Por: Gabriel Marclé.

El proyecto que apunta hacia la expropiación de las hectáreas necesarias para ampliar el enterramiento fue aprobado por el oficialismo en soledad. Fuertes cuestionamientos de las bancas opositoras.

La jornada legislativa de ayer en el Concejo Deliberante exhibió una más de los tantos encuentros tensionados y conflictivos de la actividad parlamentaria local. Como ocurrió con otras temáticas como el transporte público o los polémicos contratos entre el Ejecutivo municipal y empresas de ex funcionarios provinciales, el Legislativo volvió a estar en el centro de la agenda política local por la aprobación de un paradigmático proyecto referido a la situación del Enterramiento Sanitario Municipal.

Al condimento especial de la sesión ordinaria del jueves se lo pusieron los vecinos del sector en cuestión, quienes desde hace tiempo vienen presentándose como escollos para el plan de manejo de residuos ejecutado por el Gobierno de Juan Manuel Llamosas. Hubo gritos, insultos y momentos de suma tensión que se dieron tanto fuera como dentro del recinto. Por supuesto, la oposición en Juntos por el Cambio aprovechó esta situación para ir a la carga contra el PJ.

El proyecto que se aprobó ayer declara de utilidad pública las diez hectáreas contiguas al vertedero de basura. Tras este paso, el municipio podrá avanzar en la expropiación del terreno para expandir un enterramiento del que tiempo atrás se pronosticó un límite de capacidad. Desde hace tiempo, el Gobierno trató con la familia dueña de estas hectáreas para avanzar en la ampliación, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. De hecho, la familia y demás vecinos del sector judicializaron esta situación con un amparo ambiental colectivo.

Esos mismos vecinos estuvieron ayer en el Parlamento local. María José Calvo, vecina presentante del amparo ambiental colectivo que está en la Justicia para frenar la continuidad del enterramiento, fue la voz cantante expresando que este proyecto “es un atropello” y que el Ejecutivo municipal “se está burlando de las normas ambientales”, afirmando que el enterramiento produce “profundos daños ecológicos”. Una vez comenzada la sesión, los mismos dichos se reproducían hacia adentro del recinto con algunos epítetos extra.

Defensa del proyecto

El bloque de Hacemos por Córdoba quedó en total soledad a la hora de defender el proyecto frente a los enardecidos vecinos y sus pares de la oposición. Aun así, la primera intervención del encuentro legislativo permaneció enfocada en darle un rápido tratamiento a esta cuestión, aun cuando las alocuciones de ediles opositores generaron una de las sesiones más extensas del año con casi 4 horas de tratamiento.

Armando Chiappe, presentador del proyecto desde su rol como presidente de la comisión de Gobierno, defendió el proyecto a capa y espada, negando que el enterramiento sea un basural a cielo abierto que no tenga controles. Además, expresó que los informes técnicos que se hicieron en el lugar brindaron argumentos suficientes como para acreditar el peligro ecológico de la planta, elemento que la Justicia tomaría para no dar lugar al amparo presentado por los vecinos. “Apoyémonos en los datos que nos provee la ciencia”, expresó.

En respuesta a la defensa de Chiappe, casi todo el bloque de Juntos por el Cambio (y también los de Política Abierta) expusieron en contra del proyecto. “Sin temor a equivocarnos, decimos que es un basural a cielo abierto”, manifestó el edil radical Carlos Ordoñez, el primero en la ronda de cuestionamientos que apuntaron contra la gestión Llamosas y el manejo de residuos. Entre los argumentos apareció la pendiente finalización de una planta de reciclado, condición que formaba parte del contrato que el municipio firmó con la empresa Cotreco.

Banca Ciudadana denegada

El grupo de vecinos del sector cercano al enterramiento solicitó ante el Concejo Deliberante la oportunidad de expresar sus argumentos y reclamos por medio de la Banca Ciudadana que dispone el Legislativo, pero el pedido fue denegado. “No nos sentimos escuchados por el Gobierno. Dijeron que habían agotado todas las instancias de dialogo, pero nunca escucharon lo que teníamos para decir. Están negando los derechos de los ciudadanos”, señaló uno de los vecinos que se manifestó en el Parlamento ayer por la mañana.

El bloque de Juntos por Río Cuarto solicitó ingresar al orden del día el otorgamiento de la banca del ciudadano a los vecinos. “Creemos que el espíritu de este Concejo debe ser escuchar a los vecinos. Es la casa del pueblo y cada ciudadano tiene el derecho de expresarse”, dijo Gonzalo Parodi, presidente de la primera minoría. La moción fue acompañada por el bloque Política Abierta, pero finalmente no tuvo lugar ya que la mayoría oficialista no votó a favor.

Los argumentos detrás de la negativa a otorgar la banca fueron brindados por el presidente del Concejo Deliberante, Darío Fuentes, quien explicó: “Hemos valorado que la normativa es clara respecto al uso de la banca. Una vez que el Concejo ha emitido despacho y el asunto está habilitado a su tratamiento, no corresponde que se otorgue el uso de la banca de ciudadano”. Mientras el titular del Legislativo afirmaba esto, los vecinos lo cercaron pidiéndole mayores explicaciones. Fuentes se giró e ingresó a la oficina del bloque peronista.