Por Ariel Stemphelet

Amenos de ocho meses de que finalice el actual periodo de gestión, Alberto Fernández como presidente y el Frente de Todos como fuerza oficialista no lograron subsanar ninguno de los principales baches institucionales en términos judiciales. Uno de ellos es la designación de un procurador titular para terminar con el interinato de Eduardo Casal, el jefe de los fiscales designado durante el macrismo que este martes se reunió con uno de los ministros más cercanos al presidente.

Aníbal Fernández fue hasta la sede de la Procuración para participar de una reunión que fue difundida de manera oficial por el Ministerio Público Fiscal a través del portal Fiscales y por la Casa Rosada.

El motivo fue la aprobación y presentación de un protocolo para la identificación, recolección, preservación y procesamiento de "evidencia digital". Se trata de una nueva herramienta para investigar causas judiciales, con pautas y procedimientos que deberán cumplir los encargados de recolectarlas, es decir, las fuerzas policiales y de seguridad federales en cualquier tipo de delito. 

Es por eso que en la mesa encabezada por Casal y Fernández también estuvieron las autoridades principales de las fuerzas, el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolín y la directora general de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), Romina del Buono. El anfitrión fue Casal, que se sentó en la punta de la mesa. 

Al compás de la importancia en términos institucionales del protocolo que pusieron en marcha, la reunión toma especial relevancia desde lo político ya que Casal ha sido uno de los funcionarios judiciales más cuestionados por el oficialismo a raíz de la extensión del interinato que ejerce desde 2017. Las críticas han sido expresadas desde el presidente hasta su ministro de Justicia, Martín Soria. 

Pese a las críticas del Gobierno, Aníbal se reunió con Casal

Pero Aníbal Fernández, desde su función ejecutiva y su rol como uno de los hombres que le responde a Alberto Fernández le ha escapado a esa lógica.

Es que la reunión y la foto de esta semana no es la primera en la que aparecen juntos. "Ya se han firmado varios protocolos en distintas disciplinas", se limitan a responder desde el edificio de la calle Gelly y Obes donde funciona Seguridad ante una consulta de PERFIL. Y remiten a un encuentro público que encabezaron ambos sobre tráfico de armas de fuego realizado en julio de 2022. No hay respuestas ante la consulta de si esos encuentros se deben tomar como una legitimación política a pesar de que el oficialismo se ha posicionado de manera contraria.

Así las cosas, la falta de legitimidad que el Gobierno le ha endilgado al hombre al frente del Ministerio Público aparece contrarrestada por el accionar propio que va desde la firma de los acuerdos entre Casal y Fernández hasta el hecho de mantener el interinato ante el frustrado intento oficialista de regularizar la situación del organismo por medio de la designación de un titular. 

En el medio, desde el mismo Gabinete que integra Aníbal Fernández se esgrimieron duros cuestionamientos en voz de Soria, que dijo ante la Cámara de Diputados en 2021 que "el interinato de Casal es el más largo que la historia tenga registro" y que "más temprano que tarde (Casal) tendrá que irse" ya que la falta de un procurador legitimado "dejó al Ministerio Público virtualmente acéfalo". 

En tanto, en noviembre pasado, cuando Casal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Dólar Futuro, Soria también lo había señalado por llevar "más de 5 años atornillado a su cargo".

Antes hubo un cruce directo entre el propio Casal y Alberto Fernández. 

En el marco de los alegatos de Diego Luciani y Sergio Mola contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por la Causa Vialidad, Casal le había mandado una carta al titular del Ejecutivo para criticar sus dichos contra los fiscales al considerar que eran "una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones". También que sus expresiones "no sólo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que consituyen una injerencia indebida". 

Fernández, que los había señalado en TV por "persecusión judicial" contra la vice, le respondió al día siguiente, el 26 de agosto, con una carta de cinco carillas en la que rechazó la acusación.

Ahí aprovechó para decirle a Casal que "expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del presidente de la Nación en un proceso penal, pero no lo ha preocupado ni ha visto injerencia alguna cuando el ex presidente Mauricio Macri estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada y mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado". 

Entre otras cosas, también le dijo que "el celo que muestra en su carta respecto del cuidado de los procesos penales hubiera sido importante (...) que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y también en la Casa Rosada". En uno de los últimos párrafos lo acusó de tener una "doble vara para medir hechos institucionales".

Qué pasa con el pliego de Rafecas

Mientras tanto, el Gobierno de Alberto Fernández está por terminar y no se sabe si el Frente de Todos podrá retener un nuevo periodo de gestión. Lo cierto es que la propuesta oficial para nombrar un procurador titular al día de hoy no fue puesta a consideración del pleno del Senado, que tiene la palabra final. El candidato, Daniel Rafecas, advirtió el 4 de marzo pasado que se cumplieron tres años del ingreso de su nombre a la Cámara Alta.

La situación no ha cambiado en todo ese tiempo, pero las posibilidades numéricas de que se apruebe el pliego se agravaron. En un principio, la discusión estaba empantanada en la propia dinámica de la relación entre el oficialismo y la oposición, aunque había señales concretas de apoyo opositor a la propuesta oficial. "Lo decían, pero por lo bajo era sabido que si llegaba el momento de votar iban a cambiar su postura, y eso también nos lo dijeron", le dijo a este medio un senador oficialista. 

Después, con el pasar de los meses, los desacuerdos en torno al nombre de Rafecas se hicieron visibles dentro del propio Frente de Todos, con resistencias en el kirchnerismo. Por esa cuestión puntual, otro senador de las filas del kirchnerismo responsabiliza al presidente porque "mandó el nombre del candidato y no hizo más nada". A su criterio, debía haber instruído a alguno de los funcionarios para que encauce las negociaciones internas y externas para conseguir los dos tercios necesarios para que Rafecas se convierta en procurador. 

En ese marco, el escenario oficialista se agravó en las últimas semanas. 

El Frente de Todos, que conservaba una postura holgada en el Senado, sufrió el 23 de febrero pasado la salida de cuatro integrantes: se fueron el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Carlos Espínola, el jujeño Guillermo Snopek y la puntana María Eugenia Catalfamo. 

Y por ese motivo, tanto en el Frente Nacional y Popular como en Unidad Ciudadana, los dos bloques en los que se reorganizó el Frente de Todos, hay quienes coinciden en una afirmación: son bajísimas las chances de que el pliego sea tratado y aprobado de acá al 10 de diciembre.