Por dinero, el operador del presidente Mauricio Macri, Daniel "Tano" Angelici, desafió en Tribunales a su jefe y amigo, el presidente Mauricio Macri. Logró que la Justicia bloquee la aplicación del nuevo decreto que les impone a sus bingos pagar más impuestos y evitó así girarle millones de pesos al Estado nacional, según expedientes en trámite a los que accedió LA NACION.

Angelici planteó que el decreto 179/17 que firmó Macri en marzo es "ilegítimo", "inconstitucional" y "confiscatorio", como también atacó la ley 27.346 que creó un "impuesto específico sobre la realización de apuestas" en diciembre y elevó del 35 al 41,5 por ciento el impuesto a las ganancias para el sector.

La vía en que Angelici logró que la Justicia le dé un primer visto bueno resultó peculiar. Se presentó en nombre de sus sociedades Bingo Ramallo, World Games S.A. -que controla un bingo en Pergamino e intereses en Brasil- y Desarrollos Maipú -con un casino en Mendoza-, pero en vez de iniciar un pleito propio contra el Estado se sumó a un reclamo idéntico de otros empresarios del juego que seis días antes habían obtenido el visto bueno judicial para su rebelión impositiva. Y lo logró.

La movida judicial de Angelici choca, en la práctica, con los planes de Macri. Según explicó en su decreto, pretendía obtener fondos que le permitieran "lograr un mayor equilibrio fiscal mediante la redistribución de la carga tributaria". Es decir, aumentar los impuestos al juego para compensar los $ 6000 millones anuales que dejaron de ingresar al Estado al reducir el pago de Ganancias de decenas de miles de contribuyentes.

Esa meta oficial, sin embargo, pronto chocó con la realidad. Primero, los ingresos por los nuevos impuestos se redujeron a $ 3000 millones debido a un recálculo y luego a $ 1000 millones, cifra que con la ofensiva de los bingueros se achicó ahora aún más.

Aun así, la impugnación de Angelici y otros bingueros cosechó una ayuda inesperada desde el propio Estado. ¿Por qué? Porque los abogados del fisco que debían apelar el fallo lo hicieron de manera "extemporánea". Es decir, vencido el plazo previsto.

Así, la medida cautelar que benefició a los bingueros quedó firme y ahora el Estado deberá recorrer una senda más larga para defender el decreto de Macri, con pérdidas multimillonarias para las arcas públicas. LA NACION intentó consultar a Angelici, pero no respondió los mensajes desde el jueves.

¿Cómo fue la ofensiva del juego? Primero, la Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimientos (Uadee) -que nuclea a bingueros, pero no a Angelici y otros peso pesados como Codere, Bolt o Casino Club de Cristóbal López- inició una demanda, en abril, y pidió que se declaren inconstitucionales la ley 27.346 y el decreto 179/07 de Macri.

Patrocinados por el abogado Armando Canosa -ex secretario de Transporte de Carlos Menem y de buenos vínculos con el camarista del fuero, Sergio Fernández-, los bingueros pidieron una medida cautelar para suspender los efectos de la ley y del decreto. Es decir, no pagar esos impuestos mientras se define si son constitucionales.

El 18 de mayo, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, dispuso la medida cautelar, sin contar con un peritaje contable para cada caso concreto, como es la doctrina habitual de la Corte Suprema para determinar si el impuesto a las ganancias resulta confiscatorio.

Lavié Pico tomó esa decisión en el expediente número 21.949/17, "hasta que recaiga sentencia definitiva". Y ante un nuevo pedido de los bingueros, dispuso también que la apelación del Estado contra su decisión sería "devolutivo" en vez de "suspensivo". Es decir, que mientras se tramitara el recurso en la Cámara o incluso en la Corte Suprema, su medida cautelar continuaría vigente con el consiguiente ahorro para los bingos.

Los abogados del Estado apelaron entonces el efecto con que el juez otorgó el recurso. Pero lo hicieron una vez vencido el plazo para recurrir, por lo que el propio juez Lavié Pico lo declaró "desierto" y ordenó devolverles el escrito a los letrados.

Para entonces, Angelici había iniciado su propio expediente, el 24 de mayo, con el número 33.356/2017. También atacó la ley 27.346 y el decreto 179/17 de Macri por "confiscatorios" y adujo que llevarían sus empresas al "quebranto". Estimó que Bingo Ramallo perdería casi $ 1,5 millones y World Games SA otros $ 12,8 millones "por afectación directa de los nuevos impuestos", por año, mientras que no detalló las supuestas pérdidas que afrontaría Desarrollos Maipú.

Pero en vez de iniciar su propio reclamo, el "Tano" planteó la "conexidad" con el expediente de los otros bingueros, quienes ya habían obtenido, seis días antes, la medida cautelar. Y el juez Lavié Pico, lo aceptó.

Con otra apelación planteada por los abogados del Estado, ahora la Cámara de Apelaciones tendrá una oportunidad de revisar ambos expedientes. Lo hará la sala I, que integran Rodolfo Facio y Carlos Grecco, mientras que los bingueros lograron apartar a la tercera integrante de esa sala, Clara do Pico. La recusaron "sin causa".

Operador todoterreno de Macri en tribunales -donde actuó de puente, por ejemplo, con el suspendido camarista federal Eduardo Freiler-, Angelici despliega ahora sus artes para defender sus millonarios intereses. El presidente de Boca y vicepresidente primero de la AFA debe hacerlo en el fuero Contencioso, donde el gran decisor es un camarista que, por ahora, no aparece en esos expedientes, pero define mucho en las sombras. Se trata de Sergio Fernández, miembro a su vez del Tribunal de Disciplina de la AFA.