La pesquisa del atentado a balazos perpetrado contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti quedó incorporada en una investigación conjunta que concentra otras tres causas por amenazas a funcionarios públicos. La decisión se tomó en base a la sospecha de que, a raíz de elementos comunes que cruzan los expedientes, las mismas personas pueden estar detrás de todos los ataques, como también por la sensibilidad política que engloba a los casos. Todos quedaron unificados bajo la conducción de la fiscal Cristina Herrera.

Uno de los puntos significativos está en la pistola calibre 9 milímetros utilizada para acribillar la vivienda de Bonfatti. La pericia del arma permitió saber que la misma fue utilizada en otros dos hechos, uno previo y uno posterior al ataque al gobernador. El atentado al mandatario fue el 11 de octubre. La bala que mató a Marcelo Flavio Giménez cuatro días antes en Travesía al 400 fue percutada por esa arma. Un mes después, el 11 de noviembre, hubo una descarga de disparos, también con esa pistola, en la casa del ex jefe de Drogas Peligrosas Alejandro Franganillo.

La comprobación de que los tres delitos se cometieron con la misma arma es inequívoca y aflora por comprobar que las estrías de los proyectiles levantados en las tres escenas criminales son idénticas lo que implica que fueron producidas por el cañón de la misma pieza. Eso acerca a los tres hechos a autores comunes o, por lo menos, a portadores de la misma arma, que nunca apareció.

El gobernador hará uso del derecho de declarar por escrito como víctima del ataque que lo tiene como querellante en la causa. Su mujer, Silvia Troccoli, ya lo hizo la semana pasada, compareciendo ante la jueza que ahora lleva el caso en el sistema conclusional, Alejandra Rodenas.

Por el atentado al gobernador hay cinco personas imputadas pero la incógnita sobre los autores ideológicos persiste sin ser despejada. Los sospechosos están señalados en el expediente 01098/13 por diversos delitos, en la faz material del hecho, que incluyen amenazas coactivas, daño, abuso de armas y portación de arma de fuego. Los dos principales son el policía Pablo Alejandro Espíndola, quien prestaba servicio activo en la comisaría 10ª, con jurisdicción en la vivienda del gobernador, y Emanuel Sandoval , alias Ema Pimpi, a quien se atribuyen ilícitos vinculados con estupefacientes, aunque no tiene causas penales por ello. Ambos están presos

Espíndola está sospechado de haber enviado anónimos el 25 de octubre (a quince días del ataque) señalando que una de las armas usadas para el atentado a Bonfatti estaba en el piso de un auto estacionado en la seccional 10ª. En efecto se encontró una pistola calibre 11.25 pero no fue, según el estudio balístico, usada en el episodio.

Los otros tres implicados en el hecho son Germán Papaíno Ramírez, Saúl Isaías Sánchez y Manuel Martínez.

El acusado de matar a Giménez utilizando el arma que luego se empleó luego contra la casa de Bonfatti es Brian González, alias Gordo Brian, un ex convicto de 51 años. Se encuentra prófugo y está sospechado de haber participado activamente en el ataque al domicilio del gobernador. Algunos de los detenidos son del entorno de Brian y por eso quedaron bajo sospecha.

Otra causa unificada es la 00845/2013, abierta un mes antes del ataque a Bonfatti. Es una denuncia por amenazas que hizo el secretario de Seguridad, Matías Drivet, el 5 de septiembre, cuando recibió en su celular un mensaje que refería detalles de la intimidad del ministro del área, Raúl Lamberto, del jefe de policía provincial, Omar Odriozola, y de su subjefe, Raúl Ardiles, describiendo circunstancias de sus vidas con información auténtica y coherencia. El mensaje aquel en un tramo decía: "Al rati que le agarramo en casa con la mujer lloraba y le perdonamo". Esa alusión refería el perturbador robo a un colaborador de Ardiles, de apellido E., que sufrió una visita de violencia extrema en su casa, donde se ensañaron especialmente con su esposa.

Otro hecho sumado a la investigación unificada es un llamado recibido por el celular afectado al juzgado de turno, entonces a cargo de Raquel Cosgaya. Es la causa 01347/13, ocurrida el 15 de octubre.

También se concentró la causa 00600/13 denunciada por el juez Juan Carlos Vienna por amenazas coactivas ocurridas el 14 de junio del año pasado, que es el incidente que abre la serie.

En el expediente fue adjuntada una escucha remitida por el juez federal Carlos Vera Barros. En ella dialogan dos presos, que son Germán Almirón, quien trabajó hasta enero en la División Judicial de la Unidad Regional II, y Arón Treves, procesado por tenencia de estupefacientes para comercialización y como partícipe de un homicidio ocurrido en Maipú al 800 en 2012. De esa conversación, captada en marzo, Vera Barros infirió un posible plan para atentar contra Vienna y el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini. Los dos presos hacen alusión al atentado al domicilio del mandatario.

Las transcripciones ocupan diez carillas y las suscribe el inspector Eduardo Agostini de la Policía Federal. En el tercer folio, Treves le pregunta a Almirón: "¿Cómo viene el parte de los hermanos que están acá. Hoy uno se despachó y me contó todo, el que yo conocía, me contó todo. El tema del gobernador, ¿te ubicás?". Se presume que se refiere a los hermanos Ema y Lucas Sandoval, el último con falta de mérito, ligados al atentado a Bonfatti.

"Viene así. Hay una gente de Buenos Aires (...) Una gente de Buenos Aires, estos se quisieron hacer los Pablo Escobar, me entendés, esto es así, es sencillo. Se quisieron hacer los Pablo Escobar con Luis Medina. Los pibes estos tenían que ir y pegarle al gobernador. Los pibes le dieron el bolso de plata y lo chorearon (...) Se fueron con la plata. Es así, así nomás, y ahora a Luis lo boletean. En La Granada están todos cagados".

En la interpretación de los investigadores circula que los ideólogos del atentado a Bonfatti habrían encargado el ataque a dos jóvenes (serían los hermanos llamados Lucas y Martín A.) pero éstos se quedaron con el dinero pautado sin cumplir con el encargo. Y que luego los hermanos Sandoval tomaron el compromiso a su cargo. Los Sandoval niegan toda relación con el atentado. Lucas Sandoval, de hecho, recibió falta de mérito. "Esos dos pibitos fueron, los chorearon y les comieron la plata a los de Buenos Aires y no está hecho el trabajo", abunda una secuencia de la escucha.

En otro tramo, el 8 de marzo, a la 1.55, Treves le dice a Almirón que están haciendo averiguaciones sobre "Alvarado" y que este "tiene como 19 homicidios, están averiguando porque está nombrado, pero está todo en el aire". Almirón, quien trabajaba en la División Judicial de Jefatura, contesta: "Claro, hicieron un informe, esos dos laburaban para Esteban Alvarado y es muy probable que Alvarado los haya mandado, ese informe lo hicimos nosotros".

Alvarado es un hombre de la zona oeste de Rosario detenido en septiembre de 2012 por liderar una banda de ladrones de autos en el conurbano bonaerense que afrontará un juicio oral. No tiene causas por drogas pero se le sospechan delitos en ese rubro. Los que dialogan en la escucha captada parecen sugerir que estuvo tras el atentado a Bonfatti.