La crisis económica que vive la Municipalidad de la capital pampeana fue el trazo más grueso que acompañó los varios conflictos con los trabajadores y la problemática sanitaria con las cloacas, napas y hasta el estado de las calles.

Apenas asumió, Altolaguirre se ocupó de hacer buenas migas con el Gobierno provincial buscando una relación aceitada que le permitiera tener oxígeno económico con los aportes de las arcas del Centro Cívico. Pero rápidamente aparecieron los primeros chispazos con Verna: la gestión de un ATN y los despidos de contratados en enero generaron el enojo del gobernador, después que el intendente señalara a la Provincia como impulsora de un plan de ajuste.

El conflicto con los contratados llevó varias semanas, y se profundizó por las declaraciones de Altolaguirre y su gabinete que arrancaron hablando de “ñoquis” y favores políticos en la planta municipal, y tuvieron que moderar los discursos ante el recrudecimiento de las medidas de fuerza. Finalmente, una parte de los contratos se renovaron y el resto de los despedidos decidieron no seguir como precarizados, cerrando un conflicto que duró casi todo enero.

Otro conflicto fue en el área de Medio Ambiente, donde los empleados denunciaron dos veces por maltrato al director Marcelo Fonzo, realizando protestas. El funcionario fue respaldado por Altolaguirre y la empleada que lo acusó fue trasladada, aunque finalmente el cambio quedó en la nada. Fonzo siguió en el cargo.

Colectivos

También, durante el año, la gestión municipal tuvo que hacer frente a los conflictos en Autobuses Santa Fe. Por un lado, los atrasos salariales que provocaron medidas de fuerza en enero, marzo y mayo de los gremios UTA y UCRA (que promovió que los pasajeros viajaran gratis como modo de protestas). A duras penas, se incorporaron algunos colectivos de piso bajo para que puedan usarlos personas con movilidad reducida. Altolaguirre llegó a reconocer en junio que se analizaba la resición.

Índice adulterados

En enero, fueron denunciados el exintendente Luis Larrañaga y el exsecretario de Hacienda, Miguel de Elorriaga, por alterar los índices de ingresos municipales para mejorar el dinero que se recibía por la coparticipación.

La maniobra vino atada al sistemático rechazo del Concejo Deliberante a las cuentas de inversión de cada uno de los años de gestión de Larrañaga: el desorden de esos números era tal que de Elorriaga terminó presentando sus propios números a la Provincia, y la Justicia terminó aceptando que se habían alterado intencionalmente las cifras. Pero insólitamente absolvió a ambos exfuncionarios.

El fiscal Guillermo Sancho pidió el archivo de la denuncia porque consideró que las planillas que se enviaban a la Secretaría de Asuntos Municipales no eran documentos públicos. Sin embargo, los números “dibujados” hicieron que Santa Rosa reciba un porcentaje mayor de la masa coparticipable en detrimento de otros municipios y además la actual gestión ahora debe “devolver” el dinero que entró de más.

Para Sancho, la responsabilidad fue del Concejo Deliberante por no controlar... Incluso, dijo que “no hubo mala intención” aunque insistió que los números no estaban bien.

Para completarla, los exfuncionarios de Larrañaga reclamaron judicialmente el pago de vacaciones no gozadas. La Justicia le dió la razón a once de ellos, la mayoría con rango de secretarios. La gestión de Altolaguirre decidió pagarles en silencio en septiembre pero semanas después, cuando no pudieron afrontar el pago de una suma fija decidida en paritarias, la situación generó una bola de nieve que provocó otro paro, ruidosas protestas y un enfrentamiento cara a cara del intendente con los manifestantes en la puerta de la Municipalidad. Todo se resolvió con una mediación en la Dirección de Relaciones Laborales.

Emergencia

La emergencia sanitaria declarada por el Concejo Deliberante en los últimos días de gestión de Larrañaga pareció el comienzo del camino de la solución a la grave situación con las cloacas y la napa en Santa Rosa. Pero durante todo el año hubo problemas que sólo se fueron agravando, mientras el anuncio de la elaboración de un plan director se sigue demorando.

El ejemplo más crudo fue el del Barrio Butaló, donde se detectó que la empresa Jubete no había hecho las conexiones domiciliarias.

La situación de emergencia pasó a ser “prioridad nacional” luego de una reunión de Altolaguirre con funcionarios nacionales. Recién en noviembre llegó el ATN de 50 millones de pesos, aunque sin destino específico.

Sin embargo no hubo soluciones a corto plazo, y los colapsos provocados por la suba de la napa o por las lluvias derivaron en situaciones casi insólitos como que el propio municipio terminó arrojando derivando de la cloaca al cuenco de la Laguna Don Tomás.

Choque de intereses

Entre los tarifazos que hubo durante el año, tras la aprobación de la tarifaria 2016 estalló un conflicto con la CPE por el aumento del cargo por acometidas.

La Cooperativa se rebeló y decidió no pagarle al municipio lo que ya habían recaudado a través de las tarifas. La presión se dio en el medio del conflicto con los empleados municipales por la demora en el pago de la suma fija de septiembre, por lo que en la Municipalidad lo interpretaron como un apriete: es que desde el Consejo de la CPE, el presidente Oscar Nocetti dijo que tenían los 2 millones para pagar, justamente la cifra que debía desembolsar la Municipalidad a los empleados.

Al reclamo se subió Cablevisión, y finalmente el Concejo Deliberante tuvo que volver a votar una aumento “intermedio” que ambas empresas aceptaron. Pero el concejal Marcos Cuelle descargó su bronca con Nocetti y lo acusó de encabezar “un apriete a lo fondo buitre”.

Cablevisión, de todas maneras, no pagó y se siguió acumulando una deuda que ya lleva varios años. La Municipalidad fue a la Justicia y le embargaron las cuentas a la cablera propiedad del Grupo Clarín, lo que motivó la intervención del ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio. Ese poco disimulado “lobby” no torció a Altolaguirre, que decidió avanzar con el reclamo judicial. “Primero que paguen, después hablamos”, dijo.

En diciembre estalló otro conflicto judicial, pero esta vez la Municipalidad fue denunciada por las autoridades del Banco de La Pampa que pidieron una “acción de inconstitucionalidad” respecto a la Ordenanza Nº 5546/16 que faculta al Departamento Ejecutivo a abrir sus cuentas y depósitos en otros bancos que no sea la entidad financiera provincial.

La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante pudo haber sido votada por Altolaguirre, quien tras algunas dudas decidió promulgarla.