Aramburu ratificó que el denominado ‘Documento Río Grande’, “tenía como objeto plasmar por escrito lo que se venía hablando en varias oportunidades con los intendentes: la voluntad que tenemos todas las partes de arribar a una solución”, independientemente “de la necesidad de que la Justicia falle en función de la demanda planteada hace más de un año”.

Para el Jefe de Gabinete “hubo una mala interpretación” de que a partir de la firma “se haya abstraído la cuestión judicial”, toda vez que “con la simple lectura del documento se advierte que en ningún momento se pide la suspensión de los plazos, porque no podríamos hacerlo, y porque no es la modalidad ni el formato que jurídicamente pueda considerarse como un elemento de suspensión”.

En consecuencia, “la Justicia no puede considerarlo de un valor documental en términos procesales a los efectos de suspender las actuaciones”, reiteró, teniendo en cuenta además que “esto no surge ni de la letra, ni del espíritu, ni de los actores”.

El acuerdo “refleja la voluntad que tuvo siempre la Gobernadora de que de ninguna manera y en ninguna oportunidad, el objetivo de la demanda judicial era ahogar financieramente a los municipios”, aseveró el Jefe de Gabinete. “La idea del Gobierno es que seamos racionales en la proporción entre los recursos y los servicios públicos que se prestan”, y la firma del documento “apunta a mostrar responsabilidad institucional y absoluta voluntad de dialogo de cada una de las partes”, sostuvo.