La menor fue citada por el fiscal penal de General Güemes, Ramiro Ramos Osorio, a fin de conocer esta situación con más precisión, como así también para informarle sobre las medidas de protección dispuestas desde la fiscalía.

En esta circunstancia, según trascendió, la menor reconoció que mintió en su primera declaración, tal como lo había afirmado después de que se conociera el requerimiento de juicio en contra del ex intendente de El Bordo, Juan Rosario Mazzone.

Asimismo, la menor sostuvo que recibió un llamado de un hombre que la citó a una reunión en la cual estarían las cinco presentes en la casa de Mazzone, en el paraje La Ramada, oportunidad en la que hubo escenas de índole sexual y en las cuales se tomaron fotografías que luego salieron a luz en las redes sociales y generaron un escándalo de repercusión nacional.

La menor sostuvo que el interlocutor no se identificó, ni tampoco lo reconoció por la voz, sino que concluyó su mensaje con una amenaza que ponía en riesgo su vida y la de las otras menores.

La menor, quien fue acompañada por su madre, se mostró conforme con la consigna ambulatoria y la orden de prohibición de acercamiento dictada a Mazzone y los remiseros, Manuel Santiago Amador y Elías Valdez, los otros dos imputados junto al ex intendente intervenido.

Según trascendió, la menor reconoció no sólo que mintió en su primera declaración y que lo hizo a pedido de uno de los remiseros, quien habló en nombre de Mazzone, sino también brindó otros detalles de lo sucedido en la casa de Mazzone cuando el ex intendente fue fotografiado en calzoncillos con las adolescentes. 

Detención en puerta. A partir de lo declarado por la menor ayer, la fiscalía no descarta la posibilidad de solicitar la detención de Mazzone y los remiseros acusados, sobre quienes existen sospechas de ser los autores de los actos de intimidación expuestos por la menor.

Los artículos 102 y 291 del Código Procesal Penal prevén medidas inhibitorias u ordenatorias, las que incluyen la detención del imputado, cuando su accionar es dirigido a generar temor o poner en riesgo la situación de los testigos.

En vista de no poseer antecedentes penales, Mazzone, Valdez y Amador gozan de libertad provisoria debido a que el mínimo en la escala penal por corrupción de menores, que va de tres a diez años de prisión, permite que en el debate el acusado reciba una pena de ejecución condicional.

No obstante, y ante lo trascendido ayer la situación de Mazzone podría verse mucho más complicada debido a las intimidaciones que las menores habrían sufrido tras el escándalo, sobre todo luego de que la fiscalía elevó a juicio la causa.