Tras la conmoción por el asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata, el oficialismo convocará, a instancias del presidente Javier Milei, a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados el miércoles próximo para debatir un nuevo régimen penal juvenil. La intención es reducir la edad de imputabilidad —el Gobierno propone bajarla a 13 años—, aunque la complejidad del tema impide alcanzar un consenso en un texto común.

"La modificación del régimen penal juvenil es mucho más que cambiar la edad de la imputabilidad", aclaró la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO) en entrevista con TN.

La legisladora pidió avanzar en la ley para que "quienes cometan crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos".

Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribiteDiputada Laura Rodríguez Machado (PRO)

El punto de conflicto no es sólo definir un número para bajar la edad de imputabilidad. La ley debe establecer qué delitos serían punibles, qué castigos corresponderían según su gravedad, en qué casos cabría la internación y qué penas alternativas podrían contemplarse, además de prever políticas de reinserción social para evitar la reincidencia delictiva.

La complejidad del debate se refleja en el Congreso: el tema se discute en cuatro comisiones —Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto— con la participación de 113 diputados, casi la mitad de la Cámara. "Ni siquiera la Ley Bases fue tan amplia", destacó Rodríguez Machado.

El Gobierno presentó su proyecto en julio pasado. El mismo propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años con penas graduales según la gravedad del delito. Cuando la pena supere los tres años de prisión pero no exceda los seis, y el delito no haya implicado la muerte de la víctima ni una grave violencia física o psíquica, se podrán aplicar sanciones alternativas, como amonestaciones, prohibiciones de contacto con la víctima o restricciones para conducir o asistir a ciertos lugares.

En los casos de delitos con pena privativa de la libertad, las condenas podrían cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en secciones separadas dentro del sistema penitenciario para adolescentes.

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Coincidencias y diferencias entre los bloques por la baja de la edad de imputabilidad

A pesar de las diferencias, la mayoría de los proyectos presentados —12 en total— coinciden en reducir la edad de imputabilidad, aunque con distintos criterios. La excepción es Unión por la Patria, que insiste en mantener el límite en 16 años. El argumento es que menos del 1% de los delitos graves en Argentina son cometidos por menores de edad, cifra que se reduce aún más en la franja de 14 y 15 años.

Además, advierten que el 83% de los adultos delincuentes que pasaron por institutos de menores reinciden, mientras que la proporción baja al 8% entre aquellos que no estuvieron en esas instituciones, según un estudio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Sin embargo, dentro de Unión por la Patria hay matices. El diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador de Sergio Massa, presentó un régimen penal juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años para los delitos de acción pública.

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Su iniciativa contempla diferentes sanciones según la gravedad de la falta, desde penas privativas de libertad hasta internaciones en régimen abierto o medidas alternativas como amonestaciones y tareas de reparación a la víctima.

Desde que comenzó el debate, se realizaron siete reuniones de comisión con especialistas. Ahora, Rodríguez Machado insiste en avanzar hacia un dictamen, aunque reconoce que será difícil alcanzar un texto único consensuado.

"No podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican. El nuevo régimen penal juvenil es una prioridad para ponerle fin a la impunidad. Se trata de darles a las víctimas la justicia que merecen y a los jóvenes una oportunidad de resocialización, pero con un mensaje claro: el que comete un delito debe pagar por ello", sostuvo Rodríguez Machado.