Por: Mariel Fitz Patrick, Iván Ruiz y Sandra Crucianelli.

El fenómeno de “cancha inclinada” en los procesos electorales a favor de los oficialismos, “regímenes rentistas” que usufructúan los fondos girados del gobierno nacional, una fuerte dependencia del empleo público, la compra de voluntades políticas, una difusa división de poderes, y las prácticas clientelares son algunos de las razones que explican la permanencia de media docena de gobernadores, o familiares suyos, al frente de algunas provincias.

Aunque con algunas características distintivas, la práctica también se repite en una decena de municipios del Conurbano bonaerense. En algunos casos, se trata de reelecciones continuas; en otros, de varios períodos con intervalos a cargo de un “delfín” político o, directamente, de sucesiones familiares. En la práctica, mandatarios y jefes comunales hicieron de sus provincias y municipios bastiones inexpugnables a cualquier intento opositor.

Los Rodríguez Saá en San Luis, Gildo Insfrán en Formosa, los Kirchner en Santa Cruz, Gerardo Zamora y su mujer, Claudia Abdala, en Santiago del Estero, Juan Schiaretti en Córdoba, y Jorge Capitanich en Chaco son los mandatarios provinciales que lideran el ranking de permanencia en el poder, según el análisis realizado por Infobae. Llevan desde una década hasta 35 años en sus cargos, en forma continuada o con intervalos de por medio.

Carlos Gervasoni, director del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Di Tella, destaca la existencia del fenómeno que se conoce como “cancha inclinada” en los procesos electorales, en un paralelismo con una competencia de fútbol con condiciones desventajosos para uno de los dos equipos, y que beneficia al oficialismo en el poder. “Hay competencia electoral, sí, pero es muy desigual. Hay elecciones, pero no son tan libres ni justas porque el oficialismo tiene ventajas y es imposible que pierda”.

La perdurabilidad en los cargos está atada, en la mayoría de los casos, a los recursos de la coparticipación federal que reciben los gobernadores del mismo color político que el gobierno nacional. “La ventaja de los oficialismos viene de las rentas del federalismo fiscal. Son provincias que tienen una extrema dependencia de los fondos que reciben desde la Nación. Recaudan muy pocos impuestos propios y reciben mucho dinero de transferencias federales para gastar”, señala este doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame (Francia). A los giros automáticos por coparticipación se suman las transferencias discrecionales desde el Tesoro nacional, y una opaca rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos.

Gervasoni describe que estos distritos se caracterizan por un alto porcentaje de empleo público, planes sociales, clientelismo político, y poco desarrollo privado. “Hay un Estado provincial hipertrofiado. Las empresas viven de contratos con el Estado, los medios viven de la pauta oficial. La estructura es muy similar a los rentismos petroleros del Medio Oriente. El gobierno tiene recursos para generar una economía estatista que no podría sostener con recursos propios. Lo hacen con plata de la coparticipación, que se distribuye hacia las provincias con menos población, no en función de cuán pobres son”, afirma.

En ese sentido, sostiene que se genera “una enorme dependencia económica de la población e incluso de los empresarios locales del gobierno provincial, lo cual hace que nadie quiera oponerse al oficialismo por riesgo a perder el empleo, un contrato o la pauta publicitaria”. Ante este panorama, este experto en Ciencia Política se pregunta: “¿Cómo compite la oposición en un contexto en que los medios no quieren darle espacios, o los empresarios no quieren aportar a candidatos opositores?”.

Los hermanos Rodríguez Saá

San Luis es sinónimo de Rodríguez Saá. Ya sea como aliados o como enemigos íntimos, Adolfo y Alberto manejan la política puntana desde 1983, aunque con dos breves interrupciones. Suman, entre ambos, 34 años en el poder provincial bajo la bandera del peronismo.

Es una de las ocho provincias donde el oficialismo nunca perdió, “algo que debería ser raro en una democracia”, tal como destaca Gervasoni. Se suma que una misma familia permanece al frente de la gobernación desde el retorno democrático, con apenas dos interrupciones de funcionarios aliados.

Lejos de prosperar, San Luis es una de las provincias con mayor población bajo la línea de pobreza, un 38%, y casi un 5% de indigentes, según los datos del primer semestre de 2022 del INDEC. La perpetuación de los hermanos Rodríguez Saá se explica, también, por el alto empleo público: el terruño de los Saá tiene 68 empleados provinciales por cada 1.000 habitantes, según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales que depende del Ministerio de Economía.

El primer gobernador de San Luis con la llegada de la democracia fue el más joven de los hermanos, Adolfo. Permaneció cinco mandatos consecutivos en el poder provincial, 18 años en total, hasta que recibió el premio mayor: ser presidente de la Nación. Pero le tocó lidiar con la crisis de 2001. A pesar de ser presidente por apenas siete días, Rodríguez Saá se alejó de San Luis y asumió en su lugar María Alejandra Lemme, su vicegobernadora, quien terminó el mandato hasta diciembre de 2003. Los Rodriguez Saá volvieron al poder ese mismo año, pero con Alberto como gobernador: fueron ocho años después de dos mandatos consecutivos.

Los Rodríguez Saá tuvieron que elegir a un delfín por primera vez en 2011 para San Luis. Impedido Alberto de presentarse a una nueva reelección, Adolfo intentó postularse como candidato a gobernador de Buenos Aires, pero la Justicia finalmente invalidó su postulación por incumplir con requisitos legales. De todas maneras fue electo senador nacional. La solución para San Luis fue designar a Claudio Poggi, ex presidente de la Cámara de Diputados y un contador de confianza de Alberto Rodríguez Saá que había ocupado distintos cargos en la administración provincial hasta llegar a desempeñarse como su jefe de Gabinete.

Poggi ganó las elecciones en 2011, pero los Rodríguez Saá no avalaron su reelección en 2015, lo que rompió esa relación y culminó por convertirlo en líder opositor. Los años posteriores fueron conflictivos con los hermanos Rodríguez Sáa enfrentados y, por primera vez, con un opositor como Poggi, que pasó a ocupar una banca en el Senado de la Nación elegido por Cambiemos y que mantiene una buena imagen entre los puntanos. Alberto Rodríguez Saá volvió a ganar en 2015 y fue reelecto en 2019, aunque esta última elección fue histórica porque enfrentó a su hermano.

Sus gobiernos no estuvieron exentos de denuncias por la cooptación de la Justicia provincial, la ausencia de una prensa independiente y los casos de violencia institucional por parte de la policía provincial no esclarecidos.

¿Qué pasará este año? El actual gobernador no podrá volver a presentarse a los comicios, entonces introdujo una modificación clave en el sistema electoral. El Senado puntano aprobó este año la ley de Lemas, un sistema que elimina las internas partidarias y permite competir en las elecciones a gobernador a varias agrupaciones del mismo signo político. Esta normativa permite que, muchas veces, el candidato más votado no sea el ganador, sino el que más votos recibe dentro del partido que más suma.

Por lo pronto, su hermano Adolfo, actualmente enemistado, lanzó hace pocos días su candidatura para volver a conducir San Luis, y continuar una tradición vigente desde 1983.

La Formosa de Gildo

Si bien Insfrán ya era señalado como uno de los mandatarios que se había eternizado en el poder con un férreo patriarcado con el que se manejó en sus siete mandatos consecutivos, la pandemia expuso a este referente peronista como uno de los gobernadores más cuestionados del país por el “estado de excepción” que instauró en Formosa. Su mano de hierro en las restricciones por el Covid-19, que le valió numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos por las condiciones instauradas en los centros de aislamiento sanitario y le costó la vida a familiares desesperados por ver a sus seres queridos, llegó hasta la Corte Suprema y tribunales internacionales.

Insfrán acumula 28 años en la gobernación de esa provincia norteña, y otros 8 previos como vicegobernador. En total, 36 años consecutivos en la cima del poder provincial, el período más largo ejercido desde el regreso de la democracia por un mismo mandatario provincial.

Aunque su discurso en los 90′ era menemista, cuando fue elegido por primera vez en Formosa, su apoyo al peronismo mutó como el propio movimiento: fue duhaldista y luego kirchnerista. Los representantes de Formosa en el Senado siempre apoyaron al peronismo en todas sus facetas. El senador formoseño José Mayans es el presidente del bloque kirchnerista Frente Nacional y Popular en la Cámara alta.

Durante los últimos cinco comicios para gobernador, Insfrán superó el 70% de los votos. “Lo de Formosa no ocurre en ningún lado del mundo. Cuesta creer que una provincia tan retrasada tenga a su gente tan conforme como para que vote siempre al mismo gobernante. Es un ejemplo de cómo el extremo rentismo crea las condiciones para que un partido, persona o familia genere dependencia económica extrema”, advierte Gervasoni. En la provincia, de cada 1000 habitantes, 64 eran empleados provinciales en 2021, según datos de la cartera de Economía nacional.

Desde que asumió, este caudillo formoseño de profesión veterinario fue denunciado por distintos tipos de delitos, desde corrupción hasta falta de libertad de prensa. También fue acusado de disciplinar a la justicia provincial, que nunca avanzó en las investigaciones en su contra a lo largo de estas décadas.

Su poder fue creciendo con el paso de los años, pero la calidad de vida de los formoseños no mejoró: en la provincia hay 24,4% de personas por debajo de la línea de pobreza, y 8,6% por debajo de la indigencia, según los datos del INDEC para el conglomerado del Gran Formosa.

Las acusaciones por clientelismo político y falta de libertades esenciales se multiplican y aparecen como las principales justificaciones opositoras de su repetido éxito electoral.

Los Kirchner

Santa Cruz tuvo a los Kirchner como un apellido de referencia política en las últimas dos décadas. Primero Néstor fue gobernador durante 12 años, entre 1991 y 2003, tras haber sido intendente de la capital Río Gallegos. Luego, su hermana Alicia asumió en 2015 y fue reelecta en 2019. Entre los dos, para 2023, suman 20 años.

En el medio hubo un periodo en que hubo tres mandatarios alineados con el kirchnerismo. Héctor Icazuriaga, vicegobernador de Néstor Kirchner, quien completó su mandato cuando éste renunció en mayo de 2003 para asumir en la Casa Rosada; Sergio Acevedo, quien se fue tres años después en desacuerdo con el manejo desde la Casa Rosada de los fondos para la obra pública provincial y fue reemplazo por su vice, Carlos Sancho; y otros ocho años de mandato de Daniel Peralta. Tras su primer mandato, a finales de 2011, Peralta rompió con el kirchnerismo y fue reemplazado en 2015 por Alicia Kirchner, con quien compitió dentro del mismo espacio político - el Frente para la Victoria - en el marco de la ley de lemas provincial, y fue reelecta en 2019.

Pese a la riqueza de sus recursos naturales, la pobreza en Santa Cruz, después del largo ciclo kirchnerista que arrancó a principios de los 90′, hoy alcanza al 30% de las personas y la indigencia de casi el 5%, según los datos del primer semestres del INDEC de 2022. Es uno de los ejemplos que cita Gervasoni de una provincia que “recibe mucha coparticipación por tener poca población, pese a tener recursos petroleros”.

De cada 1.000 habitantes, 95 santacruceños son empleados públicos. Santa Cruz se ubica así en quinto lugar en el ranking de los distritos con más habitantes dependiente de un sueldo provincial, según datos del Ministerio de Economía.

El matrimonio Zamora-Abdala

Después del sombrío período del caudillo peronista Carlos Juárez, Zamora asumió como gobernador en 2005 con la promesa de aggiornar Santiago del Estero, luego de la intervención federal de la provincia el año anterior. La provincia había sido intervenida por Néstor Kirchner y quien tomaba el mando era un radical bajo el sello del Frente Cívico por Santiago, que pronto supo hacerse aliado de la Casa Rosada. Sus alianzas estratégicas con el kirchnerismo -como parte de los llamados “radicales K”- y la alternancia con su mujer, Claudia Ledesma Abdala, le permitieron perpetuarse en el poder durante 18 años consecutivos.

Los Zamora llevan casi dos décadas gobernando la provincia, pero Santiago del Estero continúa siendo uno de los distritos más necesitados del país: son pobres el 40% de los santiagueños que viven en el aglomerado que conforman la capital provincial y la ciudad de La Banda, e indigentes el 6,4%, según los últimos datos del INDEC. Pese a esta crítica situación social, Zamora inauguró en 2021, con el presidente Alberto Fernández como invitado, un megaestadio presupuestado inicialmente en $984 millones que terminó costando más de $3.000 millones con sus obras aledañas.

De origen radical, Zamora quebró en 2005 una hegemonía de 40 años que mantenía el peronismo, pero sus opositores le critican haber mantenido en Santiago las mismas prácticas clientelistas y de un Estado feudal. Tras sus primeros cuatro años, ganó su primera reelección en 2009 con el 85% de los votos. El gobernador intentó ir por un tercer mandato consecutivo: una jueza provincial declaró inválida una cláusula de la Constitución provincial que lo inhabilitaba a presentarse como candidato, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación revirtió el fallo y vetó la posibilidad de que se presente como candidato.

Ante esa imposibilidad, Zamora bendijo a su mujer, Ledesma Abdala, como la candidata del oficialista Frente Cívico, que finalmente ganó la elección del 2013 con el 64% de los votos. Él asumió como senador nacional y se convirtió en presidente provisional de la Cámara alta hasta 2015, un cargo que demostraba la cercanía que había tejido con Cristina Kirchner. La provincia quedó en manos de su mujer hasta 2017, cuando Zamora se postuló nuevamente. Volvió a ganar y, como ocurrió años atrás, en un nuevo enroque, su mujer desembarcó en el Senado. Tras el triunfo del Frente de Todos en 2019, la actual vicepresidenta la eligió como presidenta provisional. Zamora fue electo por tercera vez en 2021 con el 63% de los votos, es decir, continuará a cargo de la gobernación santiagueña, al menos, hasta 2025.

Juan Schiaretti

Si bien las características del gobierno del “Gringo” Schiaretti en Córdoba no permiten encuadrar su gestión como “feudal”, el dirigente peronista crítico del kirchnerismo lleva 12 años al frente de la provincia mediterránea. Ocupó el cargo entre 2007 y 2011, tras haber sido vicegobernador del fallecido José Manuel de la Sota, luego de unas cuestionadas elecciones en las que se impuso por apenas 1,13% sobre Luis Juez, entonces intendente de la ciudad de Córdoba. Volvió a ser electo en 2015 por Unión por Córdoba, y renovó su mandato en 2019 con una diferencia histórica de 36 puntos sobre el segundo, el radical Mario Negri.

Pero Gervasoni marca una diferencia importante de la provincia de Córdoba en relación a otras provincias que podrían considerarse “feudales” o dependientes de los recursos que le envía el Gobierno nacional. “Hay un oficialismo peronista que viene ganando siempre, pero todo indica que no hay cancha inclinada. Schiaretti estuvo a punto perder las lecciones contra Juez. No tiene la vaca atada y no es una provincia rentista, no depende de las transferencias que le envía el Gobierno nacional”.

En ese sentido, la emparenta con la Ciudad de Buenos Aires donde hace casi 16 años gobierna el PRO. “En CABA, nadie cree que los porteños son sujetos de clientelismo o que en su mayoría son empleados de (Horacio Rodríguez) Larreta, si no que la gente evalúa como razonable la calidad del gobierno. Y las elecciones fueron competitivas y peleadas para el jefe de Gobierno a la hora de ser reelecto”.

Fuertemente distanciado del Gobierno nacional, hoy Schiaretti busca conformar un nuevo espacio político nacional con dirigentes del peronismo tradicional y otros aliados de cara a las próximas elecciones “por fuera de la grieta”. Con buena imagen en una provincia donde el kirchnerismo recoge un alto índice de rechazo, y casi 4 millones de habitantes, Córdoba registra la menor cantidad de empleados públicos provinciales: 34 por cada 1.000 habitantes, según los datos al 2021 del Ministerio de Economía. Sin embargo, el Gran Córdoba registra un 40% de personas por debajo del índice de pobreza y un 10% de indigentes, según el último informe del INDEC.

Jorge Capitanich

“Coqui” Capitanich lleva más de una década al frente de Chaco, período que no fue tan beneficioso para la provincia como para este dirigente kirchnerista. Gran Resistencia fue en 2022 el conglomerado urbano del país con récord de pobreza: casi el 50% de sus habitantes son pobres y el 13% indigentes, según las estadísticas oficiales. Este contador peronista ganó sus primeras elecciones como gobernador provincial en 2007, pero sus contactos con el Partido Justicialista comenzaron muchos años antes.

Fue elegido como senador nacional en 2001 por la minoría. A poco de asumir como legislador, el chaqueño se mudó a la Casa Rosada para convertirse en el primer jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde, allá por 2002. Cuando Néstor Kirchner apareció en la interna peronista, en 2003, el chaqueño fue uno de los que lo apoyó y esa apuesta le valió un respaldo político que potenció su carrera.

Ya consolidado en la escena peronista, Capitanich volvió a Chaco para quitarle la provincia a la UCR y lo logró: en 2007 le ganó la elección al entonces gobernador radical Ángel Rozas por apenas 1.000 votos de diferencia. “Coqui” consolidó su poder desde el Estado, fue reelecto en 2011 por una holgada diferencia y, en noviembre de 2013, volvió a mudarse a la Casa Rosada por pedido de Cristina Kirchner, que lo convocó para transformarse en su jefe de Gabinete. No renunció a su cargo de gobernador, sino que pidió licencia. Volvió a hacerse cargo de la provincia en febrero de 2015.

Tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones nacionales de ese año, Capitanich se refugió en la Intendencia de Resistencia, la capital chaqueña. Cuatro años después, con el regreso del Frente de Todos a la Casa Rosada, “Coqui” volvió a presentarse como candidato y ganó, por tercera vez, las elecciones provinciales. Manejará los hilos de la política chaqueña, al menos, hasta el próximo diciembre, cuando cumplirá 11 años al frente de la gobernación chaqueña. Se especuló con la posibilidad de que sea candidato a presidente por el kirchnerismo, pero aseguró hace menos de un mes que estaba “absolutamente abocado a la reelección” en Chaco.

Los barones del Conurbano

Las largas estancias en el poder son un fenómeno que se repite en algunos municipios del Conurbano bonaerense, aunque no exactamente con las mismas características. Algunos “barones” se mantienen en sus cargos, ya sea ellos o mediante familiares, desde hace décadas.

Durante su gestión como gobernadora, María Eugenia Vidal impulsó limitar la reelección indefinida de los intendentes y la Legislatura bonaerense -con el apoyo del massismo- aprobó en 2016 que sólo podrían ejercer el cargo dos períodos de manera consecutiva, tomando como primero el que los intendentes estaban cumpliendo a partir de 2015. Pero esta interpretación generó reclamos judiciales sobre la retroactividad de la norma.

A finales de 2021, la ley se modificó para permitirle a muchos intendentes históricos una última posibilidad de ser reelectos, ya que el nuevo texto aprobado considera que aquellos que fueron elegidos en 2017 o 2019, se les contabilizará ese mandato como el primero, aunque hayan estado más de dos décadas en el cargo. En el caso de los mandatos que se hubieran iniciado como resultado de las elecciones del 2021, la norma estableció que se les iba a computar como primer período, sólo en el caso que no hubieran ejercido un mandato inmediato anterior.

Gervasoni entiende que las causas de la permanencia de los mismos “barones” a lo largo de los años son distintas en el Conurbano. “Los municipios tienen mucho menos capacidad de gasto, los recursos los tiene la Provincia, y el empleo público municipal es menos significativo. No hay tanta dependencia en ese sentido respecto de los intendentes”.

Pero sí reconoce que “en los municipios más pobres hay dosis importantes de clientelismo en el sentido más clásico, de distribución de comida, de planes sociales entre sectores de clase baja, que los vuelven más dependientes de esos recursos, que en general son distribuidos por los jefes comunales”.

Este experto advierte que en los municipios tiene lugar otro fenómeno distinto al que se da en las provincias, que explica también la permanencia de los mismos “barones” a lo largo de los años: “Hay electorados más homogéneos en lo socioeconómico, y con intereses culturales similares que tienden a votar parecido en determinado sentido, lo que explica que haya reelecciones frecuentes de intendentes en GBA, o de la misma fuerza política”.

Un ejemplo de este fenómeno es lo que ocurre en San Isidro, donde la familia Posse se ha convertido en una dinastía de la política bonaerense. Gobiernan el mismo distrito en forma ininterrumpida desde hace más de cuatro décadas. “Es un municipio donde no hay dependencia económica; es uno de los más ricos, sin empleo público significativo. Al igual que en Vicente López, hay una población de clase media y media alta que tiende a votar a agrupaciones más ligadas al radicalismo o al PRO. En cambio, en La Matanza, Merlo o Florencio Varela con poblaciones de clase baja, siempre gana el peronismo”, advierte este doctor en Ciencia Política.

Primero fue Melchor Posse, que asumió como intendente de San Isidro en 1958, por un período, hasta 1962. Tras una activa vida política dentro de la UCR, volvió a su partido con el regreso de la democracia, en 1983. Desde ese momento, ninguna otra persona gobernó San Isidro que no se apellide Posse.

Ya suman, entre padre e hijo, 44 años al frente del municipio con el presupuesto per capita más alto del Conurbano. Melchor permaneció durante cinco mandatos consecutivos hasta que, en 1999, decidió postularse como candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula que encabezaba Graciela Fernández Meijide. San Isidro quedó, desde entonces, en manos de su hijo Gustavo. Si la seguidilla de Melchor parecía larga, la de Gustavo Posse la superó: lleva seis mandatos consecutivos en el municipio.

Sin embargo, hay excepciones en los municipios donde tiende a haber vecinos con una situación socioeconómica similar. “Lomas de Zamora no es tan homogénea socialmente, pero igual siempre gobernó el peronismo. En Quilmes, en cambio, donde también hay poblaciones diferentes, sí se dio una rotación de intendentes”, advierte Gervasoni.

Detrás de los Posse, Alberto Descalzo es el segundo intendente con más duración ininterrumpida en el cargo: suma 28 años como intendente de Ituzaingó. Descalzo, un peronista que hizo sus primeras armas en la política gremial de Morón, fue el único gobernante que tuvo en su historia este partido. Llegó a ese cargo en 1995, cuando se creó el municipio, como candidato del Partido Justicialista, y fue reelecto seis veces hasta la actualidad.

Juan José Mussi desembarcó en Berazategui en 1987 de la mano de la Renovación Peronista que encabezaba Antonio Cafiero. Fue reelecto en 1991 y permaneció en el cargo hasta 1994, cuando se alejó del municipio para emprender su carrera política bonaerense. Médico de profesión, Mussi fue convocado por el entonces gobernador Eduardo Duhalde para ser ministro de Salud provincial, un cargo que ostentó durante ocho años.

Tras un breve paso por la gestión nacional, Mussi volvió a Berazategui en 2003. Ganó las elecciones y fue reelecto en 2007 pero, otra vez, dio un paso al costado. Fue convocado en 2010 por Cristina Kirchner para asumir como Secretario de Ambiente de la Nación. Su hijo, Juan Patricio Mussi, que ya trabajaba en el gobierno municipal, quedó al frente de manera interina. Juan Patricio fue electo en 2011 con más del 70% de los votos y luego reelecto en 2015.

Tras su paso por Nación y cuando parecía que su hijo había heredado la bendición política de su padre en Berazategui, Juan José Mussi volvió a asumir su quinto mandato en el municipio, que termina el próximo diciembre, y se convirtió en intendente con ya más de 80 años. Padre e hijo ya suman 27 años en el poder de este distrito bonaerense.

La familia Granados también supera las dos décadas a cargo de un municipio bonaerense. Alejandro Granados ganó las seis elecciones que se realizaron en Ezeiza desde 1995: este intendente de alto perfil, que por su bigote y por su discurso de mano dura se ganó el apodo del “Sheriff”, acumula 24 años como intendente.

Sólo dejó el distrito por sus aspiraciones políticas en 2013, cuando se convirtió en ministro de Seguridad bonaerense y dejó como interino a Oscar Cicco. Volvió al cargo en 2015 y fue reelecto en 2019, pero con la llegada de Alberto Fernández se acercó al presidente. Volvió a pedir licencia cuando llegó la pandemia del Covid-19, entonces dejó a su hijo Gastón Granados como intendente interino.

El “Sheriff” retomó en enero pasado su trabajo en Ezeiza. ¿Qué pasará este año? Más allá de la decisión que tome Granados, tanto su mujer como su hijo (de otro matrimonio) reclaman una sucesión en el municipio.

Mario Secco es intendente del partido de Ensenada desde 2003. Después de décadas en la política gremial peronista, Secco dio el salto a la política partidaria de la mano del kirchnerismo. Fue electo cinco veces como intendente municipal, la última con un 72% de los votos. Este dirigente cercano a Cristina Kirchner volvió a aparecer en la escena en octubre cuando pidió públicamente la reelección de Axel Kicillof como gobernador bonaerense.

Mario Ishii es un ícono dentro de los barones del conurbano. Su perfil excéntrico y su cercanía con Néstor Kirchner le dieron visibilidad cuando recién desembarcaba como intendente de José C. Paz, uno de los distritos más pobres del conurbano. Su primera etapa como intendente fue a partir de 1999 y se mantuvo en el cargo por 12 años ininterrumpidos, hasta que en 2011 salió del municipio para ser candidato a gobernador bonaerense, un experimento fallido cuando perdió con Daniel Scioli en la interna del Frente para la Victoria. Volvió al cargo en diciembre de 2015, cuando el kirchnerismo estaba en pleno retroceso a nivel nacional, y fue reelecto en 2019 con casi el 60% de los votos. Ya suma dos décadas como intendente.

Fernando Espinoza asumió en 2019 su cuarto mandato al frente de La Matanza, el partido más poblado del Gran Buenos Aires. Lo hizo luego de que su sucesora y ahijada política, Verónica Magario, dejara el municipio para pasar a la vicegobernación como segunda de Axel Kicillof. Magario lo había sucedido como socia política, lo que le permitió volver a Espinoza después de un período fuera del cargo en el que ejerció como diputado nacional.

Espinoza se había hecho cargo de La Matanza por primera vez en 2005, cuando reemplazó a Alberto Balestrini, que dejó el municipio para ocupar una banca en la Cámara de Diputados. Dos años después, en 2007, fue electo por el Frente para la Victoria y en 2011 fue reelecto. En total, ambos llevan 18 años al frente del principal bastión electoral de la Provincia, con más de 2 millones de habitantes.

Aunque no sea reconocido como muchos de sus colegas peronistas, Gustavo Arrieta también supo construir una dupla junto a su mujer, Marisa Fassi, que les permite gobernar Cañuelas durante los últimos 16 años. Este martillero público llegó al municipio en 2007, tras años como concejal kirchnerista. Fue reelecto en 2011, pero no asumió el cargo porque el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli lo convocó para asumir como ministro de Asuntos Agrarios. Fueron dos años de ausencia que cubrió su mujer. Esta escena ya se repitió varias veces.

Arrieta regresó en 2013 a Cañuelas para culminar su mandato. Fue reelecto por segunda vez en 2015, pero días después volvió a tomarse licencia para asumir como diputado nacional. Una vez más, su esposa cubrió sus espaldas en el municipio. Retornó a Cañuelas en el 2017 para completar su gestión y ganó las elecciones de 2019, pero apenas asumió fue designado Administrador General de Vialidad Nacional. Fassi continúa hoy al frente del municipio.

Ahijado político del duhaldismo, Fernando Gray se fogueó de la mano de Hilda “Chiche” Duhalde en el Ministerio de Desarrollo Social. Con el desembarco del kirchnerismo, Gray supo ganarse la bendición del kirchnerismo para competir en Esteban Echeverría. Encabezó la lista del Frente de Todos en 2007 con el aval de Alicia Kirchner y ganó la intendencia con apenas el 24% de los votos. Desde ese momento fue reelecto tres veces, a pesar de sus vaivenes políticos con el kirchnerismo, que lo han ubicado varias veces frente a La Cámpora. Este año cumple 16 años en el cargo. Ex presidente del PJ Bonaerense fue a la Justicia para reclamar contra el mecanismo de asunción de Máximo Kirchner en diciembre pasado al frente del partido.

Después de dos décadas de carrera en el sector público, Jorge Ferraresi se encontró con una oportunidad que no desaprovechó. Había sido electo en 2007 como concejal de Avellaneda por el peronismo y luego el entonces intendente Baldomero Álvarez de Olivera lo convirtió en el primer concejal de ese distrito. Su jefe político fue convocado en 2009 como ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires así que delegó su función como intendente en Ferraresi, quien no dejó pasar esa oportunidad.

Ferraresi revalidó sus credenciales en las urnas: fue electo intendente de Avellaneda en 2011 con el 56% de los votos, y reelegido en 2015 y 2019. Sus años de gestión lo acomodaron como un hombre de confianza de Cristina Kirchner, una relación que se confirmó cuando lo nombró vicepresidente del Instituto Patria. Se tomó licencia en 2020, cuando fue convocado por el presidente Alberto Fernández para asumir como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En octubre pasado, Ferraresi renunció a su cargo para volver a su terruño. Ya lleva 12 años de gestión y, si decide volver a ser candidato, ese número podría estirarse hasta los 16.

La mayoría de los mandatarios e intendentes que llevan años en el cargo argumentan que cada nuevo mandato es producto de la voluntad popular. Omiten mencionar las ventajas que usufructúan desde su condición de oficialistas para ser electos una y otra vez, apelando muchas veces a manejos autocráticos. Y cuando las reglas electorales les ponen un límite, recurren a la Justicia o aprovechan mayorías políticas legislativas para forzarlas. La meta es mantenerse en el poder tanto tiempo como sea posible.