede pagar en tiempo y forma pero no lo hace por motivos particulares y públicos para evitar embargos); ya que Axel Kicillof ofrecía liquidar la deuda dentro del país; lo que las leyes internacionales y el contrato de emisión de esos bonos no permitían. La mayoría de los bonistas internacionales, eligieron el criterio utilitarista, y cobraron su dinero en Buenos Aires contratando operadores locales para la ocasión. Los únicos que protestaron y consiguieron el aval de Griesa fueron los fondos buitre, que incluso lograron que el juez ya fallecido dictaminara el default del país, sin ser autoridad competente ni mucho menos. Nunca se expidió sobre el tema la Security and Exchange Commission (SEC), con lo cual no es oficial que el país haya o no ingresado en default en 2014, con lo que el criterio dependerá del analista al que se lo consulte.

El segundo caso polémico es el actual; iniciado en agosto de 2019, cuando se anunció el "reperfilamiento" de la denominada en pesos correspondientes a la deuda de corto plazo, es decir de las Letras del Tesoro (Letes) y de las Letras de Capitalización (Lecap), como así también el de las Lecer (Letras atadas al CER) y las Letras atadas al dólar (Lelink) y otras emitidas por el Banco Central para “los tenedores institucionales, quedando exceptuadas las personas, quienes cobrarán en tiempo y forma cada uno de estos vencimientos”.

Según el criterio del actual gobierno de Alberto Fernández, ese fue el inicio de una serie de reperfilamientos y repagos, que le abrieron la puerta al actual default. Según esta manera de analizar el proceso, la decisión de no pagar el vencimiento de u$s503 millones del Global 21, 26 y 46, es el corolario de aquella declaración del último ministro de Economía de Mauricio Macri. Si se asumiera como valido este criterio, el default “controlado” habría comenzado en 2019 y sería un sólo proceso que terminará cuando se cierre un acuerdo con todos los acreedores, no sólo los tenedores de deuda emitida bajo jurisdicción internacional. Si no se tuvieran en cuenta como default los del 2014 y 2019 para Argentina, la cantidad de cesaciones de pagos serían 8, y estaría en el tercer lugar del ranking, por debajo de Ecuador y Venezuela que detentarían el primer puesto. Sin embargo, y aún en el sentido restrictivo, se ubicaría en el primer lugar con dos default (2001 y 2020); compartiendo el primer puesto con Nigeria. Si se tomara en este período como válidos los polémicos casos del 2014 y 2019, lideraría tranquilamente el ranking mundial a dos default de distancia del segundo. Por ahora, los otros países que tuvieron problemas de pagos desde 2000 a lo que va el 2020, son Ecuador, Uruguay, Grecia, República Dominicana, Nicaragua y Paraguay.

Según la mayoría de los historiadores que analizaron los fenómenos de default en el país, los más importantes y graves fueron cuatro. El primero fue el de 1827, cuando luego de la declaración de independencia, el país ingresó en una espiral de endeudamiento para financiar sus fuerzas armadas y declaró 12 años después de pedir los primeros prestamos (emitidos a través de bonos en la City londinense) su imposibilidad de pagarlos. El segundo fue el derivado al crash mundial de 1890, cuando la quiebra de la Baring Brothers llevó a todos sus deudores a una situación de imposibilidad de pagar sus pasivos. Argentina había accedido a los prestamos líquidos de esa banca para expandir sus redes de ferocarriles, la Conquista al Desierto de Julio A. Roca, la construcción del puerto de Buenos Aires y las primeras grandes construcciones de la ciudad. Curiosamente, Argentina fue uno de los países que no ingresó en default durante la crisis del 30 derivada del crack de Wall Street; y debió esperar hasta los 80 y su década perdida para volver a caer en una cesación de pagos. En 1982, y acompañando la crisis de pagos de todo el continente, se declaró la imposibilidad de pagar la deuda pública emitida con bancos privados; tal la modalidad de aquellos años.

El pasivo que Argentina no pudo enfrentar fue la deuda externa que se acumuló durante la Dictadura Militar, y que llevó el nivel de los u$s7.000 millones de 1976 a u$s45.000 de 1982. Luego de esta, la crisis de deuda regional (en la que también entraron Venezuela, México, Uruguay, Costa Rica, Perú, Chile, Paraguay, Nicaragua, Bolivia y varios países africanos), el mundo financiero decidió dar un golpe de timón, refinanciar los default, terminar con las líneas de financiamiento privado y comenzar la era de los títulos públicos soberanos. Fue el combo Plan Brady y Pacto de Washington, que marcaría la década del 90 y continuaría hasta la actualidad. El historial se cierra con la sonada declaración del 22 de diciembre de 2001 del presidente transitorio Adolfo Rodríguez Saá ante la Asamblea Legislativa, donde de manera festiva se declaró que el país no pagaría ninguna de sus obligaciones financieras internacionales. Argentina debía a esa altura unos u$s100.000 millones, derivados del megaendeudamiento durante los 90 y la crisis terminal de la convertibilidad. En ese momento, fue el default más grande de la historia; y, hasta la actualidad, sólo fue superado por los 110.000 millones de euros que Grecia declaró no poder pagar en mayo de 2010.