El titular de la firma Pampa Oeste SA, Gabriel Berterreix, enfrentado con el municipio desde hace más de diez años, denunció el 2 de agosto pasado que, durante el transcurso del mes de julio, fueron violentados los candados de la entrada del frigorífico, un hecho sumado a que, en el mismo mes, dos empleados municipales dañaron los desagües y “adulteraron” su funcionamiento, “sin ningún sustento legal ni técnico”.

El empresario responsabilizó por esa acción de los empleados comunales, que vestían ropas del municipio, y que responden al ingeniero Iván Mataluna; el director de Producción, Gustavo Balbo, y el jefe de Servicios Rurales, Jorge Bravo. En su denuncia ante la Fiscalía de Trenque Lauquen, Berterreix aclaró que los desagües cuentan con la autorización del Departamento de Desagües Industriales de la Provincia desde el año 1998.

El titular de Pampa Oeste indicó que la mezcla de afluentes (sangre y aguas servidas) “impide el normal funcionamiento del frigorífico”, y acompañó su denuncia con placas fotográficas de la adulteración, el acta de compra y otra documentación respaldatoria.

En abril se cumplieron nueve años de inactividad del frigorífico. “Estoy en legitimo estado de ocupación de la planta y tengo todos los derechos adquiridos de propiedad”, aseguró Berterreix.

El 3 de julio de 2010 fue el desalojo, y apenas cinco días después, el 8 del mismo mes, el incendio del municipio. Berterreix denunció a la comuna y al por entonces juez de Faltas Héctor Ferreyrola, actual presidente del bloque radical en el Concejo Deliberante, como responsable jurídico. “Pararon la actividad, me lo intentaron robar por decreto y por una deuda tributaria que se canceló el 1º de diciembre del 2004”, aseguró en su momento ante NOVA. No le debía un peso al municipio. Con el incendio, por lo demás, trataron de incriminarlo.

Pero Berterreix volvió a comprar. El 9 de enero pasado consignó la suma de $ 1.100.000 al municipio, monto aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante a través la ordenanza N" 1133/11, que autoriza al Ejecutivo a enajenar el inmueble, ocultando un juicio de $ 3.200.000 más intereses de 10 años.

Hoy, el matarife pone el énfasis en la reiteración de la compra, con notificación al intendente Pacheco y al secretario de Gobierno, Hugo Lacaze, que “desmienten la compra faltando a la verdad”, acusó.

Todo cierra

Pero eso no es todo en el pueblo del oeste bonaerense. Hace 45 días relevaron a la cúpula policial de la comisaría, a quienes Berterreix también había denunciado. El foco estuvo puesto en una causa por hurto en el frigorífico, el incendio de un galpón ferroviario en mayo pasado -donde se habían ocultado los materiales sustraídos- y el incendio del palacio municipal en 2010. Todas con el mismo modus operandi.

La cúpula removida, a cargo del sargento José Luis Tello, estaba “sometida a los delirios autoritarios del intendente Pacheco”, según afirmó Berterreix, que sin embargo consideró que las nuevas autoridades “han dado pruebas de idoneidad en el cargo”. Se refiere al comisario inspector Walter Lamaisón y al subcomisario José González.

La cúpula a cargo de Tello fue removida luego de las denuncias de los vecinos y los cuestionamientos por su accionar “condicionado” al intendente. “Tuvieron una extraña connivencia con el delito”, recordó Berterreix.

El polémico incendio del municipio en 2010, que se tramita en la Fiscalía Nª 4 de Trenque Lauquen, a cargo de Walter Vicente, derivó en autores ignorados o menores inimputables, recordó el matarife, que también señaló el siniestro del galpón ferroviario del 9 de mayo pasado, donde había muebles, útiles y cables sustraídos del frigorífico.

El titular de Pampa Oeste recordó que los peritos que actuaron luego del incendio en el palacio municipal, el 8 de septiembre de 2010, fueron los mismos del siniestro en el galpón de ferrocarril, a cargo del cuestionado sargento Tello. Hoy están todos separados de la fuerza.

El municipio quedó afuera de la explotación del frigorífico, que de acuerdo a las estimaciones de Berterreix quedará reinaugurado “en el transcurso del próximo mes”. “Me niegan la escritura desde hace 10 años, que anuló el decreto 628/04 para la explotación como concesionario arrendatario y ahora propietario”, insistió el matarife.

La lucha llevó a Berterreix a solicitar una audiencia con el gobernador Daniel Scioli, que fue derivada al ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Marcelo Sosa. Ninguno se hizo eco del reclamo. “El único impedimento es la habilitación higiénico-sanitaria”, remarcó el empresario, que reclama una “inmediata respuesta institucional” de Arrieta.

Contra Pacheco

Para Berterreix, la estrategia del municipio es “aprovechar el frigorífico en forma privada con dolosos decretos”. Por apunta también contra Javier De Jesús Salvadori, ex director de Bromatología, por haber comprado el frigorífico de trozado de cerdos frente al de su propiedad. “Es una asociación ilícita encubierta políticamente”, subrayó.

Las diversas causas contra los funcionarios municipales se unifican. Así, la denuncia por “daños” en la UFI Nº 1 de Trenque Lauquen, a cargo de Omar Flores, se unificará con la de “hurto” desarchivada recientemente en la UFI Nº 6 de Fabio Arcomano.

Para el empresario, el conflicto es ya “insostenible” para el gobierno de Pacheco. “No les queda otra alternativa que acordar pagarme y renunciar para evitar el juicio político destituyente y penal económico por los artículos 248 del Código Penal y 194 de la Constitución provincial”. Por eso diversos sectores miran con atención los comicios de octubre. Es que no se descarta sentar a Pacheco en el banquillo de los acusados.