La justicia electoral federal de la Provincia de Buenos Aires comprobó “al menos 79 casos” de aportantes truchos a la campaña proselitista de Cambiemos para las elecciones de 2017. Casi un lustro después de la denuncia, que en cualquier otro escenario debió genera un escándalo de enormes dimensiones políticas, el juez Alejo Ramos Padilla determinó que «son las numerosas irregularidades descriptas y vinculadas a los aportantes privados los que impiden categóricamente aprobar los informes presentados por la agrupación» en su rendición de cuentas sobre cómo financió su campaña en territorio bonaerense. Y dispuso, además, “investigar la posible comisión de algún delito penal”. 

La Justicia electoral platense decidió multar al partido PRO con 3.246.965,53 pesos; a sus socios mayores en la coalición, la UCR y la Coalición Cívica – Ari, con 990.599,65 pesos a cada uno, y a los socios menores (Partido Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Ucedé, Espacio abierto para el Desarrolla y la Integración Social, Fe, Partido del Diálogo, Movimiento Social por la República), con 34.395,82 pesos por fuerza. 

Ramos Padilla tenía los elementos y las pruebas para sacar esta resolución a finales del año pasado, en pleno proceso electoral. Pero prefirió pulir los detalles y demorar el fallo para despegarlo de cualquier intencionalidad política que pudiera atribuírsele.

A lo largo de medio centenar de páginas, el ex juez federal de Dolores concluyó que “se pudieron constatar -al menos- 79 casos de personas que, mediante denuncias o declaraciones testimoniales, negaron haber realizado el aporte declarado por la agrupación” Cambiemos Buenos Aires, tal el nombre que por entonces tenía el oficialismo en los principales distritos electorales de la Argentina.

¿Quiénes eran esos aportantes truchos?, ¿sabían que estaban cometiendo un delito electoral y lo hicieron adrede?, ¿o fueron estafados en su buena fe y ni siquiera tenían conocimiento de lo que figuraba en los papeles?

La resolución responde a cada una de esas preguntas: “muchas de las personas negaron haber realizado voluminosos aportes eran beneficiarios de planes sociales -AUH, Plan Hogar (garrafa a precio subsidiado) monotributo social-, trabajaban para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o eran monotributistas cuyo aporte excedía su límite de facturación mensual”.

“Se constató que la agrupación libró recibos a favor de dichas personas, que incluían datos personales como Cuil y dirección, y fueron presentados en este tribunal”.  Cuando una investigación periodística de Juan Amorín dejó al desnudo ese sistema de financiamiento ilegal, tan perverso como antiguo, Cambiemos intentó emprolijar la situación. “La agrupación realizó tres rectificaciones masivas, donde excluyó a más de 1.400 aportantes, e incluyó a más de 300 nuevos aportantes”. Pero “no brindó ninguna explicación de cuáles fueron los errores que llevaron a realizar dichas rectificaciones, no explicó quiénes fueron los responsables de dichos errores, cómo se produjeron, en qué momento se detectaron, por qué ocurrieron, cuáles fueron las bases de datos involucradas”.  Para colmo, “tampoco anuló los recibos de los aportantes excluidos” y “excluyó a personas que habían ratificado el aporte”.

¿Por qué hizo eso? Según la resolución de Ramos Padilla, “se verificaron irregularidades en algunas de las personas que ratificaron el aporte, como por ejemplo, el hecho de que quienes ratificaron el aporte lo hicieron varios años después de presentados los informes contables”. 

Aclarado que los aportantes no estaban en capacidad de contribuir a promocionar las candidaturas de Esteban Bullrich y Gladys González, quienes finalmente ganaron la elección para senadores nacionales por la Provincia de Buenos Aires, la auditoría ordenada por el juzgado buscó determinar de dónde provenían esos fondos.

“Se constataron diversos casos que, a criterio del perito, constituyen aportes indirectos prohibidos, ya que se vinculaban con personas pertenecientes a una misma empresa con cargos jerárquicos y que aportaban exactamente el mismo monto dinerario”. Empresas y particulares que, presuntamente, no querían aparecer como los verdaderos financistas de Cambiemos. La investigación penal que dispuso Ramos Padilla deberá centrarse en ellos.