La Sala I de la Cámara Federal dijo que el juez le dio “un direccionamiento erróneo” al caso. Y se lo pasó al juez Martínez de Giorgi. Así, todo volverá a foja cero, luego de dos años de investigación.
Para dejar la causa a “fojas cero”, la Cámara le apuntó a los “defectos” formales que tuvieron las imputaciones contra todos los imputados. El fallo hace hincapié en la “deficiente o incompleta descripción” de los hechos atribuidos, lo cual tiene implicancias directas sobre la defensa de los imputados y sus derechos. Al anular las indagatorias, también perdieron validez los procesamientos y todos los embargos decretados contra los imputados.
Aunque los organismos de control y el propio Gobierno determinaron que se transfirieron subsidios por más de $ 1.126 millones, para la Cámara todavía no está claro “cuánto dinero habría recibido la Fundación, qué parte del mismo habría sido desviado ni cuál ha sido su destino final”.
Los jueces le apuntaron a cuestiones supuestamente centrales de la acusación contra Sergio Schoklender, como la compra de dos aviones a nombre de la constructora Meldorek, con la cual el ex apoderado planeaba independizarse de las Madres. Para la Cámara, no está probado hasta ahora la vinculación de ese hecho con el desvío de fondos.
En una resolución de 46 página, los jueces también hablaron de una “investigación defectuosa que, ya desde sus inicios, evidenció un direccionamiento erróneo -o bien, la ausencia del mismo-, que alertaba sobre el riesgo del fracaso de la pesquisa”.
La defensa de Pablo Schoklender festejó la resolución, aunque advirtió que puede alargar los tiempos de la causa. “Tenemos una sensación ambigua, la Cámara nos dio la razón en muchos de los planteos que habíamos hecho hasta ahora pero lo cierto es que empezamos de cero, falta mucho tiempo para que este caso sea resuelto”, le dijo anoche a Clarín Pablo Slonimsqui. Y aseguró que su cliente “estaba “contento” con el fallo.
La Cámara ya había criticado duramente la actuación de Oyarbide en varias oportunidades. La última vez fue en marzo de este año, cuando excarceló por segunda vez a los hermanos Schoklender y al contador Alejandro Gotkin, que estuvieron detenidos en total más de 60 días.
Los tres estaban procesados por los delitos de defraudación al Estado, asociación ilícita y lavado de dinero. En total, Oyarbide había procesado a 44 personas. Entre los beneficiados siempre estuvieron María Alejandra Bonafini, la hija de la titular de Madres Hebe de Bonafini, y el financista Fernando Caparrós Goméz, dueño de Monetización.
Farah y Ballestero objetaron la calificación de los delitos que impuso Oyarbide, comenzando por el de “asociación ilícita” por entender que “la descripción allí incluida no alcanza a satisfacer los requerimientos típicos del delito”. “El juzgador -agrega el fallo- tampoco ha explicado las características del acuerdo” que habría existido entre más de sesenta procesados.
Además de anular las indagatorias, la Cámara decretó ayer el sobreseimiento de Marcelino Sánchez (ex socio de Schoklender), Alberto Marcelo García, Daniel Marcelo Gillert y Eugenio De Falco, quien tuvo un cargo en la Fundación y es el hermano del dueño de la financiera Trade Travel, ubicada a metros de la Fundación.
Comentá la nota