Las erogaciones alcanzan a $ 64.015.054.619 y estiman en $ 58.557.200.890 el cálculo de recursos destinado a atender tales cifras.
“Es un presupuesto de emergencia para una provincia que está en emergencia” dijo César Biffi, presidente de la bancada radical de Diputados, refiriéndose a la norma que este viernes tratarán los senadores. En pocas palabras resumió la grave situación en la que está la provincia mientras que la justicialista Silvia Ramos, jefa de los diputados de su partido, respondió que “les dimos las herramientas para cerrar todas las cuentas, ahora que no nos vengan a llorar a nosotros”.
Al mismo tiempo, Héctor Fresina, del FIT, apuntó que “no hay plata para los trabajadores pero sí 570 millones de pesos para subsidiar a las empresas de transporte”.
La discusión presupuestaria se da en un marco muy especial: es el primero de la gestión de Alfredo Cornejo que hace un mes asumió como gobernador y se da en un escenario en el que con muchas dificultades pueden pagarse con cierta normalidad los salarios municipales. Ya hubo un primer remezón con los aumentos de precios en noviembre mientras que todos esperan que la competitividad ganada por la reciente devaluación no se pierda por efectos de la inflación.
Este presupuesto contempla una pauta inflacionaria del 22 por ciento para todo el año. En realidad, dijeron desde la oposición, Cornejo logra poner un techo a la negociación paritaria con los gremios de los trabajadores estatales.
Los datos
Las erogaciones reales están determinadas en $ 64.015.054.619), en tanto que se estiman en $ 58.557.200.890 el cálculo de recursos destinado a atender tales erogaciones.
La amortización de la deuda está fijada en $4.622.000.000, y se faculta al poder Ejecutivo a hacer uso del crédito en los términos del artículo 60 de la ley 8706 para atender el déficit del presupuesto 2016, hasta la suma de $ 5.023.396.871.
El dinero se reparte entre los rubros más importantes de la siguiente manera: el 38,67% de los recursos se destinan a Educación; el 22,35% a Salud y el 14,62% a Seguridad.
El oficialismo se defendió diciendo que “se necesita hacer uso del crédito para hacer frente al déficit” y que aunque lo ideal sería destinarlo a bienes de capital, “en esta oportunidad será destinado a los servicios esenciales de la provincia”.
Algunos argumentos
César Biffi dijo que este presupuesto demuestra “la decisión del gobernador de recuperar el control fiscal ante el caos administrativo que dejó el otro gobierno”. Insistió en que “es el resultado de años anteriores, es un presupuesto posible en una situación heredada”.
Hizo una comparación de Mendoza con la película de los pescadores de la tormenta perfecta y detalló: “Mendoza venía esquivando las olas hasta que llegó la tormenta y al final el barco se hundió”.
Desmintió a los justicialistas sobre que el déficit estructural nació hace varios gobiernos atrás. “Ese déficit comenzó en el 2009” destacó y pidió “ una discusión en serio”.
Por su parte, la justicialista Silvia Ramos destacó que “les hemos dado las herramientas para que cierren todas las cuentas holgadamente. Ahora no nos tienen que llorar a nosotros”.
Pegó duro cuando afirmó que “aprobamos el presupuesto para que puedan gobernar”. Destacó dos cosas: “les autorizamos a endeudarse por 5.023 millones de pesos para enfrentar el déficit y 10.600 millones de pesos para consolidar deuda”.
Observó que “nos parece que no está bien que haya muy poca plata para la producción y la obra pública pero primero quieren equilibrar las cuentas “.
Héctor Fresina, del PO-FIT, indicó que “este presupuesto niega las necesidades de los sectores más humildes y vulnerables de la sociedad”. Adelantó que “la obra pública se paralizará” sobre todo la “urbanización de villas y barrios populares” al tiempo que estimó que el texto supone un “ataque a las condiciones laborales de los trabajadores estatales al fijar la inflación por debajo del 22 por ciento”.
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