Por Natalí Risso

La provincia de Buenos Aires avanzó con el proceso sancionatorio de grandes empresas generadoras de más de una tonelada de residuos mensuales de los que no se hacen cargo, incumpliendo una ley provincial que rige desde el 1 de marzo. El proceso podría derivar en multas cuyas sumas rondarían los 30 millones de pesos a más de 600 sucursales de los supermercados Día, Carrefour, Toledo, Maxiconsumo y las cadenas de comida rápida Mc Donalds y Mostaza. 

Son las empresas que no cumplieron con la resolución 317/20 que establece que todos los comercios e instituciones generadores de más de una tonelada de residuos al mes en la provincia de Buenos Aires están obligados a ocuparse de la basura que generan. La normativa que comenzó a regir en marzo amplió la de 2014, que regía para un tipo muy específico de empresas en el AMBA. La actual lo amplió a toda la provincia de Buenos Aires e incluyó a algunos sectores que quedaron fuera de la primera, como el logístico, los edificios de estado provincial o municipal y las universidades. 

Un plan de gestión consiste en detallar cómo realizarán la separación de sus propios residuos en reciclables y no reciclables; a qué destino sustentable habilitado enviarán la fracción seca reciclable; de qué forma lo transportarán y qué tipo de acciones de sensibilización y capacitación en gestión sostenible de los residuos que establece la normativa realizarán a empleados, clientes y a la comunidad en general.

El director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo sostenible (OPDS) encargado de hacer cumplir la normativa, Juan Brardinelli, explicó que “para impulsar esta política pública organizamos desde la gestión provincial más de 40 mesas ambientales en municipios, de las que participaron funcionarios municipales, empresas de comercios y servicios, cooperativas de recuperadores urbanos, universidades nacionales”. El funcionario provincial señaló también que se concretaron “reuniones técnicas con cada cadena de supermercados para facilitar el proceso de inscripción, y contemplando los procesos de adecuación se extendieron los plazos de presentación al 30 de noviembre”. 

A pesar de este esfuerzo, fueron pocos los locales que se adecuaron a la normativa y muchos los que incluyeron cooperativas de reciclado en sus planes de gestión de residuos sin acordar previamente con las mismas.  Desde la puesta en vigencia de la Resolución 317/20, se presentaron y finalizaron un total de 361 de los más de 500 planes de Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos que esperaban.  

Muchos de los presentados "no estaban bien hechos, porque presentaban Destinos Sustentables sin acordar previamente con ellos. Es decir que no había consistencia entre los planes presentados y los destinos sustentables, ni acuerdo con las cooperativas recicladoras. Eran planes de escritorio sin un trabajo real ni en el establecimiento ni con el destino", explicó a PáginaI12 el director provincial de Residuos Francisco Suarez.

Por este motivo el OPDS inició el proceso sancionatorio impuesto por la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Ley provincial N° 13.592). El acatamiento de la norma fue previamente intimado mediante carta documento. En esta instancia se sancionó a 350 sucursales de supermercados Día, 92 de Mc Donalds, 70 de Mostaza, 67 de Carrefour, 37 de Toledo y 11 de Maxiconsumo. 

“En la actualidad, donde la temática ambiental está ganando cada vez más terreno y preocupación, resulta esencial que los grandes generadores se comprometan con la nueva normativa vigente, de manera de poder reducir los residuos y el daño que los mismos generan. Tanto en este tema, como en el proyecto de Ley de envases se busca que las grandes empresas se comprometan con la causa ambiental, esencial para reducir daños y dejar un mundo habitable en el futuro”, concluyó al respecto Ramiro Martínez uno de los fundadores de Creando Conciencia, la cooperativa dedicada al reciclado e inclusión social de ex cartoneros, y presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), que apoya la normativa.