Por: Marcelo Di Bari

A través del decreto 1020/24, el presidente Javier Milei dispuso el cierre del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). La medida fue tomada “en el marco del proceso de ordenamiento de las cuentas públicas” y en busca de “otorgar mayor transparencia y control de los gastos”, según el comunicado emitido por la Casa Rosada.

En un ataque de “motosierra profunda”, como gusta decir el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el gobierno adujo que las tareas del Enohsa se superponen con las que realiza Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, que ahora se encargará de centralizar todos los trabajos del área.

Sin embargo, un vistazo a las misiones y objetivos de ambas dependencias da cuenta de que se trataba de áreas diferentes. “La Subsecretaría de Recursos Hídricos ejecuta proyectos relacionados con obras hidráulicas, concesiones de obras hídricas y la adaptación a eventos climáticos extremos”, dice la información oficial publicada en la web del Ministerio de Economía. En cambio, el Enohsa “se ocupa de planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país, a la vez que controla la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento”, según se lee en otro apartado del mismo sitio.

Entre las de mayor envergadura de los últimos tiempos, se cuentan la ampliación de las redes de agua potable para los municipios de General Pueyrredón, en la provincia de Buenos Aires (86 mil beneficiarios), la planta potabilizadora de Puerto Iguazú, en Misiones (30 mil usuarios nuevos) y la planta cloacal de Catriel, en Río Negro (24 mil personas conectadas).

Sin embargo, a comienzos de año la mayoría de las obras se frenaron y tal como contó Tiempo hace un mes, sólo continuaron unas pocas en Córdoba, la provincia de origen de Bartolomé Heredia, el economista con un master en finanzas en la Universidad de San Andrés (cuyo cuerpo docente integra el ya citado Sturzenegger) que fue nombrado por el gobierno libertario como administrador del Ente.

Fuentes gremiales estimaron que entre 2019 y 2023 el Enohsa permitió que más de 2,5 millones de personas pudieran acceder por primera vez al agua potable, y más de 3,1 millones fueron beneficiadas con el acceso al saneamiento. Los números son significativos en un país donde en líneas generales un 20% de la población no tiene agua potable y un 40% carece de cloacas, proporciones que en el interior del país se hacen más altas.

A pesar de todo ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, embarró la cancha y calificó al Enohsa como un “centro de corrupción”. En una entrevista, detalló que “en la Subsecretaría de Servicios Hídricos había 184 obras. En el Enohsa había casi 1500. Se centralizan las obras ahí porque es mucho más difícil de auditarlo”. Así, con esos argumentos tan precarios, la adicción oficial a la motosierra impedirá que muchos argentinos mejores sus condiciones de vida en un futuro próximo.