Cambiemos “no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral”, concluyó el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla luego de brindarle a la alianza que conforman el PRO, la UCR y la Coalición Cívica una segunda oportunidad de transparentar los recursos y gastos de su campaña bonaerense para las PASO de 2017, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal era además presidenta del PRO en esa jurisdicción.

El magistrado desaprobó los informes finales de recursos y gastos de aquella campaña, ordenó que se extraigan testimonios de todo lo obrado para que se inicien “actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito” y sancionó con multas a los espacios que conforman Cambiemos, no sin reparar en la potencialidad económica de cada uno: 3.246.965 de pesos al PRO; 990.599 cada uno a la UCR y la CC; en tanto los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fé, del Diálogo y Movimiento Social por la República recibieron sanciones pecuniarias por 34.395 pesos.

Se trata de la causa en la que se investiga si el gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña en territorio bonaerense, para las listas que encabezaban Graciela Ocaña para diputados y la dupla Esteban Bullrich-Gladys González para el Senado.

El caso se conoció por una nota periodística difundida en 2018 en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña de Cambiemos, que gobernaba en Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. Esas personas –llegaron a detectarse a miles– figuraban como afiliados al PRO que habían hecho aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre 350 y 1.500 pesos.

En el fallo, el juez afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña “no coincidía” con la aportada por la Dirección Nacional Electoral. Remarcó que de acuerdo a los peritajes el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y que cuando los peritos cruzaron datos de supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores “los DNI no se correspondían”.

La auditoría cruzó los datos con la base de monotributistas de AFIP y descubrió 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales. Detectó que 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos”.

En paralelo detectó 209 personas “que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses”: aportantes que presuntamente donaron 20.000 pesos percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales); otros que figuran con 17.000 pesos cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH). La Justicia Electoral tomó nota de que “muchas de las personas declaradas en el informe” de Cambiemos “rechazan haber realizado el aporte informado”.

Por otro lado, se objetó que la coalición no haya informado gastos en honorarios de asesores “como el señor Jaime Durán Barba, quien según fuentes periodísticas cobra entre 300 y 400.000 dólares por campaña”. Los peritos de la CNE cuestionaron el faltante de detalle sobre propaganda en vía pública, internet y redes sociales. Ramos Padilla recordó que se pidió a Cambiemos que subsane todas esas observaciones, tras lo cual esa fuerza presentó nuevos informes de campaña.

Aparecieron entonces nuevas denuncias de personas que negaban haber sido aportantes, por lo que se dispuso una nueva pericia de la CNE y en base a esos datos se emitió un nuevo dictamen “teniendo en cuenta la versión rectificada de los informes finales”.

Según los peritajes, el macrismo reemplazó o excluyó a unos 1.500 aportantes “sin brindar justificación alguna”. Rectificó rendiciones de cuentas pero “existe incertidumbre en la información brindada". Sobre 37 personas citadas “sólo 15 confirmaron el aporte” y el resto lo desconoció. Los auditores concluyeron en su segundo trabajo que “la información presentada por la agrupación no resulta confiable, por lo cual no se encontraba debidamente acreditado el origen de los fondos declarados”.

El resto de las observaciones –gastos operativos de campaña, pago a asesores y publicidad– no fueron subsanadas, por lo que los peritos concluyeron que “subsistían observaciones significativas en los informes finales de campaña, principalmente en lo relativo a los ingresos privados de personas físicas, en los que no se acreditó debidamente el origen de los fondos”.

Ramos Padilla tuvo en cuenta que el representante del Ministerio Público Fiscal también recomendó no aprobar el informe de gastos y que en la causa se recabaron testimonios y denuncias de 98 personas, 79 de las cuales negaron haber sido contribuyentes. Así, el magistrado rechazó la rendición de gastos porque Cambiemos “no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral”.

La causa de los “aportantes truchos” fue uno de los más resonantes escándalos políticos durante las gestiones de Macri & Vidal. Si bien en un primer momento Vidal intentó esquivar las acusaciones, luego asumió la gravedad de la denuncia y desplazó a su secretaria de Legal y Técnica, María Fernanda Inza, quien como tesorera del PRO era la encargada de manejar las cuentas del partido durante la campaña de 2017.