El ex ministro de Seguridad fue propuesto por Carlos Ciurca para integrar la Inspección General de Seguridad, pero cuenta con la resistencia del sector de los hermanos Félix, que pretende una "renovación". También hay conflicto en el peronismo por un cargo de director en el Instituto de Juegos y Casinos.
Los que en política se van siempre piensan en volver pronto, por más compleja que haya sido la salida. Quizás por esa razón un sector del peronismo propone en estas horas que el ex ministro de Seguridad y ex director del Instituto Provincial de Seguridad Pública, Carlos Aranda, vuelva a trabajar en esa área, aunque haya cambiado el color político del Gobierno.
Puertas adentro del PJ, Aranda fue propuesto este lunes por su sector interno, el ciurquismo, como futuro integrante de la Inspección General de Seguridad (IGS). Se trata de un órgano de control que existe desde la reforma del sistema en seguridad y que Alfredo Cornejo quiere modificar.
El cambio, que obtuvo aprobación del Senado la semana pasada, reduce el directorio de la IGS y le concede supremacía al Gobierno, ya que dos de los tres directores serán colocados el oficialismo. No obstante, queda un sillón para el partido opositor con mayor representación parlamentaria, espacio que La Corriente quiere para Aranda.
De la mano de Carlos Ciurca, el dirigente justicialista fue ministro de Seguridad durante buena parte de las gestiones de Celso Jaque y Francisco Pérez. Cuando renunció, siguió al frente del instituto que forma a los policías ante el fin de la era peronista. Es decir que se fue del Ministerio de Seguridad recién en diciembre.
En su momento indicó que su renuncia era un gesto hacia el radicalismo, ya que no había ninguna cláusula que lo obligara a abandonar el Instituto de Seguridad Pública el año pasado. Sin embargo, sus allegados acaban de ponerlo en carrera para retornar, esta vez desde un órgano que controla a los policías que antes formaba.
Hay que decir de todos modos que no parece sencillo que logre, ya que no es el gobierno de Cornejo el que se opone, sino una parte del propio justicialismo, que es el que debe darle consenso para conseguir el cargo.
Si bien en un primer momento no hubo opiniones en contra, desde el sector de los hermanos Félix de San Rafael no ocultaron ayer que no están de acuerdo con la vuelta de Aranda al ámbito de la seguridad y señalaron que este nombramiento no sería un gesto de la renovación que pretenden generar en el justicialismo.
"Es impresentable porque da la sensación que lo ponen para proteger lo que hubo", dijo un dirigente importante de Integración este martes.
Este foco de resistencia congela por ahora las definiciones del PJ respecto de Aranda y hay preocupación porque la nueva ley pone plazos para la designación del director por la oposición para la IGS. Pasado ese tiempo, es el Ejecutivo el que toma ese puesto.
En realidad, la interna peronista ha impedido hasta aquí la designación de funcionarios que, ya sea por ley o por el uso y costumbre de la política mendocina, quedan en manos de la oposición.
Entre esos asuntos pendientes está la designación de un vocal para el directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, lugar donde siempre se reserva un espacio para la oposición.
No es La Corriente en este caso la que tiene expectativas. Es el sector de los azules el que pretende colocar allí a un dirigente propio, pero esto también ha sido objeto de polémica en las últimas horas con los Félix.
El elegido para el cargo sería un apoderado partidario que milita en los azules, Alejandro Jardón, pero los Félix se oponen a Jardón con mayor firmeza que a Aranda incluso, por tratarse del mismo sector interno que controló Casinos durante la gestión de Pérez a través del ahora diputado Carlos Bianchinelli.
"No queremos un rejunte de kiosquitos en quiebra, queremos una renovación en serio", disparan con acidez desde San Rafael respecto de la polémica por los cargos en el gobierno de Cornejo, que es en definitiva un asunto que definirán los intendentes del partido.
La pelea interna ubica en dos bandos bien definidos a los hermanos Félix por un lado y a los azules en el otro, con La Corriente oscilando entre ellos y sin el respaldo de los peronistas del sur, tal como refleja el rechazo a la nominación de Aranda.
Los hermanos Félix mantienen el control del bloque de diputados del PJ y los azules dominan la bancada del Senado. Pero en el caso de la Cámara Baja, el hombre elegido para renovar el bloque en esta nueva etapa, Javier Cófano, sufre el asedio de sus pares azules prácticamente desde que asumió.
Los diputados de este sector llegaron a amenazar con destituir a Cófano por calificar al gobierno de Pérez como "uno de los peores de la historia" y este martes prefirieron organizar un almuerzo de intendentes y dirigentes propios antes que participar de una reunión de bloque que había convocado Cófano para amigarse con ellos.
El fallecimiento de un hermano de Cófano paró ayer esta pelea en el seno del bloque de diputados, aunque el enfrentamiento es evidente y hasta se manifiesta en los proyectos presentados: Jorge Tanús, de los azules y el propio jefe de bloque compiten por imponer sus proyectos de ley de ética pública, el tema de moda para la política mendocina.
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