Hace tres semanas fue procesado por ser el presunto jefe de una asociación ilícita que, a cambio de dinero, beneficiaba con resoluciones judiciales a imputados por narcotráfico. Ayer, el juez federal de Orán, en Salta, Raúl Reynoso, recibió un fuerte revés en su carrera judicial: el Consejo de la Magistratura lo suspendió en sus funciones y aprobó iniciarle un juicio político.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La decisión se tomó por seis votos positivos y una abstención en un plenario donde se trató un dictamen acusatorio aprobado en la Comisión de Disciplina y Acusación.

La causa que llevó a la suspensión y juicio político contra Reynoso se originó por una presentación que hizo David Mazzutti, quien denunció al juez federal de Orán por "atropellos e ilegalidades a sus derechos constitucionales al ordenar y hacer efectiva su detención el 24 de diciembre del año pasado -que se prolongó más de 20 días-, sin mediar requerimiento ni intervención del fiscal y sin resultar anoticiado de los motivos por los cuales se lo privó de su libertad".

La suspensión y el juicio político contra Reynoso fue aprobado con los votos de todos menos el representante del Poder Ejecutivo, que se abstuvo, y de los kirchneristas, que no estaban en el plenario pero sí estuvieron en la reunión de comisión.

El dictamen acusatorio fue elaborado por el consejero Luis Cabral, que junto con su par Adriana Donato va a oficiar como fiscal en el juicio político contra Reynoso.

"La intensidad de las faltas que aquí se reprochan constituyen fundamento suficiente para apartar al doctor Reynoso del ejercicio de la magistratura", sostuvo Cabral en el dictamen que presentó en la Comisión de Disciplina y Acusación.

En el plenario del Consejo de la Magistratura, Cabral explicó que "se trató de la actuación de un juez fuera de la órbita jurisdiccional, instruyendo una causa donde el mismo era el damnificado".

"Pero la gravedad de la conducta desplegada por el doctor Reynoso no se proyecta sólo por sobre la persona de Mazzutti, quien fue ilegalmente privado de su libertad, pues el modo en el que el magistrado ha resuelto el inicio e impulso de la investigación penal generó un supuesto de vasta gravedad institucional al impedir la intervención del Ministerio Público Fiscal y con ello la consecuente frustración de sus cometidos constitucionales esenciales. Precisamente el Ministerio Público Fiscal ha sido incorporado dentro del sistema de reparto de roles y funciones de gobierno para evitar que se confunda sobre la misma persona el ejercicio de las facultades requerientes y dirimentes", sostuvo Cabral en su dictamen acusatorio.

En varias entrevistas periodísticas, Reynoso afirmó que Mazzutti era una persona que había ido hasta su casa de Orán para amenazarlo.

Según explicó Cabral en su dictamen, "el denunciante destacó que luego de reiterados pedidos de libertad, el magistrado se inhibió de seguir entendiendo en el expediente, motivo por el cual continuó con el trámite el juez federal de Salta Julio Bavio, quien declaró la nulidad de todo lo actuado y dispuso su inmediata libertad".

Bavio es el mismo magistrado que el 1° de este mes procesó con prisión preventiva (que no puede hacerse efectiva por los fueron que tiene como magistrado) a Reynoso.

La medida no sorprendió. La semana pasada, los fiscales Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Eduardo Villalba ya habían solicitado el procesamiento del magistrado de Orán que hasta hace poco era considerado un adalid en la lucha contra las drogas, opinión que, incluso, hizo pública la ex presidenta Cristina Kirchner en abril pasado.

"Dirigía y coordinaba"

"Reynoso dirigía y coordinaba la asociación de carácter estable, con soporte estructural, división de roles, regulación interna de las facetas de organización, liderazgo, con la capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita", habían sostenido en un dictamen los representante del Ministerio Público.

Para Bavio, Reynoso cobraba a sus imputados "una tarifa, que puede considerarse estándar, de $ 500.000", aunque "en otros casos, las sumas habrían sido sideralmente mayores". Se cree que, para beneficiarlo y permitirle evitar quedar preso en Salta, le habría cobrado US$ 350.000 al transportista boliviano José Luis Sejas Rosales, capo de la logística del transporte de cocaína desde Bolivia hacia la Argentina. Otro sospechoso le habría entregado un campo de 700 hectáreas.

Raúl ReynosoJuez federal

David Mazutti lo denunció por "atropellos e ilegalidades a sus derechos constitucionales". Este expediente llevó a que la Magistratura decidiera la suspensión y el juicio político para el magistrado federal de Orán

Procesamiento

Además, el juez federal de Salta Julio Bavio lo procesó por ser el presunto jefe de una asociación ilícita que, a cambio de dinero, beneficiaba en resoluciones a supuestos narcos

Con la colaboración de Paz Rodríguez Niell