El tema de los aranceles mínimosLos denominados “aranceles mínimo obligatorios”, de eso se trata, es una demanda que el Colegio pretende que las obras sociales acepten. E impone a sus afiliados la obligación de aceptarlos y no firmar acuerdos a la baja, so pena de incurrir en incumplimientos y derivar en sanciones.

Héctor Scheyt, presidente del Colegio de Odontólogos, ubica la dispersión en la fijación de aranceles durante el menemismo, cuando Domingo Cavallo ejerció como ministro de Economía, y dispuso que los honorarios profesionales dejaran de ser de orden público. Pero ese estado de situación cambió en Entre Ríos en 2015, con la sanción de la Ley N° 10.377, impulsada por la entonces legisladora y hoy ministra de Gobierno de la Provincia, Rosario Romero, mediante la cual los aranceles de los profesionales recuperaron el estatus de “orden público”. La vigencia de esa ley, dice ahora Scheyt, le permitó a los colegios tomar en sus manos la regulación de lo que cobra cada profesional por sus servicios.

“Así dispusimos estos aranceles mínimos y obligatorios”, señaló en un reportaje con Canal 6, de Crespo. “Y ahí viene el problema con las prepagas y las obras sociales, por la disputa de cuánto quieren pagar. Pero estábamos en un piso muy bajo en aranceles y honorarios”, explicó para dar cuenta de la nueva política en materia de aranceles, que encuentra resistencia en obras sociales como el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), la mayor prestadora de salud que está hoy sin cobertura odontológica para sus afiliados.La resistencia de los círculosPero la resistencia al nuevo régimen de aranceles también proviene desde los distintos círculos departamentales que conforman el Colegio de Odontólogos. “Hay varios círculos que están resistiendo la resolución sobre aranceles porque no tienen actividad con obras sociales y están teniendo problemas económicos serios”, afirman desde la obra social provincial.

El Círculo Odontológico de Paraná fue el primer en poner en discusión esa pretensión y llevó su caso a la Justicia. Su reacción tuvo lugar luego de que el Colegio dictara la resolución N° 404, el 27 de noviembre último, a través de la cual, dijo, “pretende establecer requisitos y condiciones burocráticas para el ejercicio profesional, acción que excede la posibilidad que tiene el Colegio demandado y que provocará un perjuicio y daño al ejercicio profesional”.

Sostuvo que el Colegio de Odontólogos “no tiene facultades para intervenir en convenios prestacionales ni imponer aranceles, por lo que la normativa que pretende delegar en la Mesa Ejecutiva también está viciada de nulidad”.

Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó por “inadmisible e improcedente” el recurso de amparo que había presentado el Círculo Odontológico de Paraná a raíz de una resolución que dictó el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, que impuso pisos mínimos de aranceles a cobrar a las obras sociales, medida que generó la airada reacción del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

Ante la excusación para intervenir en el pleito por parte del juez Hugo González Elías, el amparo fue resuelto por la entonces integrante de esa Cámara (ahora vocal del Superior Tribunal de Justicia), Gisela Schumacher que sostuvo que “advierto con claridad que lo aquí peticionado forma parte de un todo más complejo, que tiene casi dos años de discusión, y sobre el que no veo ninguna razón para que la vía heroica y residual del amparo sea la que corresponde para resolver este conflicto”.

El Colegio de Odontólogos impuso a todos los profesionales la obligación de firmar una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad de respetar los aranceles que fije la entidad so pena de aplicar sanciones.

La resolución N° 404 estableció un protocolo arancelario para convenios y contratos asistenciales “mediante los cuales se brindan prestaciones odontológicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.), siendo este listado sólo orientativo, tanto a través de entidades que nuclean profesionales (círculos, sociedades, asociaciones, etc.) como de matriculados de manera individual, el que se adjunta en el Anexo 1 de esta Resolución y forma parte de la misma”.

La medida encontró resistencia y fue rechazada por el Círculo Odontológico de Paraná, que considera esa norma como “ilegal” y por eso acudió con un recurso de amparo ante la Justicia.

“Ante la reciente resolución asumida por el consejo directivo del COER, que lleva el número 404, que pretende imponer nuevas exigencias, condiciones y requisitos para el libre ejercicio de la profesión, incluyendo un pretendido procedimiento burocrático y complejo que intenta exigir una declaración jurada, nuestra entidad ratifica la plena vigencia del derecho constitucional al trabajo, como así también la vigencia plena de los convenios asistenciales oportunamente celebrados por esta institución, en ejercicio de sus capacidades y facultades legalmente reconocidas y que forman parte de su larga trayectoria”, dice un pronunciamiento del Círculo Odontológico de Paraná.

Y agrega: “Asimismo, se ratifica que los convenios suscriptos constituyen ´ley para las partes´ y por lo tanto sólo pueden ser invocados y/o afectados por acciones y decisiones de las partes intervinientes, motivo por el cual toda injerencia que se pretenda provocar desde una institución u organismo no parte, resultarán inopinables a las instituciones u organizaciones suscriptoras como así también a quienes han sido legítimamente representados”.

Pero el reclamo en la Justicia sufrió un primer revés en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El caso llegó en apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que con los votos de los vocales Juan Ramón Smaldone, Bernardo Salduna y Claudia Mizawak confirmó lo resuelto en primera instancia.

Pero la disputa judicial no acabó con la discusión. Los círculos odontológicos buscan que el Colegio dé marcha atrás con la imposición de aranceles mínimos obligatorios.