Hasta ahora Cayetano Oliver se destacó por sus malabarismos verbales para explicar el fenómeno de los narco policías y celebrar la conexión de cámaras de seguridad que nunca llegan al número que corresponde.

Lo último ocurrió en junio pasado cuando al asumir en la cartera celebró que en la provincia existieran 775 cámaras de seguridad distribuidas de la siguiente manera: 575 en la capital, 100 en Orán y otras 100 en Tartagal.

El jueves pasado hizo lo mismo al destacar que la instalación llega al 80% del total al que se accederá cuando se coloquen otras 100 cámaras para cumplir el contrato que la provincia celebró con la empresa Claro. Justamente allí se puede hacer algunas precisiones al respecto. Y es que el contrato con la firma disponía, entre otras cosas, un total de 1.100 cámaras  distribuidas así: 500 en la capital y Valle de Lerma, una cifra similar en el resto de la provincia y cien en vehículos del 911 que circulan por nuestra ciudad.

Era ese uno de los puntos que exigía el Grand Bourg para abonar 54 millones de dólares en el año 2012. La firma en cuestión es propiedad de uno de los hombres más rico del planeta: el mexicano Carlos Slim.

Se trataba del Plan Provincial de Conectividad y Video Vigilancia que por los dichos de Cayetano Oliver en junio y el pasado jueves, todavía no concluyó las tareas que empezaron a diseñarse en octubre del año 2011. Ese día el Decreto 4.584 declaró fracasada la Licitación en la que Telmex Argentina había sido la única oferente aunque ésta pretendía cobrar en dólares mientras el Gobierno disponía el pago en pesos.

La frustración duró poco. Ese Decreto declaraba nulo en su artículo primero la licitación, pero el segundo llamaba a una nuevo concurso mientras el quinto conformaba una Comisión Evaluadora de la que participaba quien entonces era un director del ministerio: Alejandro Cornejo D’Andrea, quien luego devendría en ministro de Seguridad y quien luego dejaría el cargo para que justamente asuma Oliver.

Telmex, en 2011, volvió a ser la única oferente y los nuevos pliegos confeccionados lograron satisfacer algunas pretensiones originales de la empresa. En el artículo 10 del apartado “condiciones particulares” indicaba que la moneda de cotización sería el dólar aunque el pago se efectuaría en pesos argentinos “según el valor de cambio tipo vendedor” que presente el Banco Nación.

El Plan se adjudicó a Telmex por un monto de 53.971.124 de dólares que debían desembolsarse de la siguiente manera: US$6.532.724 correspondientes al total de los doce primeros meses de trabajos, mientras los 47.438.400 de dólares restantes se pagarían en 60 cuotas mensuales de 790.640 dólares. El decreto que coronó el proceso es el número 2.154/12 y fue publicado en el Boletín Oficial el 29 de junio del año 2012: hace exactamente 53 meses.

Aunque algunos podrán señalar que aún faltan 7 meses para concluir el trabajo, el pliego de condiciones establecía que los poco más de seis millones de dólares que la provincia desembolsaría por los primeros doce meses de entregas parciales aseguraban que la firma debía instalar la red que conectara a los organismos provinciales de distintas formas y en la que instalaría el sistema de video vigilancia.

Los restantes 47.438.400 millones a pagar por 60 meses eran en concepto de mantención de la red y para garantizar la señal que permite a los miles de artefactos conectados transmitir de un punto a otro de la provincia los signos, señales, datos o imágenes. El detalle de esos artefactos -además de las 1.100 cámaras de vigilancia- incluía un Video Wall conformado con un mínimo de 12 pantallas de 60 pulgadas que en conjunto formaran una sola tipo muro y para reproducir las imágenes tomadas por las cámaras que hasta ahora no son 1.100 sino 775 según el nuevo ministro.

Además de ello deberían existir 10 centros de monitoreo secundario y 20 clientes de monitoreo para 20 puestos de despacho del sistema 911. El Plan incluía también servicios de telecomunicaciones para vincular a 1.932 organismos del Gobierno y que según el anexo 1 del Decreto exigía insumos y servicios que no sorprenderían a ningún adolescente de hoy: 100 Hot Spots de WiFi a instalarse en las principales plazas de la provincia; 1.000 teléfonos analógicos estándar para organismos que no contaran con ellos; 1.000 computadoras o notebooks intermedias; otras 600 netbooks con conexión a internet; una plataforma de administración de conectividad de voz y datos y otra de video conferencia. Lo último materializa el sofisticado estilo de un gobernador que así podría comunicarse desde su trono con cada uno de los 59 intendentes de la provincia.

Son esos artefactos los que una vez finalizado el contrato pasarían a formar parte del patrimonio provincial. Es lo que establecía el vínculo contractual que finalmente incluía una cláusula que estipulaba que transcurridos los 60 meses, podía renovarse el mismo. Nada indica que ello no vaya a ocurrir aunque las dudas radican en otro punto: si las aspiraciones por la novedad tecnológica ayudan a erradicar los problemas propios de una provincia precaria que se pone cada vez más violenta aunque se siga pagando mucho a poderosos actores que casi siempre cumplen a medias.