La Municipalidad evalúa la posibilidad de formalizar la actividad de los puestos dedicados a la elaboración y a la venta de choripanes y de otro tipo de comidas rápidas similares en la vía pública. El análisis de esta cuestión cobró vuelo a partir de la presentación de un proyecto de ordenanza del concejal del Frente Renovador, Cristian Azcona, al que en las últimas semanas se le fueron agregando algunos nuevos puntos de vista. Uno de ellos pertenece a los propios trabajadores dedicados a la actividad, quienes pretenden que el Concejo Deliberante sancione una norma que legalice su tarea, dando pie para que pueda ser constituida una empresa cooperativa.

A esto acaba de sumársele la posición del Departamento Ejecutivo, que según indicaron ayer algunos funcionarios, venía trabajando desde hacía tiempo en la elaboración de una norma para regular la venta callejera de cierto tipo de alimentos. La discusión en torno a este tema llegó ayer a la comisión de Obras del Concejo Deliberante, donde el director de Inspección General, Eduardo Bruzzeta, y el director de Bromatología, Mario Gómez, expusieron cuáles serían a su juicio los requisitos mínimos que deberían ser cumplidos para que la actividad deje de ser clandestina. Básicamente subrayaron que como primera medida deberían ser establecidas rigurosas normas de salubridad, para lo cual tendría que promoverse el uso de estructuras móviles o de tráileres que respeten un diseño y múltiples criterios de funcionamiento para garantizar la higiene.

Según indicó el propio Gómez, en la medida que existan puestos que aseguren la sanidad, en teoría podría ser aceptado el expendio de "cualquier tipo de alimento" en la vía pública más allá de que en este caso sólo se esté analizando admitir la venta de comidas "de bajo riesgo", como choripanes, hamburguesas, salchichas o papas fritas. Si bien ayer tanto los concejales como los funcionarios mostraron tener interés en regular la actividad, durante el debate quedaron expuestas algunas discrepancias, lo que hace suponer que la aprobación de una ordenanza sobre este tema es algo que podría demandar varios meses.

Ayer lo "choripaneros" se hicieron presentes en la reunión de la comisión de Obras donde expusieron su desacuerdo con algunas de las condiciones planteadas tanto por el Ejecutivo como por algunos ediles.

La idea de los puesteros

Según le contó a LA CAPITAL uno de sus representantes, Claudio Jaime, su objetivo es que el Concejo apruebe una norma que autorice a la actividad, avalando así el trabajo que -según dijo- realizan unas "150 personas en puestos informales" ubicados en la periferia, así como en las inmediaciones del estadio José María Minella o en las proximidades de lugares en los que se producen grandes concentraciones de público.

Jaime explicó que los trabajadores están dispuestos a "evolucionar" mediante la utilización de puestos con parrillas a gas e incluso a realizar cursos de manipulación de alimentos y a establecer acuerdos con proveedores para garantizar la calidad de la materia prima. Según dijo, de este modo los choripaneros podrían constituir una cooperativa y, por medio de ella, organizar su logística y acceder a la ocupación de espacios públicos de una manera legal.

Ayer Bruzzetta y Gómez expresaron que el Ejecutivo tiene interés por regular la venta callejera de comidas, pero señalaron que para ello tendrían que ser cumplidos requisitos que, en algunos aspectos, exceden a la propuesta de los trabajadores.

Por ejemplo Bruzetta se refirió a la idea de que la actividad se ejerza mediante el uso de "tracks autoportantes" con un diseño específico y que cumplan con medidas de higiene para la elaboración de comidas.

Por su parte Gómez subrayó que lo ideal sería que en la ciudad existiera un predio que funcionara como una "base" para que todos los móviles pudieran ser resguardados y sometidos a inspecciones permanentes. Además dijo que en un lugar como este los titulares de los móviles también podrían abastecerse de mercadería previamente controlada y de agua potable, además de higienizar los vehículos y de cumplir adecuadamente con la descarga de líquidos residuales.

Con la sola enunciación de estos temas, ayer quedó en evidencia que el debate resultará complejo. Incluso ayer también se mencionó que la asignación de lugares para ejercer la actividad también merecerá un análisis específico. "Tendremos que conciliar el interés de quienes realizan esta actividad con el de toda la comunidad y con el de quienes ejercen el comercio legalmente establecido para que no se vean afectados", advirtió al respecto la presidenta de la comisión de Obras, Cristina Coria (UCR).