Cuidado: algún error cometió el Gobierno para que una cámara del Congreso (el Senado, en este caso) haya rechazado, como pocas veces antes, un decreto de necesidad y urgencia. Es también injusto hablar del gobierno en general cuando quien siembra la discordia es el propio presidente de la Nación. Un modo agresivo de relacionarse y un sistema intolerante de gobernar parecen agotarse. Esto no se advierte todavía en ninguna encuesta. Al contrario, las tres principales encuestadoras del país (Aresco, Isonomía y Poliarquía) establecieron en los últimos días que Javier Milei conserva intacta la simpatía social que conquistó en la segunda vuelta electoral de noviembre. La permanencia de cierto humor social depende de muchas cosas, entre ellas de que el Gobierno convierta las victorias simbólicas en conquistas reales. De todos modos, Milei cosecha todavía el profundo rechazo de una enorme mayoría social al statu quo que existía antes de él. Esa vasta condena a la dirigencia que preexistía es, según los analistas de opinión pública, superior al propio Milei; es un enorme fenómeno social que vegetaba en las sombras sin ser advertido por encuestadores ni por políticos ni por periodistas. Nada influyó todavía en el ánimo social. Ni el derrumbe económico, como consecuencia del sinceramiento macroeconómico tras la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, propia de aprendices chapuceros. Ni la asincronía entre el costo de las cosas y los devaluados ingresos de la gente común. Intacto, pero nada es para siempre. En la noche del jueves ingrato, el Presidente recogió en el Senado la siembra del destrato al Congreso que hizo cuando asumió y le habló al país de espaldas a los legisladores, o cuando en el reciente 1º de marzo abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que mezclaba dosis exactas de agravio y de invitación a firmar un pacto. Incluso, Milei retiró del tratamiento parlamentario (no del Congreso) el proyecto de ley ómnibus cuando aún tenía margen para negociar y para que se la aprobaran. Esa ley había sido aprobada en general por 144 votos a favor y 109 votos en contra. No había mala predisposición en la Cámara de Diputados frente al proyecto presidencial, pero Milei se ufanó luego de que el aparente fracaso le venía bien a él porque lo mostraba diferente de “la casta”. Diferente también del gobernador Axel Kicillof, a quien acusó ayer de cometer un “robo descarado” con el aumento de impuestos. Las calificaciones y los adjetivos son su perdición. Es puro marketing destinado a un estrepitoso choque con el Congreso y con la política. Sus decisiones necesitan ser leyes del Parlamento para tener mayor consistencia y más estabilidad.

La casualidad es una superstición de la política. Un ejército de tuiteros estuvo el martes y el miércoles disparando agresivamente contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, presidenta del Senado; muchos de esos tuiteros son conocidos soldados mileístas en las redes sociales. Los trolls nunca trabajan gratis. El mundo político sabe que Villarruel tiene un perfil propio y que no está dispuesta a cambiar esos rasgos de su personalidad. Nunca hubo, tampoco, una sola prueba de deslealtad de parte de la vicepresidenta. Milei se enojó porque Villarruel convocó a la sesión del Senado que rechazó el decreto de necesidad y urgencia. Estaba obligada a hacerlo y no tenía opción. Si había 42 senadores dispuestos a votar contra ese DNU, había por lo tanto quorum para hacer la sesión con o sin Villarruel. El quorum imprescindible necesita 37 senadores. Había cinco más. Fuentes del Gobierno aceptaron que Villarruel les anticipó a varios funcionarios a principios de febrero que la oposición ya tenía los votos para rechazar el decreto. Nadie hizo nada para evitar el desastre. El temor a Milei es constitutivo del gobierno de Milei. El Presidente o sus laderos parecen dispuestos a abrir la crisis institucional más grave que pueda resistir un sistema republicano, como es un enfrentamiento político entre el presidente y su vice. Es, en este caso, un enfrentamiento sin razón, o solo respaldado por el argumento de que Villarruel no tiene el carácter volcánico del Presidente ni su arbitrariedad ni su capacidad para construir enemigos. Al revés, Villarruel es una tenaz constructora de puentes y le gusta practicar los buenos modos en las relaciones entre las personas. Pero es también renuente a frecuentar los estudios de televisión o de radio o de aceptar reportajes en medios gráficos. Siempre hubo una relación de tensión entre los presidentes y los vicepresidentes. La mayoría de las veces fue una crisis silente. Otras veces fue escandalosa. Los escandalosos terminaron mal. Milei debería cuidar su relación con Villarruel porque ella tiene tantos o mejores índices de simpatía social que el Presidente, según todas las encuestas.

En un impecable discurso, el actual senador radical y exgobernador de Mendoza Rodolfo Suárez señaló que el Senado debía votar teniendo en cuenta que un rechazo del DNU de Milei sería una pésima señal para la economía, dentro y fuera del país. Los mercados le dieron la razón al día siguiente. Suárez se diferenció claramente del presidente de su partido, Martín Lousteau, quien no solo votó en contra del DNU; fue también uno de los que empujaron la reunión y el rechazo del Senado. Los gobernadores radicales Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Carlos Sadir y Leandro Zdero y los líderes radicales del Congreso Eduardo Vischi y Rodrigo de Loredo tomaron luego distancia de la posición de Lousteau. El presidente del radicalismo, que fue desautorizado, tuvo su propio partido hasta hace muy poco (Evolución, lo llamó); luego lo convirtió en una línea interna de la UCR. Su elección como titular del partido más antiguo del país expone la crisis interna del radicalismo, que tiene figuras como Cornejo, Suárez, Valdés o Mario Negri para conducirlo. Lousteau fue, además, el primer ministro de Economía de Cristina Kirchner y el autor de la resolución 125 sobre las retenciones a la soja, que abrió la interminable guerra del kirchnerismo con los productores agropecuarios.

Cualquier proyecto de ley que ingresa al Congreso puede ser rechazado por una sola cámara; el ejemplo más iridiscente de los últimos años es precisamente el de la resolución 125, que en 2008 fue rechazada por un desempate de Julio Cobos en el Senado. La resolución había sido aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados. Pero el rechazo del Senado la volteó definitivamente. En cambio, los decretos de necesidad y urgencia necesitan del rechazo de las dos cámaras para ser tumbados, según una ley reglamentaria de la Constitución escrita por la entonces senadora Cristina Kirchner en 2006, cuando su esposo era, obviamente, el presidente. Existe una comisión bicameral permanente (integrada por senadores y diputados) para tratar esos decretos antes de que aterricen en el recinto. Hay 136 decretos de necesidad y urgencia que no se trataron nunca en la comisión bicameral. 114 son de Alberto Fernández, 14 de Mauricio Macri y 8 de Milei. 99 DNU fueron tratados por el Senado, pero nunca fueron considerados por la Cámara de Diputados. Alberto Fernández firmó en total 178 decretos de necesidad y urgencia, pero muchos ni siquiera pasaron por la comisión bicameral. Carlos Menem y Néstor Kirchner fueron los presidentes que más decretos de necesidad y urgencia firmaron. Menem desreguló toda la economía argentina con un simple decreto. Alfonsín creó una moneda, el austral, también con un decreto. Milei no inauguró nada.

El Presidente es como es, y deberá cambiar si quiere que sus atractivas propuestas no queden en simples enunciados, pero la hipocresía revoloteó sobre el Senado durante muchas horas. ¿Cómo no asombrarse cuando se veía a los senadores del perpetuo formoseño Gildo Insfrán dando clases de Derecho Constitucional? ¿Cómo, cuando el kirchnerismo entregaba la vida en defensa de la división de poderes? Con todo, el momento más sorprendente llegó cuando el senador radical Pablo Blanco, de Tierra del Fuego, contó en pleno recinto que había recibido llamadas telefónicas de las empresas que se benefician con el régimen de exenciones impositivas de la provincia fueguina. “Usted sabe que este gobierno nos apoya”, dijo que le dijeron esas empresas antes de pedirle su voto a favor del decreto de necesidad y urgencia. Es la primera vez que se hace una confesión tan explícita sobre el vínculo entre un gobierno y esas empresas beneficiadas con cientos de millones dólares anuales en exenciones impositivas. Fueron beneficiadas por muchas administraciones, pero sobre todo por la de Alberto Fernández.

Quizás llegó el instante en que el Gobierno reflexione sobre la necesidad de convertir ese decreto de necesidad y urgencia en un proyecto de ley. Hay líderes que están dispuestos a votar a favor de gran parte del contenido del DNU (es el caso de Elisa Carrió), pero no están dispuestos a votar a libro cerrado un simple decreto. El Presidente debe anticiparse al momento en que la política dirá basta.