La modificación al Régimen de expropiaciones que impulsó el oficialismo con el argumento de que agilizará la tramitación y la ejecución de obra pública, por ejemplo la finalización de la autovía de la ruta 36, no generó el consenso que la semana pasada concentró la también polémica ley de ambiente.

En esta oportunidad, la oposición completa (excepto el bloque unipersonal que integra el legislador Rubén Borello) le dio la espalda a la ley que genera un mecanismo a través del cual el Estado podrá tomar posesión más rápidamente de inmuebles afectados a la realización de obras viales, de tendidos eléctricos, canales acuíferos, gasoductos, etcétera, cuyos propietarios no acuerden los términos de la expropiación.

Se trata, según argumentaron los parlamentarios Mario Vázquez y Carlos Gutiérrez (Unión por Córdoba), de una herramienta que permitirá, por ejemplo, acelerar la liberalización de la traza de la autovía de la ruta 36, cuyas expropiaciones están demoradas por los planteos judiciales de algunos de los propietarios de los campos expropiados.

En concreto, se incorporó al Régimen de Expropiaciones de la Provincia un artículo que establece que “el expropiarte (por caso, el Estado provincial) podrá consignar a cuenta del precio final que fijará el Consejo General de Tasaciones de la Provincia, el importe de su valuación fiscal -o su cuota parte proporcional- con más hasta un treinta por ciento ante el Juez competente, quien otorgará la posesión y ordenará la inscripción referida en el artículo 20 -in fine- de la presente Ley. Determinado el valor definitivo por el Consejo General de Tasaciones de la Provincia el expropiarte deberá integrar el saldo del precio -si lo hubiere- en un plazo no mayor a 15 días”.

“En la actualidad –argumentó Vázquez– las demoras en los trámites de las expropiaciones generan inconvenientes de todo tipo, desde logísticos hasta económicos que terminan pagando todos los cordobeses”. Su compañero de bancada, Gutiérrez, fue más político en su fundamentación; y, al tanto del rechazo opositor, acusó a los bloques de la minoría de querer que la obra de la autovía a Río Cuarto no se realice.

Fernanda Leiva, del Frente Cívico, dijo que la norma aprobada era inconstitucional y “una burrada jurídica” que provocará “demandas millonarias”. Cuestionó que se utilice el argumento del apuro por terminar obras “cuando Unión por Córdoba pasó 14 años en el Gobierno sin hacer lo que tenía que hacer”.

El radical Anselmo Bruno fundamentó el rechazo de su bloque. Consideró que la Provincia ya tiene los mecanismos legales necesarios para expropiar y aseguró que las demoras están en el Tribunal de Tasaciones. Tildó de “ridículo” proponer que se les pague a los expropiados sólo el valor fiscal de sus propiedades, “cuando todos saben que hay un atraso de 10 años en la actualización del valor de los campos”.

Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal) también votó en contra. Dijo que el proyecto responde a la “siempre improlija idea del Gobierno de avanzar en obras sin plata, sin pagarlas, para que las paguen otros”. Pronosticó que las demandas que generará el nuevo sistema llevarán a la Provincia “a terminar pagando el triple de lo que vale cada expropiación”.

Cintia Frencia (Frente de Izquierda) dijo entender que “hay que ponerle freno a un proceso especulativo particular (el de algunos propietarios de campos) ante el interés público; pero la modificación podría afectar a otros sectores que no tienen poder ni recursos, como los propietarios de vivienda única”.

El socialista Roberto Birri también votó en contra con similares argumentos.

Un cambio muy discutido

Carlos Gutiérrez (Unión por Córdoba). “La Provincia se hizo cargo de obras que la Nación no pudo, no supo o no quiso hacer. Pero hay quienes demoran esas obras. Parece que la oposición no quiere la autovía de la ruta 36”.

María Fernanda Leiva (Frente Cívico y Social). “Lo que se aprobó es una burrada jurídica que provocará demandas millonarias. Dicen que están apurados por terminar obras que tenían que estar hace una década”.

Anselmo Bruno (Unión Cívica Radical). “Es ridícula la propuesta de pagar a los expropiados el valor fiscal de sus inmuebles cuando todos saben que hay un atraso de 10 años en la actualización de los valores de campos”.