Manifestaciones públicas como las que hubo ayer en muchas ciudades del país, eminentemente en Buenos Aires, donde quienes protestaron tienen muchísimos reclamos.

Cada uno escribe su propio reclamo en ese frontón, en ese pizarrón imaginario, como sucede con Wikipedia, que es un texto construido por muchos autores que van agregando información. Lo que sucedió ayer en la Argentina es eso, un reclamo de gente que sale a la calle con muchísimas demandas. De hecho, si uno observa los carteles hay pedidos de todo tipo. Algunos se quejan por la cuarentena, otros por cuestiones de carácter político, y la franja más extensa de las demandas se ubica en reclamos relacionados a la calidad institucional y, sobre todo, vinculados al problema de la Justicia frente a una percepción de gran corrupción.

Hay muchas cosas para observar en este último reclamo, pero la primera de todas es que pareciera que la sociedad argentina está detenida en esta demanda. ¿Desde hace cuánto que se escucha el reclamo por menos corrupción, o el pedido de "no a la impunidad", de una mayor calidad judicial? Y detrás de este último aspecto se esconden otros problemas mucho más inmediatos, que castigan a toda la sociedad, pero sobre todo a los más pobres, como la inseguridad.

El sistema representativo de la política ha sido diseñado justamente para que la gente no salga a la calle. El estado de normalidad es la calle vacía y una clase dirigente que se hace cargo de los reclamos de la sociedad.

Este juego entre representados y representantes tiene enormes fallas e insuficiencias entre nosotros. Y esto hace que veamos un país que está reclamando lo mismo hace ya demasiado tiempo, sin una clase política que pueda absorber esa demanda. Es lo que el filósofo Santiago Kovadloff denomina una sociedad con problemas viejos, con una agenda anacrónica. Somos una Argentina congelada.

Este es un reclamo dirigido, obviamente, hacia el Gobierno, que es quien tiene la capacidad de ejecución. Pero también para la oposición. Si la gente sale a la calle se pone de manifiesto también un déficit en la eficacia de la oposición para hacerse cargo de esta agenda.

Quiere decir que estamos dando vueltas alrededor del mismo problema desde hace ya demasiado tiempo. Este problema, de corrupción e impunidad, ha generado cimbronazos importantísimos en América latina. En Brasil, los ciudadanos fueron a una elección con un candidato muy relevante preso. Era Lula Da Silva, al que no podían votar por cuestiones de corrupción. También cayó un presidente en Perú, y el vicepresidente de Ecuador tuvo que renunciar. En Venezuela no pueden convocar a elecciones libres porque, si perdieran el poder, muchos de los que están al mando, incluidos muchos militares, irían presos.

Hoy en la Argentina esta es una cuestión primordial y en el centro de esta discusión se encuentra Cristina Kirchner. Incluso alguien tan cercano a ella como lo es el Presidente repitió una y mil veces que Cristina tenía que dar explicaciones. Es más, tanto ella como Fernández señalaron que el libro Sinceramente era un intento de explicación a los problemas de corrupción y de institucionalidad que presentó el kirchnerismo a lo largo de doce años.

Es evidente que Cristina no pudo explicar. Y esto afecta al oficialismo. Las explicaciones que ella da son insuficientes o son negaciones. No pudo explicar el Pacto con Irán y el motivo por el cual fue y volvió de ese tema. Los bolsos de López. El funcionamiento de sus hoteles. Y tampoco pudo argumentar acerca de las extraordinarias revelaciones documentadas de los cuadernos de Centeno.¿Cuál es la explicación que ella brinda? Que la historia ya la absolvió. En realidad, que las elecciones la absolvieron. Es una idea muy arraigada, una creencia de la vicepresidenta. La Justicia es una máscara del poder. Se es inocente o culpable según el monto de poder que uno haya obtenido básicamente en las elecciones. Claro que, cuando uno es víctima del poder del que gobierna, eso es lawfare. Así lo explica Cristina. En cambio, cuando la Justicia la maneja uno, en este caso ella, es democratización. Es el aparato judicial alineado con el que obtuvo los votos.

La idea liberal de que haya un Poder Judicial independiente a ella le parece una ficción. Como también que haya operadores o agentes económicos independientes. Hay una concepción profundamente antiliberal en el corazón del oficialismo actual, que es la que anida en Cristina Kirchner.

Quiere decir que no es que ella no puede satisfacer el pedido de Alberto Fernández para que dé explicaciones. No lo quiere hacer. Y por eso buena parte de la sociedad siente que hay una enorme arbitrariedad. Hay un reclamo que no tiene respuesta.¿Cuál es el problema, la encrucijada? Que esta persona que está impugnada, a la que una parte de la sociedad le dice: "Tenés que dar explicaciones por todos estos hechos", tiene hoy el 40% de imagen positiva, es decir, tiene un enorme poder. Puso a quien quiso como presidente en una fórmula electoral que ganó, maneja por lo menos una Cámara del Congreso, el Senado, y está a cuatro votos, en esa cámara, para controlar los dos tercios. Es decir, cuatro votos más le permitirían no sólo poner nuevos jueces en la Corte, sino también remover a los de ahora. A los cinco que ejercen el máximo nivel de la magistratura.

Aquí hay un problema de difícil solución, porque la persona a la que una parte de la población le pide una explicación siente que no debe darla, por el monto de poder que tiene. Esto es parte de un profundo conflicto ideológico respecto a cómo debe funcionar la vida pública. Esto es lo que está detrás de este reclamo sin respuesta. Es un reclamo bloqueado.

Para Alberto Fernández esto es un grave inconveniente por varias razones. La primera es que durante muchísimo tiempo, Fernández le habló a la sociedad como si él fuera alguien de los que produjeron el banderazo de ayer. El Presidente ha tenido durante mucho tiempo el discurso de los que se movilizaron pidiendo mayor calidad institucional. Si uno lo ubicara en orden a estos reclamos o formas de mirar la política, Fernández tendría que estar en la plaza, no en el oficialismo.

Él repite hasta el cansancio: "Soy hijo de un juez, tengo 30 años como profesor de la Facultad de Derecho, sé lo que es el estado de derecho". Es decir, es un peronista con una sensibilidad especial a lo que reclamó el banderazo. Se entiende como un peronista de la Facultad de Derecho, que llegó al poder, en medio de banderazos como el de hoy. Que eran las manifestaciones de quienes sabiendo que Macri perdía, salían a la plaza para dirigir una advertencia al que había ganado.

Muy bien, Fernández tiene entonces una condición peculiar: es un peronista de la Capital Federal cuya instalación cultural le provee una sensibilidad especial como para poder por lo menos tararear la música del otro grupo. Si buscamos su genealogía, conecta con Chacho Álvarez. Es decir, es un peronista que se siente interpelado por esa demanda institucional y que aspira a darle satisfacción. Pero Cristina Kirchner le impone su propia agenda.

El Presidente se propone una reforma judicial. En el Gobierno dicen: "miren el texto, no se dejen llevar por los prejuicios". Aún así, esa reforma tiene algunas contradicciones. Por ejemplo, crea más juzgados en un momento en que el sistema penal va a pasar a depender no tanto de los jueces como de los fiscales. Es una reforma que promete pasar la Justicia nacional a la Capital, pero solo el fuero criminal. ¿Por qué no pasan también el fuero laboral, que está colonizado por personajes importantes del oficialismo? Centralmente, Héctor Recalde. En otras palabras: la reforma tiene inconsistencias internas que nadie termina de explicar.

Sin embargo, lo importante es que es una ingenuidad darles la razón a los funcionarios, como por ejemplo a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que dice: "miren el texto". Porque hay un contexto que envuelve la reforma, que lo provee Cristina Kirchner. La vicepresidenta, desde su cuenta de Twitter, indica qué tiene que hacer la jueza María Servini de Cubría con los entrecruzamientos de llamados de Macri. O indica quiénes son los jueces que deben ser removidos. Y hasta está pidiendo poco menos que Macri vaya preso al decir que es el único personaje impune en el país.

Si creyéramos en la teoría del lawfare, la vicepresidenta de la Nación, con el poder que tiene, les pide a los jueces que fulano vaya preso. Casi sin juicio porque ella ya sabe que es culpable. No tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas. Son decisiones, discursos, actitudes que obligan a mirar la reforma a la luz de ese contexto que la vuelve tan sospechosa. Un ejemplo: la decisión de realizar traslados, por ejemplo, en los casos de los jueces Bertuzzi y Bruglia. Estos camaristas tuvieron y tienen causas muy importantes que afectaron a Cristina Kirchner. Hay un enorme debate acerca de si fueron bien trasladados o no. El que considere que no fueron bien trasladados debería ir a la Justicia, iniciar una causa en el fuero contencioso administrativo, lo que va a llevar meses, probablemente más de un año, y el caso llegaría a la Corte.

Cristina Kirchner sostiene que no, que lo va a decidir el Senado. Los dos camaristas recurren a la Justicia. Una jueza le dice al Senado: "Deténgase, no puede hacerlo". El Senado inició igual el tratamiento. Ya estamos ante un conflicto de poderes. No sabemos qué hará el Senado, ¿Seguirá adelante? ¿Tendrá que intervenir la Corte? ¿Irá Cristina a preguntar a la Corte qué es lo que hay que hacer? Porque por algo más trivial, que es si se podía o no sesionar de manera virtual, consultó a la Corte. Ahora, con ese respeto que siente por la Corte, la consultará de nuevo: "¿Tengo que tratar o no los pliegos de Bertuzzi y Bruglia?".

Entramos en una serie de atropellos que hacen que cuando uno mira la reforma de Fernández la mire con una lupa gigantesca. Y sospeche si no es una gota de tecnicismo en un mar de cinismo o de arbitrariedad. Para coronar todo esto, se convoca a una comisión de asesores que no es multipartidaria, que expresa más que nada un sector de la política argentina, y en cuyo seno está el abogado penal de la vicepresidenta. Por eso se le llama Comisión Beraldi.

Quiere decir que, más allá de cuál sea la intención de Fernández de dar una respuesta a los que vienen pidiendo hace muchos años un saneamiento institucional, la que impone la agenda, la que impide que se pueda leer correctamente lo que el mismo Fernández quiere hacer, es la vicepresidenta.

Esa agenda, y esto es muy importante para todo lo que está viviendo la Argentina, no es la agenda de la vicepresidenta, sino de la expresidenta. La agenda política de Cristina Kirchner está referida centralmente a problemas judiciales. Basta ver su intervención en las redes sociales: no habla de la pandemia, apenas habla de la economía, muy poco sobre política exterior, no hay nada más que cuestiones judiciales ligadas a sus propias causas, a sus propias disputas. Si uno quiere, a sus propios rencores o reivindicaciones. Esa agenda es referida al período que fue de 2003 a 2015. No tiene que ver con los problemas actuales de Fernández. Todo el discurso de Cristina Kirchner está basado en una reivindicación de su presidencia, eventualmente la de su esposo, pero no tiene que ver con las urgencias de hoy.Entonces, no solamente la vicepresidenta le impone al Presidente un temario que bloquea cualquier iniciativa en el campo institucional. Además, lo hace para reivindicar a otro gobierno, que ya terminó. No a este Gobierno. Es una agenda anacrónica.

La dificultad para Fernández es que todo esto lo aísla en el sistema político. Él, por ejemplo, no puede ir a un acuerdo político para tratar la reforma judicial. No puede nombrar al Procurador General de la Nación, porque necesita 2/3 del Senado y no los tiene, justamente porque nadie quiere convalidar toda esta política judicial. La vicepresidenta, y el círculo más cercano a ella, inician una operación de desgaste sobre el actual procurador Eduardo Casal, a quien no pueden remover porque necesitan la aprobación del Senado. Pero esperan que renuncie, desgastado. Fernández, que quiere designar procurador a Daniel Rafecas, tampoco puede hacerlo porque no tiene los votos.

Hay algo mucho más importante: si uno mira la historia de la popularidad de Fernández, entra al gobierno con un imagen positiva, podríamos decir, de 55%. Tiene un gran pico de popularidad en las primeras semanas de la cuarentena. Hay encuestas donde logra superar el 80%, un olimpo al que entraron muy pocos. No entró nunca Cristina Kirchner. Sí su esposo. En algún momento Alfonsín y Menem. Nadie más. Y después, Fernández empieza a caer. ¿Qué estamos viendo hoy? Que la imposición de la agenda de Cristina va reduciendo la base electoral de Fernández a la base de ella. ¿Dónde estaba el diferencial de Fernández? ¿Por qué le interesa dar alguna respuesta a esta demanda institucional? Porque él esperaba no tener 40% de popularidad como Cristina. Aspiraba a tener 50, 55, 60% y, desde esa plataforma más amplia, disolver a su vicepresidenta. No lo ha logrado. Es más, la presencia cada vez más activa de ella, sobre todo en temas tan importantes, hacen que Fernández vea reducida su base a la de Cristina Kirchner. Y habría que ver si no la reduce a algo más chico que la de su vice.

En las manifestaciones de ayer aparece otro problema, y es que esta protesta ligada a la impunidad y a la corrupción se produce en un momento económico muy complicado. La sociedad argentina asiste a un debate sobre la impunidad, la manipulación judicial y la corrupción, en un momento en el que se pierde trabajo, hay que cerrar empresas, las pymes están castigadísimas, los ahorros se disuelven. No hay dónde ahorrar. Dentro de poco no se van a poder comprar ni 200 dólares.En medio de esta crisis, que es una crisis que probablemente lleve la pobreza a niveles del 50% y haga crecer muchísimo la desocupación, sobre ese telón de fondo contrasta este debate de la clase política. O esta falta de respuesta ético-institucional de la política. Con lo cual, se agrava el problema. En alguna medida también este debate institucional sobre lo judicial, la impunidad, la corrupción se expande porque el Gobierno no tiene una agenda económica y social. No hay una hoja de ruta para salir de este problema. Sabemos que se acaba de cerrar o se está cerrando en estos días el tema de la deuda y nos prometen 60 medidas que no sabemos todavía cuáles son, pero que seguramente no son un plan económico.

En esta WikiRevolution de la que habla Castells, donde cada uno escribe su reclamo, el papel, el pizarrón es la recesión. Esta manifestación, con un reclamo ya muy antiguo, también está movilizada por una situación económica y social a la que no se le ve mucha salida. El Gobierno no logra plantear una estrategia medianamente auspiciosa o convincente.También esto preocupa a Cristina. Porque pone un signo de interrogación importante sobre las elecciones del año que viene. Y ese signo es el que explica que estemos hablando hoy de una reforma judicial, de una ampliación de la Corte, de remover al Procurador de la Nación. Porque muchos de los que están complicados en causas judiciales piensan o creen que, si el año que viene el oficialismo tiene un traspié electoral, ese problema judicial va a seguir abierto. Es una derivación de la creencia según la cual a la Justicia la maneja el que tiene el poder. A partir de esta convicción, se entiende cuál es la urgencia.