La Cámara de Diputados nunca envió al Senado la ley de responsabilidad penal empresaria reescrita y aprobada en la sesión del miércoles pasado, porque recién el fin de semana terminó de redactarse y Emilio Monzó no está para firmarla.

Ocurre que el proyecto fue modificado hasta el infinito en el debate en particular y los técnicos de la Cámara necesitaron varios días para encontrar una versión fidedigna.

Aun así, como anticipó LPO, la Comisión de Asuntos Penales del Senado, presidida por el peronista Pedro Guastavino, recibirá mañana a las 15 horas al ministro de Justicia Germán Garavano para hablar del proyecto, pese a que nunca llegó a sus manos. Advertidos, los funcionarios de la Comisión aclararon en la convocatoria que no será un tratamiento formal.

Según informaron a LPO desde Diputados, la versión final de la ley terminó de ser redactada esta mañana, pero no pudieron remitirlo a la Cámara vecina debido a una vieja resolución de Eduardo Camaño, que obliga a tener el aval del presidente de la Cámara para sacar cualquier papel del palacio. Y al menos hasta esta tarde, no había señales de contar con la firma de Monzó.

"Si hoy llega lo firma y lo enviamos, sino deberá esperar", repetían en las oficinas de la dirección legislativa de Diputados, aun con los ojos cruzados por rescribir el proyecto que se redactó a los gritos en el recinto, con infinidad de cambios.

Fue así porque Cambiemos decidió emitir dictamen en minoría y jugarse a todo o nada en la sesión, donde la oposición se unió para discutir cada párrafo en tiempo real, una escena poco común, porque los líderes parlamentarios suelen evitar ese caos.

El proyecto fue enviado en octubre como reclamo de la Ocde para combatir el delito trasnacional, pero mutó ante el escándalo del caso Odebrecht, porque la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso obligó a los diputados a incorporar un artículo que le permitía al procurador del Tesoro tomar declaración a los ejecutivos brasileños. La oposición lo rechazó.

La redacción final no pudo ser la más prolija pero, además, en Cambiemos encontraron artículos contradictorios que hacen imposible su tratamiento normal en el Senado.

Apuntan a la elevación de los delitos por corrupción a 4 años de cárcel (para que no sean excarcelables), que iría a contramano de los aspectos iniciales de la ley.

La suba de la penas por corrupción y la imprescriptibilidad para delitos en la función pública fueron incorporados en el último de los intervalos pedidos el miércoles por Cambiemos, para afinar una negociación que nunca encauzó a su favor.

La urgencia del Senado para tratarla tiene su explicación: la semana próxima empieza el receso de dos semanas en el Congreso y si Guastavino no lo pone sobre la mesa esta semana, en la Casa Rosada no tardarán en acusarlo de cajonearlo.

Fue lo que ya hicieron los senadores con la ley de extinción de dominio, que busca retener los bienes originarios de delitos, aprobada en diputados y nunca tratada en el Senado. Miguel Pichetto buscó negociar cambios con Massa. No lo atendió.