El proyecto para que los presos sean obligados a trabajar que anunció el gobernador Alfredo Cornejo el lunes, ayer a media mañana fue presentado por el ministro de Seguridad Gianni Venier por mesa de entradas del Senado. Curiosamente el texto ingresado es una profundización de la conocida como “Ley Petri”, la 8.465 sancionada en 2012, que endurecía los criterios para las excarcelaciones.

Hoy, el radical Luis Petri es diputado nacional e impulsa una ley similar en el Congreso Nacional. En Mendoza, la iniciativa que se aprobó hace ya cinco años no se aplica a todos los alojados en cárceles de Mendoza. De acuerdo al texto remitido ayer por el Ejecutivo al Senado, de los 2.612 condenados que hay en las cárceles locales, sólo son alcanzados por la ley Petri 889 internos, aquellos que fueron condenados después de la sanción de la ley.

Los otros 1.723 condenados antes de la sanción de la 8.465 tienen el beneficio de que se les aplique la ley más benigna. Por eso, ayer todo el oficialismo salió a defender a capa y espada su proyecto y apuntaron al principal escollo para la aplicación de la Ley Petri: el juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento, quien ya había deslizado que la iniciativa de Cornejo tenía visos de inconstitucionalidad.

Sarmiento había sido en la gestión de Francisco Pérez titular del Servicio Penitenciario. De ahí dio el salto al Poder Judicial en 2013. Su cargo es juez de ejecución penal, es decir, el que se encarga de otorgar los beneficios y salidas a los presos. Ayer dijo que si el proyecto no incluye inversión, no se podrá aplicar.

Respecto del texto presentado, la novedad es que en el artículo 1 se declara la plena vigencia de la ley Petri para todos los reclusos alojados en cárceles de Mendoza, lo que significa en la práctica que Mendoza restringe su adhesión a la ley nacional 24.660, que en el mismo texto presentado ayer por Venier se indica que ha fracasado, a la luz de los resultados en la resocialización de los detenidos.

Casi como efecto colateral, se modifica el artículo 5 de la ley 8.465, que queda redactado así: “La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control judicial, en los casos en que así la ley lo prescriba. El Juez de Ejecución garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley, manteniendo la vigencia del derecho interno”.

La sutileza es que la nueva redacción es casi igual, salvo por la última aclaración: “Manteniendo la vigencia del derecho interno”. Esa frase cambia todo, al menos a entender del Poder Ejecutivo, puesto que se entiende que hay una esfera de acción que corresponde a la autoridad administrativa de los penales, en última instancia a la dirección del Servicio Penitenciario.

Ayer Venier decía que “dejamos el manejo constitucional al juez de ejecución. El manejo interno de los presos, corresponde al Poder Ejecutivo”.

Del resto, la polémica parece casi anecdótica. Por más que algunos referentes del peronismo hayan puesto algún reparo constitucional, resulta difícil oponerse (sobre todo teniendo en cuenta el ánimo social en torno a la inseguridad) a un proyecto que pretende poner como condición para obtener beneficios, como las salidas transitorias, que el interno haya tenido desempeño laboral.

La intención oficial es poner fuerte énfasis en que los internos trabajen y que eso sea condición para los beneficios y el acortamiento de la pena. Respecto de los procesados, el trabajo será opcional.

Actualmente, 1.260 internos son los que trabajan dentro de los presidios locales, de los 2.612 condenados. En total, sumando procesados, hay 4.600 presos en Mendoza.

El argumento legal que sostiene el avance legal sobre la ejecución de la pena es que Mendoza no delegó su facultad de administrar los penales y que por eso adhirió a la ley 24.660 en 1997 a través de la ley 6.513, adhesión que fue derogada por la ley Petri, parcialmente vigente para los condenados posteriores a 2012.

Para el resto se aplica directamente la ley nacional. Por eso es que el proyecto del Ejecutivo borra del artículo 1 toda mención de la 24.660 y ratifica la vigencia plena de la 8.465.

Venier estuvo ayer en la Legislatura precisamente con Petri, quien consideró que es grave que un juez de ejecución que va a aplicar esta ley “sin haberla leído, sin conocerla, salga a criticarla, como hizo el juez Sarmiento. Inevitablemente va a llevar a su recusación”. Luego, dijo que Sarmiento es “un alumno prolífico de Zaffaroni” y que “no aplica la ley provincial en lo que tiene que ver con las salidas transitorias”.

Cornejo se endurece: “Las cárceles no son un spa”

“No es fácil estar en las cárceles. No son un spa. Se priva de la libertad y se tiene que pagar por el delito que han cometido”, aseguró ayer el gobernador Cornejo al defender su último proyecto y luego aclaró que la propuesta que ha realizado “no es trabajo forzado. Se deben cumplir requisitos para obtener beneficios, se debe trabajar o estudiar”.

Cornejo dijo que hay legisladores que han tenido mayor profesionalismo, como el radical Luis Petri y el peronista Daniel Cassia, y que sus ideas han sido frenadas “por los mismos que hoy agazapados buscan excusas. No se animan a decir que ellos creen que no debería haber presos”.

Luego agregó que cuando presentó su ley de prisiones preventivas, se dijo que “era inconstitucional. Y nadie presentó ningún recurso en contra. Desde agosto que se está aplicando y ningún juez ha dicho que es inconstitucional”.

Sobre la infraestructura necesaria para que trabajen todos los internos de los penales, Cornejo dijo que hay 14 proyectos de infraestructura penitenciaria con una inversión de 2.200 millones de pesos que están en marcha y que este fin de semana se va a licitar la cárcel federal.

Además, dijo que habrá espacio para el trabajo en la proyectada cárcel de Almafuerte II, con 1.400 millones de pesos de inversión. “Está pensado profesionalmente. No es una ocurrencia más”, chicaneó.

Luego fustigó la supuesta resistencia del garantismo local: “Lo que estamos haciendo aquí es lo que muchas provincias no se animaban a hacer por imperio de Cristina Fernández y de la ideología ultragarantista y abolicionista: ejercer su propia facultad de regular la vida al interior de las cárceles”.

Dos miradas diferentes

Una vez conocida la idea de Cornejo, distintas voces autorizadas opinaron sobre el tema en declaraciones radiales. Uno de ellos fue Sebastián Sarmiento, actual juez de Ejecución Penal, que fue director del Servicio Penitenciario en la anterior gestión justicialista.

“Es un proyecto que va a estar condicionado a una fuerte inversión, porque si no, va a quedar en letra muerta. Actualmente, los talleres tienen muy poca capacidad y, aclaro, hay muchos internos que quieren trabajar”, señaló Sarmiento y dio un ejemplo: “En Boulogne Sur Mer, son 1.400 internos y los talleres tienen capacidad para 150 o 160 internos”.

Sobre el tema también habló Eduardo Orellana, actual director penitenciario: “Los talleres en las cárceles de Mendoza son bastante amplios. Hay que aumentar la capacidad de personas para trabajar. Hay que llevarla de 1.000 lugares de trabajo a 3 mil por lo menos. Hay 4.600 personas y no tenemos la capacidad de dar trabajo a todos, por eso el desafío es generar convenios” con organizaciones y empresas.