El conflicto entre el intendente de Simoca, Marcelo Herrera (FpV), y ex empleados del municipio fue resuelto ayer, al menos en forma temporal. El escenario de la negociación definitiva, sin embargo, no fue la Intendencia simoqueña, sino la Legislatura. Y la herramienta para destrabarla, las controvertidas “ayudas sociales a personas”.

Dos representantes de los trabajadores se reunieron ayer con el vicegobernador,Osvaldo Jaldo, y el legislador Luis González (UCR), ex jefe municipal de Simoca. Allí, decidieron apelar a la partida mediante la cual los parlamentarios reciben sumas discrecionales en forma mensual, para acercar lo que les había ofrecido Herrera a lo que pretendían los manifestantes.

En el encuentro, los ex empleados acordaron trabajar en forma jornalizada para el municipio, como les había ofrecido la semana pasada Herrera. González, por su parte, se comprometió a utilizar parte de los fondos que recibe en concepto de gastos sociales para completarles el salario.

De esta manera, los manifestantes pusieron fin al plan de lucha que habían iniciado a fines de diciembre, luego de que el intendente Herrera comunicara que no renovaría 78 contratos temporales. 

El actual jefe municipal argumentó que se trataba de nombramientos realizados por su antecesor, el propio González, con fines políticos. Los trabajadores, en tanto, aseguraron que la mayoría de ellos llevaba años desempeñándose “en negro” en el municipio.

“Se logró el principio de acuerdo para que puedan empezar a trabajar en la Municipalidad. Yo hago un aporte desde de lo que manejo dentro de la Cámara”, indicó González. Al ser consultado si se refería a dinero destinado a gastos sociales, el radical respondió: “Sí”.

A fines de la semana pasada eran 40 los ex contratados que sostenían la protesta. El resto había aceptado el ofrecimiento inicial del jefe municipal.

Detalles del acuerdo

“Entre lo que nos pague la Municipalidad y lo que aporte la Legislatura completaremos un sueldo mensual de $ 6.000”, afirmó Hugo Aráoz, quien representó a los ex contratados en la reunión junto a Carlos Mores. 

En principio, esta modalidad continuará hasta marzo, mes en el que comenzará el plan “Manos a la Obra”, mediante el cual se creará a través del Ministerio del Interior de la Provincia puestos de trabajo en municipios y comunas. A partir de esa fecha, los ex contratados serían incluidos en ese plan social, que prevé remuneraciones de entre $ 1.257 y $ 5.588.

“Accedimos a ingresar en el plan, pero el compromiso es encontrar la forma de que recuperemos los contratos que se vencieron a fin de año”, agregó.

Intervención

El titular del Poder Legislativo habría tenido un rol fundamental en el acuerdo, según consignaron los trabajadores. “Jaldo fue el que habló con el intendente”, aseguró Aráoz. Sin embargo, el propio Jaldo minimizó su participación. “El que se encargó de todo fue el legislador”, dijo, haciendo referencia a González.

Los ex contratados recibieron el llamado desde la Legislatura el viernes, mientras llevaban a cabo por segundo día consecutivo un corte total en la ruta nacional 157, cerca de uno de los ingresos a Simoca. 

“La situación se había agravado. Estaban cortando una ruta importante, con los problemas que eso genera a los vecinos. Era necesario hacer un esfuerzo para lograr el acercamiento”, sostuvo el vicegobernador.