Mucho apuro, más irritación. El arrebato del jefe de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, que convirtió la sesión del miércoles en Diputados en un escándalo, tuvo su continuidad ayer temprano en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que trató el proyecto de reglamentación del per saltum. El debate se dio sin la participación en el debate del Frente Amplio Progresista ni la UCR, que indignados por la actitud del oficialismo de firmar el dictamen sin discusión y a menos de 24 horas de la media sanción en el Senado, denunciaron irregularidades en el procedimiento y abandonaron la sala. Esta vez, otros bloques menores, como el del PJ disidente y el PRO prefirieron quedarse a discutir.

Pese a las quejas, el kirchnerismo convalidó el proyecto, enmarcado en la estrategia del Gobierno para presionar a la Justicia frente al conflicto por la ley de medios, y buscará sancionar la ley el 14 de noviembre, la fecha más próxima que encontraron para sesionar, ya que la semana que viene muchos legisladores viajarán a observar las elecciones de Estados Unidos.

“¡Corruptos!”, gritó una de las empleadas del bloque radical, cuando los diputados de esa fuerza se iban encabezados por Juan Tunessi. El ukltracristinista Carlos Kunkel la increpó.

“¡Identifíquese! Identifíquese!”, gritó, y su par Luis Cigogna le recomendó a viva voz: “Pedile el nombre. Es un delito penal”. Tunessi volvió a la sala y agitando una mano le gritó a Kunkel: “¿Qué sos ahora: ¿Policía? ¡Botón!”.

Y siguió: “Metan presa a la gente si querés, es lo único que les falta”. El griterío colmó la sala y, en la puerta, la joven a la que Kunkel le pidió nombre y apellido era consolada por otros empleados.

Tras la convulsionada medianoche en la que el oficialismo terminó aprobando a solas el voto desde los 16, la reunión por el per saltum arrancó complicada, poco después de las 10. Sin número para el quórum, la presidenta de la comisión, Diana Conti, intentó contar a los diputados del radicalismo que estaban en la sala pero no ocupaban sus lugares. Una vez que comenzó la sesión (el reglamento señala que puede abrirse a la media hora si no está la mitad más uno), Conti informó que comenzaba a hacer circular el dictamen para la firma, sin debate previo . Eso enfureció a la oposición.

“Es un acto hipócrita.

Esto no tiene nada que ver con la democracia, no tienen el mínimo respeto a las minorías. No se nos respeta. Nos vamos a retirar”, expresó Tunessi y advirtió que la reunión fue convocada de apuro el miércoles “a la madrugada, cuando terminamos la sesión en Diputados y están firmando un dictamen sobre algo que ni discutimos”. Otro radical, Mario Negri, opinó que “esta ley de per saltum es tiene nombre y apellido y ese tipo de leyes no son aceptables, la gravedad institucional que supuestamente tiene que definir la Corte ya la han decidido ellos”, sostuvo, en alusión a la presión del Gobierno para que la Justicia falle en su favor en el planteo de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios que presentó el Grupo Clarín . La UCR luego presentó su dictamen en rechazo al proyecto oficial. Desde el FAP, Liliana Parada soltó: “ No somos levantamanos.

Nosotros discutimos, somos demócratas”. El macrista Pablo Tonelli, Patricia Bullrich (Unión por Todos) y el peronista disidente, Gustavo Ferrari, se quedaron y plantearon sus objeciones. Tonelli dijo que la ley implica “una presión a la Corte” y consideró que es innecesaria porque se viene aplicando “de hecho”.

También Jorge Yoma, del Frente para la Victoria, tomó distancia. Recordó que fue uno de los primeros en presentar un proyecto de per saltum, pero coincidió con los opositores en que “no se puede legislar para un caso determinado, porque pierde legitimidad ”, Y presentará dictamen propio. Alicia Terada, de la Coalición Cívica, dijo que junto a Elisa Carrió presentará otro despacho rechazando “in límine” el proyecto del kirchnerismo porque “atenta contra el orden republicano y democrático” .

En defensa de la iniciativa, además de Conti, hablaron Juan Pais y Héctor Recalde. “Es un remedio pertinente”, destacó Pais y consideró que “existe el debido control de admisibilidad, porque es la propia Corte la que va decidir si abre o no el recurso”. El ex abogado de la CGT apuntó que sospechar de una presión a la Justicia “sería hablar muy mal de la Corte”.