La carta neutrónica que lanzó el viernes a la noche Ricardo Lorenzetti preanuncia una convivencia tormentosa en el seno de la Corte tras la elección de Horacio Rosatti como presidente el jueves pasado. Para muestra basta la reacción ante el mail explosivo que compartió con sus colegas y con los periodistas.

Lorenzetti puso en duda la legitimidad de la elección de Rosatti y dijo que era poco ética porque para concretarla se debió votar a sí mismo, además de contar con el voto de sus colegas Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Lorenzetti dijo que estaba tan mal que se vio en épocas de Julio Nazareno, el presidente de la mayoría automática de la Corte menemista, la más desprestigiada.

Pero la réplica no se hizo esperar. El sábado, cuando el Palacio de Tribunales estaba cerrado, estudios secretarios letrados, y memoriosos conocedores de la historia de la Corte porque la vivieron, exhumaron dos acordadas. La que lleva el número 13, de 1985, tipeada en máquina de escribir, designa presidente de la Corte a José Severo Caballero. En 1988 cuando se debía renovar la presidencia se firmó la acordada 17. Allí el juez Caballero, junto con Carlos Fayt votó por “mantener la continuidad de las actuales autoridades”, Augusto Belluscio también votó como presidente a Caballero y en cambio Enrique Petracchi, votó como presidente a Jorge Baqué. Es decir que Caballero siguió como presidente con su voto, el de Fayt y el de Belluscio.

Este tema del “autovoto” no era patrimonio exclusivo de aquella Corte menemista “moral y jurídicamente descalificada”, ya antes había ocurrido.

Lorenzetti acudió también a la historia dela Corte para señalar que el juez Enrique Petracchi en la acordada 27 de 2000 ya había criticado esta modalidad. Petracchi entonces “puso en duda tanto la existencia de una mayoría en la decisión derivada de votarse a sí mismo, sino también la legitimidad del acto”. Sugiere Lorenzetti que hay ahí un vicio, una irregularidad que lo habilita a reclamar.

La respuesta una vez mas no se hizo esperar. Sus colegas dejaron trascender que ese jueves, cuando se realizó la votación para elegir presidente, Lorenzetti se fue a Rafaela. Y empezaron a contarle las sentencias de su vocalía que firmó digitalmente, dijeron fuentes de la Corte.

Antes de la pandemia, los jueces se reunían los jueves a mediodía, de cuerpo presente, los secretarios hacían circular las sentencias y se firmaban a mano durante una hora y medida. Luego los secretarios se retiraban y los jueces hablaban a solas. Ahora los jueves cada juez firma digitalmente el fallo, colocando un token en su notebook, que es como un pendrive codificado por seguridad.

Con lo que esta semana –dijeron en la Corte- solo se subieron a la web del Corte fallos donde había una mayoría de tres jueces. Muchos aún no fueron firmados . Entre abogados van a poner la lupa en las formas y van a estar atentos a lo que ocurrirá esta semana en el acuerdo. Se habló incluso de levantar un acta.

Zancadillas y chicanas son las que se vienen en esta época de disensos y desconfianza en esta Corte dividida. Rosatti, recién puede asumir su cargo el 1 de octubre, cuando se vence el mandato de Carlos Rosenkrantz, pero en su entorno señalaron que ya se comenzó a armar una “agenda del presidente” que incluye reuniones con los secretarios de cada área y con los responsables de la administración y finanzas de la Corte. Es el corazón de la gestión del máximo tribunal, pues la Corte conserva un fondo anticíclico, creado por Lorenzetti, que ya suma más de 30.000 millones de pesos. El administrador de la Corte Héctor Marchi realizó un informe en 2018 cuando asumió Rosenkrantz en el que dijo que los fondos de la Corte ascendían entonces a 26.019.143.851,28 de pesos, distribuidos en 17.620.953.377,54 de pesos correspondientes a la Corte, de los cuales 17.514.742.983,07 de pesos estaban en plazo fijo ($10.886.748.720,02 en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y $6.627.994.263,05 en el Banco de la Nación Argentina) y $106.210.394,47 “en cuentas bancarias”, aunque no se individualizaron. El resto de las disponibilidades, que ascendían a $8.398.190.473,74, correspondían a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Ese es otro de los aspectos de la gestión del tribunal que se dirimirá en esta disputa sísmica.

Por  Hernán Cappiello