Por Irina Hauser

Santiago Castro Videla usa cada tanto la red social "X". Tiene un tuit fijado del año 2022 en el que cuenta que tuvo el "honor de participar" en la presentación de la nueva edición del libro "Control judicial de la administración pública", de Héctor Mairal. Era una forma de mostrar quiénes son sus "padrinos", porque mencionaba allí con quiénes compartía el panel, entre quienes se describía a sí mismo como el abogado joven. Estaban su socio de estudio, Alberto Bianchi, y el exdecano de Derecho de la Universidad Austral, y ahora candidato del gobierno a ocupar un cargo en la Corte Suprema, Manuel García Mansilla, además del autor. Los tres padrinos están unidos no sólo por el derecho administrativo y constitucional, sino porque se han dedicado a representar a empresas grandes y poderosas. Litigan contra el Estado. Castro Videla, de 43 años, es el nuevo Procurador del Tesoro designado por Javier Milei en lugar de Rodolfo Barra. Tiene libros y publicaciones en los que muestra claves de sus criterios: cuestiona formas de intervención estatal como los controles de precios, también la ley de abastecimiento (derogada por el gobierno) y --algo que habrá que ver cómo cinturea en su cargo-- es crítico del uso desmedido de los DNU cuyo control legislativo alienta. 

"De los nuestros"

Ser el Procurador del Tesoro implica comandar el cuerpo de abogados del Estado. Es decir, su función es defender los intereses del Estado en los tribunales locales y en los internacionales. Está claro que los intereses de la versión del Estado actual se confunden con los de los privados. A Barra, exministro de Justicia de Carlos Menem y exjuez de la Corte, el gobierno lo había elegido para reforzar su imagen de culto al menemismo. Ahora dicen que se enojaron con él porque viajaba mucho, hizo solo 15 dictámenes y uno causó enojo ya que opinó a favor de una trabajadora del Ministerio de Justicia que reclamaba parte de su salario pagado como incentivo, al considerar que era remunerativo (se lo debían devolver o indemnizarla). Primero le ofrecieron el cargo al ex juez Ricardo Rojas, autor de La Inflación como Delito, libro venerado por el Presidente, pero quien rechazó el convite. El joven administrativista, nacido y criado en Universidad Austral (de ahí es graduado, magister y profesor) ya estaba en carrera. "Es de gran nivel y de ideas similares a las nuestras. Comparte el pensamiento liberal y no es pro Estado", le dijo a Página/12 un funcionario que participó en la elección. 

A Castro Videla se lo ve sonriente y casi sin canas en su foto de perfil. Su principal socio, Bianchi (cabeza el estudio hasta ahora llamado Bianchi, Galarce & Castro Videla), es uno de los constitucionalistas más buscados en el país, en especial por grandes empresas y para actuar en la Corte. Pero también es contratado por grandes estudios internacionales que litigan contra la Argentina en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones) o ante la CCI (Cámara de Comercio Internacional), pero también interviene como experto en pleitos en otros países. Un caso elocuente: declaró como experto para el fondo buitre Burford Capital en el caso por la expropiación de YPF. Este dato fue refrescado en "X" por el jurista Sebastián Soler, integrante del Consejo Directivo de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), así: "Bianchi trabajó para como epeto para los demandantes en el juicio en NY (Nueva York) por YPF ¿No hay conflicto de intereses? Es pregunta". El estudio ha tenido como clientas a mineras, petroleras, corboníferas. En otro rubro consiguió que la Corte anulara la distitución de la fiscala anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche. 

Libros, ideas y afines 

En el mundo jurídico-académico, son varias las voces que destacan que Castro Videla tiene varios libros conocidos y publicaciones. Escribió, con Santiago Maqueda Fourcade, “Tratado de la regulación para el abastecimiento”  que se presenta como un "estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción” (Ábaco, 2015). Es un libro crítico de la ley de abastecimiento, sancionada por el peronismo y derogada por el DNU 70/2023, donde muestra una postura que cuestiona la intervención estatal en la economía, a tono con el gobierno libertario. 

También con Maqueda Fourcade publicó de “La delegación legislativa y el Estado regulatorio” (Ábaco, 2018) y con Alfonso Santiago, de "El Control Del Congreso Sobre la Actividad Normativa del Poder Ejecutivo (La Ley, 2019). En este rubro es llamativo y abre la pregunta acerca de cómo compatibilizará su postura teórica con la que deberá tener en la Procuración, que representa el interés estatal en los expedientes contra el DNU 70 y sus derivaciones. Estos libros apuntan a proponer más control legislativo sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia. También tiene varios artículos en revistas jurídicas, donde plantea cuestiones como que sería conveniente que las Cámaras del Congreso tuvieran un plazo para expedirse sobre los DNUs, y que si éste expira debería caer el decreto. De todos modos, sostiene que en el escenario vigente, si las Cámaras no se pronuncian de manera "inmediata", como está previsto en la ley 26.122, esto debería aumentar las chances de que el decreto sea judicialmente invalidado. Junto con eso, su posición es que la delegación legislativa tiene que ser "restrictiva". 

Según pudo rastrear este diario, Castro Videla escribió junto con Pilar Zambrano, también de la Universidad Austral, un artículo que remite a la discusión por el aborto. Era por la llamada "píldora del día después" en función de precedentes judiciales, entre ellos el conocido como "Portal de Belén", donde la Corte Suprema en 2002 prohibió una marca de ese fármaco llamada "Inmediat". El texto se titulaba "Reflexiones en torno al derecho a la vida y la píldora del día después" y remarcaba que las resoluciones en decían que la píldora "impide la anidación del óvulo fecundado" y por eso es "un atentado contra el derecho a la vida". En rigor, el efecto de esta pastilla es que evita el embarazo, no lo interrumpe. Hoy es de venta libre. Los autores se explayaban sobre "la protección del derecho a la vida de toda persona desde su concepción...". Como es conocido, esta discusión fue saldada con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que el gobierno libertario objeta en su "batalla cultural". El texto de Castro Videla es de 2008. Su metor y socio, Bianchi, ha cuestionado y escrito contra el aborto, igual que García Mansilla, quien pidió derogar la norma.  

Mensajes por redes

"Agradezco profundamente al Presidente por su confianza al honrarme con la desingación en el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación. Trabajaré incansablemente para, con esfuerzo, y la ayuda de Dios, cumplir con responsabilidad esa función tan importante para la Nación y los derechos y libertades de sus habitantes", escribió Castro Videla en "X". El vocero Manuel Adorni ya había anunciado su designación y se difundían sus variados cargos de profesar en la Universidad Austral, en la Maestría de Derecho Empresarial de la Universad Argentina de la Empresa y su papel de secretario de redacción de la revista de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería, el rubro favorito de García Mansilla, que comanda la cámara del sector. Además de marcar la posición oficial en los expedientes contra el DNU 70, al Procurador le esperan al menos 30 demandas de provincias en el máximo tribunal por la coparticipación, el fondo del transporte, el de incentivo docente, entre tantos temas, y numerosas causas en el fuero contencioso por los alimentos, los medicamentos, los recortes en políticas de género de salud, de derechos humanos, y la lista crecerá.  

Desde el ámbito académico hubo un tuit que pareció interpelarlo (como quien valora su trayectoria pero cuestiona la aceptación del cargo), el del constitucionalista Roberto Gargarella: "¿Por qué legitimar a un gobierno peligroso completamente desinteresado por el Derecho, que no pierde oportunidad para socavar / embestir contra los valores y principios constitucionales? No entiendo. Santiago Castro Videla, nuevo jefe de los abogados del Estado".