Según la oposición, el alperovichismo buscaba proscribir las postulaciones provinciales y nacionales derivadas del acuerdo entre el radical José Cano y el peronista disidente Domingo Amaya. Según el oficialismo, la intención era favorecer la transparencia electoral y evitar que los postulantes busquen un cargo público “a como dé lugar”, además de acabar con las “testimoniales”. Sobre la base de estos ejes giró ayer el debate respecto al proyecto de ley para prohibir las “dobles candidaturas”.

La iniciativa, aprobada por impulso del bloque Tucumán Crece, también establece que los dirigentes sólo pueden proponerse por una agrupación política. “Los precandidatos a cargos públicos electivos nacionales no pueden ser candidatos a cargos públicos provinciales. A sus efectos los precandidatos deberán presentar declaraciones juradas que manifiesten que no se encuentran incursos en esta inhabilidad”, señala el texto.

El proyecto fue defendido por el oficialista José León, quien llegó a su banca en 2011 luego de que el ministro del Interior Osvaldo Jaldo renunciara a su cargo como legislador, tras su postulación testimonial. “Este proyecto no quiere prohibir las dobles candidaturas. Lo que busca es responder a un reclamo de la sociedad, que pide transparencia y seriedad electoral”, relató el primo del gobernador José Alperovich.

Además, explicó que abarca tanto a quienes buscan presentarse simultáneamente para dos cargos provinciales, o para un cargo local y otro nacional. “Con esa estrategia, el precandidato amplía sus posibilidades y reduce las del electorado. Privilegia el hecho de buscar un cargo de cualquier modo, en lugar de que prevalezcan sus condiciones e idoneidad”, señaló. 

El opositor Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) apuntó que se necesita “una representatividad distinta”. “Nuestra ley electoral es vetusta y bochornosa. Tenemos 816 partidos políticos. Es un escándalo”, indicó, al exigir que se elimine la “Ley de Acoples”. A la vez, reclamó la instauración del voto electrónico, establecido por la Constitución provincial reformada en 2006, y la obligatoriedad de la realización de debates públicos. “Ahora aparece Alperovich, con un proceso electoral en marcha y plazos vencidos, tratando de cambiar las reglas del juego. Si fuese como dijo León, que servirá para la transparencia, estoy de acuerdo. Pero dificulto que esto pueda ser aplicado en este proceso electoral”, dijo. Y agregó: “el propio Alperovich hoy además de ser gobernador es senador suplente”.

El radical Ariel García consideró que se trata de una maniobra proscriptiva del oficialismo en contra de Cano. “Tienen miedo, por eso hacen esto. De hecho, Jaldo es el campeón de las candidaturas testimoniales”, disparó. E indicó que existen versiones de operaciones en el Poder Judicial para “garantizar” la aplicación de esta norma. “Que la vocal de la Corte Claudia Sbdar se fije muy bien, porque más allá de haber sido propuesta por el gobernador, nada es para siempre”, advirtió el radical.

La amayista Beatriz Ávila y el radical Fernando Valdez coincidieron en que “este tema no le interesa a la gente”. Y pidieron un debate profundo sobre inseguridad.

Roque Álvarez, titular del bloque oficial, contestó que no se trataba de una norma “proscriptiva”. “Es una valla de contención, como una pregunta por elevación: ‘¿qué querés ser, gobernador o diputado? No te hagás el pícaro”, lanzó.

Opositores y amayistas rechazaron la propuesta. Incluso, el demócrata cristiano anticipó la judicialización del asunto. El oficialismo, sin embargo, logró imponer su número y aprobó la norma.