Sin embargo, al examinarla se advierte que es otra oportunidad perdida. El proyecto agregará un argumento a los que creen que el motivo principal por el cual los Kirchner serán recordados no es su inclinación autoritaria o la opacidad de sus negocios, sino la incapacidad para pensar en términos estratégicos.

El Senado ya introdujo muchas modificaciones al texto original. Estableció, por ejemplo, una Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic). Es un clon de la Afsca creada por la ley de medios.

Y se inspira en el mismo criterio: las telecomunicaciones deben ser gobernadas por la clase política desde un ente voluminoso en el que se repartirán posiciones el Poder Ejecutivo, el Parlamento y las provincias.

¿La Aftic calcará también la ineficacia de la Afsca? La pluralidad de voces, tantas veces prometida por Martín Sabbatella, todavía no llegó. La única voz que se agregó es la de Cristóbal López, que suena idéntica a la de Cristina Kirchner. Siempre y cuando no se corrobore la maliciosa presunción de los holdouts, y la justicia de Nevada descubra que es la de Cristina Kirchner. Semanas atrás, el grupo de empresarios que se constituyó -bajo el impulso de Eduardo Eurnekian- para saldar siquiera en parte el reclamo de Paul Singer dejó la iniciativa en suspenso cuando uno de sus miembros expuso la sospecha de que una de las sociedades que analiza el juez Cam Ferenback tendría como apoderado a Máximo Kirchner.

DESGUAZAR A CLARÍN

Tampoco consiguió Sabbatella desguazar a Clarín, que era el propósito inaugural de la Afsca. No sólo ese grupo consiguió una cautelar del juez Horacio Alfonso, en una demostración de que también el fuero civil y comercial se está volviendo indómito. Con la reforma que se aprobará mañana, Clarín recuperará algunos derechos que la ley de medios le había arrebatado. Según esa ley, Cablevisión no puede ser titular de más de 24 licencias. Argentina Digital, en cambio, le permitiría gozar de una licencia de telecomunicaciones para todo el territorio nacional. Y, si bien sólo podría ofrecer su programación en 24 localidades, nada impediría que distribuya contenidos de terceros. Por lo tanto, no debería deshacerse de parte de su red. Clarín podría, entonces, acogerse a las ventajas del nuevo régimen y pedir a la Justicia que suspenda su adecuación a la ley de medios.

Además, Cablevisión podrá en adelante ofrecer telefonía conectando su red al tendido de Telecom y Telefónica. Es cierto que la ley abre para las telefónicas el negocio audiovisual. Pero el control de Telecom corresponderá, una vez que le convaliden la adquisición, a Fintech, el fondo de David Martínez, que a la vez controla el 40% de Cablevisión. Martínez hace todo para conseguir ese permiso. Hasta intervino en el canje de bonos de la semana pasada, en un intento de disimular otro fracaso financiero de Axel Kicillof. Síntesis: con sus dos leyes Cristina Kirchner dio una vuelta al mundo que la devolvió al punto de partida. Lo único que podría cambiar es la relación de fuerzas entre Martínez y Héctor Magnetto. Un detalle.

La nueva ley de telecomunicaciones anula capítulos centrales de la nueva ley de medios. El kirchnerismo es psicodélico: dicta una nueva ley para corregir una nueva ley. Como en otros campos, se acerca a la realidad por aproximaciones sucesivas. Así como Kicillof descubrió, después de estatizar YPF, las virtudes de Chevron, Martín Sabbatella y Norberto Brener, el delegado de La Cámpora en la Secretaría de Comunicaciones, advirtieron los encantos de las grandes telefónicas. Con Argentina Digital se comienza a abandonar una pretensión que atrasa varias décadas: la de aislar la red de telecomunicaciones, entendida como un transportista neutral, de la generación de contenidos, que modela la agenda pública.

El avance tecnológico fusionó ambos universos. Por eso la nueva normativa permitirá a las telefónicas hacer algo que ya vienen haciendo: proveer imagen y sonido. Es verdad, no como proveedoras de telefonía sino de Internet. Desde el momento en que un usuario de Arnet (Telecom) o Speedy (Telefónica) ve televisión en la pantalla de su computadora, la frontera entre red y contenidos quedó borrada. Como último resabio del orden anterior, la futura ley obliga a las telefónicas a tramitar en la Afsca una licencia audiovisual antes de acceder al nuevo negocio. Pero esas empresas podrían alegar que son operadoras de Internet. Brener o Julio De Vido no consiguen vislumbrar que en poco tiempo habrá una sola pantalla en la que mirar televisión y navegar serán lo mismo. De Vido, que como ministro equivale a un Valiant I, no concibe conectar con fibra óptica los barrios que construye. El ingenio regulatorio de estos burócratas es muchísimo más lento que la tecnología. Por eso quedan en ridículo.

La supervivencia de la TV por cable tal como hoy se la conoce está en tela de juicio. Esas compañías deberán transformarse en operadoras de teléfono e Internet. Algunas carecen de la infraestructura necesaria. Es el caso de Supercanal, de José Luis Manzano y Daniel Vila, que casi no posee un tendido de fibra óptica. Por eso Manzano y Vila piensan incorporar a su negocio a la familia Eskenazi. El "experto en mercados regulados", como retrató Antonio Brufau a Enrique Eskenazi, regresa a la luz pública tres años después de que Cristina Kirchner lo echara de YPF. Los Eskenazi, Vila y Manzano comparten un circuito de poder: se han subido a esa gran ambulancia de viejos kirchneristas que conduce Sergio Massa, y en la que también viaja Alberto Pierri, el titular de Telecentro. Sin embargo, el vínculo entre estos empresarios no está consolidado. Si bien necesita el financiamiento de Eskenazi -cablear una manzana cuesta más de 50.000 dólares-, Manzano teme dañar su imagen asociándose a los ex accionistas de YPF.

Los senadores beneficiaron también a Directv, la empresa a la que la señora de Kirchner suele festejar porque multiplica sus antenas en las villas. En su versión original, el proyecto permitía que Telefónica y Claro, que cuentan con la tecnología necesaria, compitieran con Directv en el campo de la televisión satelital. Pero ahora la ley obliga a esas dos telefónicas a obtener en la Afsca una licencia audiovisual.

En su afán intervencionista, el proyecto oficial considera que toda red privada es un servicio público. Por lo tanto, el Estado podrá inmiscuirse hasta en los circuitos de TV de los consorcios. Y también forzar a los operadores de cable o telefonía a subir a su red determinados contenidos.

Además, como el artículo 6º incluye entre los objetos a regular los programas informáticos, los funcionarios podrán también meter las narices en Twitter, Facebook o Google.

Los senadores consiguieron también que, como reclamó Miguel Pichetto, se proteja a los operadores de cable del interior del país. La ley ahora prevé que la aplicación de las nuevas reglas sea gradual. Ya se sabe lo que vendrá detrás de esa gradualidad: un mar de operaciones de lobby que convertirá al sistema audiovisual y de telecomunicaciones en el Gran Bazar de Estambul. Cristina Kirchner dejará el Gobierno y tal vez no se haya resuelto una sola de las controversias desatadas por su pasión regulatoria. Esa incertidumbre es estratégica: otorga a la clase política un enorme poder de decisión sobre un mercado que incluye al periodismo.

IMAGINACIÓN PROYECTIVA

La ley que está por aprobarse es otra demostración de que el kirchnerismo carece de imaginación proyectiva. Sus reformas no pretenden alcanzar un modelo de llegada. Son el arma que se arroja contra alguien a quien se pretende sancionar.

Por lo tanto, como todo castigo, miran siempre hacia el pasado. Esa inclinación impide ver que la Argentina carece de una plataforma tecnológica moderna. Su infraestructura fue montada en los años 90 y el acceso a la banda ancha es el más lento de toda la región. Según el informe Barómetro de Cisco, es de 2,4 megabytes por segundo, contra 4,88 de Brasil y 7,68 de Chile. El país ocupa el puesto 107 de una lista de 180.

En vez de superar ese atraso, el nuevo marco dará lugar a innumerables pleitos judiciales por su arbitrariedad.

Por eso en la Argentina el éxito de las empresas de telecomunicaciones seguirá dependiendo más de la capacidad de sus ejecutivos para seducir a los funcionarios, que del capital invertido y el talento desplegado para aventajar en precio y calidad a los competidores