Se trata de una obviedad porque no existe margen alguno para que se autorice a resolver temas tan candentes a través de una “mesa chica”, un eufemismo que el ex Frente Cívico aplicó sin solución de continuidad mientras le tocó ser gobierno, desde el lejano 1991 a 2011. El tema de fondo es si habrá o no habrá PASO. Las nacionales, por los cargos de senador y diputado, estarían aseguradas con la postergación de la fecha, pero las provinciales son una gran incógnita. Si fuera por el gobernador Jalil, como lo viene proclamando desde hace años, no se hacen y los partidos o alianzas se verían obligados a consensuar candidaturas o buscar otro método de elección. De hecho deberían ir pensando en hacerlo, toda vez que el peronismo tiene mayoría en ambas cámaras y podría suspender las PASO una vez que se inicie el período ordinario de sesiones.

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También Fama peca de ingenuo cuando pide internas a través de la Carta Orgánica de la UCR que, en un tramo, habla del “cumplimiento inexorable por nuestro Partido del artículo 94 que dispone que los candidatos se elijan por el sistema de internas”. En primer lugar hay que considerar que en una elección de esta naturaleza no pueden participar los aliados como el PRO o la Coalición Cívica que, dentro de Juntos por el Cambio, seguramente pretenden “mojar el pancito”. Complementariamente, el rector de la Universidad debería saber que el artículo 94 de la Carta Orgánica no se aplica desde hace 33 años (11 de mayo de 1987) cuando la lista que encabezaba Genaro Collantes le ganó a la de Arnoldo Castillo y se quedó con la candidatura a gobernador que le permitió enfrentar el 6 de septiembre del mismo año a Vicente Saadi. Con este panorama, a escaso tiempo de las elecciones provinciales, las dudas son muchas más que las certezas.

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Otro sector de la UCR que se pronunció durante la semana fue “Encuentro”, un grupo de radicales enfrentados con la conducción partidaria que nació al calor de la interna del pasado 7 de febrero que, finalmente, consagró una lista única y, vía Junta Electoral, borró a la antagonista. Este sector, que en principio apoyaba a Fama, señaló en un comunicado “vemos a la dirigencia de los partidos tradicionales en peleas para logros personales y podemos asegurar que no tienen la menor idea de la situación real de Catamarca y mucho menos las posibles soluciones”, agregando “somos conscientes de la realidad y no vemos salida a través de las viejas y amañadas estructuras”. En este marco y dentro del radicalismo, “Encuentro” señala como responsable de todas las calamidades partidarias al senador Castillo y, por ende, llama a rechazar la posibilidad de una reelección.

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La conducción de Juntos por el Cambio, con los radicales a la cabeza, pidió una audiencia con la Corte de Justicia a fin de tratar la eventual asunción de concejales de su sector para que reemplacen a los que, ocupando el segundo lugar en una lista, lograron abrumadoras victorias en octubre de 2019 en el interior de la provincia. El tema es viejo, como viejo es el capricho del más veterano de los ministros, José “Pepe” Cáceres, que durante las victorias rotundas del radicalismo en la década del 90 y del 2000 inclusive jamás abrió la boca para defender los derechos de las minorías, como lo hace desde 2015 cuando perdió el partido de sus amores e interpretó que para la categoría concejal no debe aplicarse el sistema D’Hont y sí la ley electoral. El caso es que los diputados opositores quieren hablar y quieren que se cumpla un fallo. La Corte, con una composición de cinco miembros, hay que recordarlo, votó por la incorporación de los candidatos radicales, medida que fue apelada por el peronismo con un elemento de suma contundencia: cuando se produjo la consagración de todos los candidatos (gobernador, diputados, senadores, etc.), no se notificó a los concejos deliberantes de la discordia -Tinogasta, Pomán, Aconquija, El Alto y Santa María- que Juntos por el Cambio había establecido una impugnación. Con esto y ya con la Corte completa -siete miembros- es posible que se aplique la teoría de los hechos consumados, otra práctica habitual de los radicales en los años de apogeo electoral.

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Que el gobernador Jalil, con clara mentalidad de empresario, es un hombre que exige efectividad de sus funcionarios, quedó ampliamente demostrado en sus ocho años como intendente de la Capital. Se cansó de cambiar y producir modificaciones entre los recursos humanos que posibilitaran mejores resultados de gestión. Ahora, desde el pináculo del poder, está haciendo lo mismo. Ya se deshizo de ministros y de varios funcionarios de nivel intermedio, mientras tiene en mente otras variantes que dependerán de los tiempos electorales que se avecinan. El último de los funcionarios que, después de más de un año, debió hacer las valijas fue el contador Raúl Cipolletti, que conducía la estratégica ARCA (Agencia de Recaudación de Catamarca), creada por Jalil para reunir los ingresos dinerarios de la provincia. En su lugar nombró a un conocido, el contador Gonzalo Figueroa, quien lo acompañara desde Rentas de la Municipalidad de la Capital.

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Otra renuncia que hizo ruido fue la del exdirector del Hospital de Niños “Eva Perón”, el doctor Miguel Morandini. Aunque este funcionario no quiso hablar de “fuego amigo” para explicar su salida, a nadie escapa que tuvo diferencias importantes con la ministra del área, doctora Claudia Palladino, a quien silenciosamente señaló como la persona que ponía escollos a su gestión. Morandini gozaba de la estima y valoración del gobernador, quien lo habría tentado de ocupar varias funciones, pero al parecer no se bancó el tutelaje de quien era su jefa y a la que, por razones elementales, le gustara o no le gustara, debía responder.

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Pronto se hablará del partido de Mauricio Macri en nuestra provincia. Es que el PRO del distrito tendrá elecciones internas el 30 de mayo y aunque la afluencia de votantes no sea desmesurada, se trata de la formación de un expresidente que todavía mantiene poder y tendrá influencia decisiva en los próximos comicios, a punto tal que podría encabezar la lista de diputados nacionales del sector. Aparte, aunque nadie lo afirme, participará de la nominación de candidatos de cada provincia, Catamarca incluida. Más allá del resultado de la compulsa interna, que hasta podría definirse por una lista de unidad, quien mantiene su propósito de disputar alguna candidatura importante es el exdiputado Carlos Molina, el único catamarqueño que integra la mesa nacional del PRO, cuya presidenta es Patricia Bullrich.

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Otro que no quiere quedarse fuera de la política es el diputado Hugo “El Grillo” Ávila, quien completará su mandato de cuatro años en diciembre próximo. Aparte de abrir una sede importante en el centro de la ciudad, el exintendente de Tinogasta se prende en cualquier controversia que pueda surgir. Lejos de las veredas oficialistas, carga contra todo lo que tenga que ver con el gobierno de Jalil o el anterior, de Lucía Corpacci. Hasta votó, a la par del radicalismo, la permanencia de Cáceres y Sesto de Leiva cuando conoce de sobra que son jueces truchos que violaron dos artículos de la Constitución. En la última semana buscó sacar réditos con el aumento de sueldos en Farallón Negro y seguramente lo mal informaron hasta hacerlo pifiar. Este diario, en forma exclusiva, hizo informes in situ de la mina y puede asegurar que los sueldos son muy buenos, al igual que las condiciones de trabajo. Pero más allá de sus posiciones políticas, discutibles por cierto, nadie le puede reprochar a Avila que no trabaja a destajo y, con una experiencia de más de treinta años, tiene merecimientos.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” de la fecha con el repaso de acontecimientos del pasado.

El 7 de diciembre de 1995 se producían asunciones en el Poder Judicial de Catamarca. El doctor Jorge Eduardo Avellaneda, después de dejar la defensa de Luis Tula dentro del Caso Morales, se hacía cargo del Juzgado Civil y Comercial de Primera Nominación e igual cometido cumplía Ernesto José Cano en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral. Reemplazaban a Nora Chayep y Cristina Casas de Terán, ambas ascendidas a camaristas.

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El 10 de diciembre del mismo año iniciaba su segundo mandato democrático Arnoldo Aníbal Castillo, que había ganado las elecciones de octubre a Ramón Saadi. Con un dejo de soberbia comentaba en aquella jornada “me hubiera gustado competir con Vicente Saadi. Ese era un peso pesado de verdad”. Nuevamente lo acompañaría como vicegobernador Simón Hernández, mientras tanto, el mismo día, reasumía como intendente de la Capital Eduardo Brizuela del Moral.