La Argentina acordó abonar USD95,4 millones al fondo de inversión Bainbridge Capital, por bonos en default no canjeados en 2005 y 2010, trascendió este lunes.

El convenio deberá ser ahora refrendado por la Justicia de Nueva York, indicó el experto en deuda soberana Sebastián Maril.

El valor nominal de esos títulos de deuda era de USD34 millones. El acuerdo llegaría a esa cifra incluyendo el capital y los intereses acumulados, por una causa iniciada en el 2016.

El fondo Bainbridge Capital, con sede en un paraíso fiscal en las islas Bahamas, inició el juicio por títulos en default no canjeados en 2005 y 2010, durante los anteriores gobiernos kirchneristas.

Tampoco había ingresado a la reestructuración de deuda realizada por el gobierno de Alberto Fernández con acreedores privados que lideró Martín Guzmán este año.

El convenio deberá ser ahora refrendado por la Justicia de Nueva York, en el tribunal del segundo distrito que encabeza la jueza Loretta Preska, quien reemplazó en la causa al juez Thomas Griesa, luego de que este se jubilara.

La presentación judicial de Bainbridge Capital

Bainbridge Capital había pedido a la jueza Preska aplicar nuevamente las medidas cautelares que Griesa dispuso contra la Argentina en 2014.

El pedido lo había presentado en abril último, en momentos en que la Argentina se encontraba realizando la oferta a los acreedores.

Bainbridge posee títulos emitidos por la Argentina entre 1992 y 1994, comprados bajo cláusulas "pari passu", que garantizan el tratamiento igualitario respecto de otros acreedores posteriores, y exigía al país el pago del capital más intereses acumulados.

En el escrito presentado ante la justicia de Nueva York, Bainbridge argumenta que el gobierno argentino "ya no negocia más y no desea llegar a un acuerdo con los acreedores".

En la presentación argumentó que las leyes de cerrojo que ampararon lo canjes de 2005 y 2010, que establecía que el que no entrara al canje no cobraría sus títulos, son violatorias del principio de igualdad ante la ley.

La jueza Preska está también interviniendo en distintos casos contra el Estado argentino, como el litigio por el cupón PBI de la anterior reestructuración de deuda y otro por la estatización de YPF.