Paralelamente, se establece la creación de una comisión evaluadora que tendrá por misión analizar el funcionamiento del organismo y elevar la propuesta al Ejecutivo sobre la necesidad de “liquidación definitiva o su transformación”. La iniciativa, de autoría de los diputados oficialistas Hugo Argerich, Verónica Mercado y María Cecilia Guerrero, asegura la estabilidad laboral del personal del ENRE y el nivel salarial de cada agente.

El proyecto faculta al Gobierno a nombrar un interventor, que se encargará de las funciones que cumple actualmente el directorio conformado por Augusto César “Mocho” Acuña, Luis Lobo Vergara y Rosa Mabel Sarquís. Ese interventor encabezará la “Comisión Evaluadora de la situación del ENRE”, integrada también por dos representantes del Ministerio de Servicios Públicos, uno del Senado y otro de la Cámara de Diputados, que pondrá bajo la lupa, dentro de un plazo de 180 días, el trabajo del ente y aconsejarán al Gobierno cual es la salida más viable. A esto se sumará una auditoría técnica-contable sobre el manejo patrimonial y financiero del ENRE “que hubiere efectuado el directorio intervenido”, a los fines de determinar “la legalidad y legitimidad de los procedimientos de inversión y gasto, de las obligaciones contraídas, y de los créditos adeudados”. Si esa auditoría detectara presuntas irregularidades en la administración, se pasarán las actuaciones a Fiscalía de Estado “a los fines de la adopción de las acciones pertinentes en defensa del patrimonio del Estado provincial”.

En los fundamentos, los autores del proyecto recuerdan que el Estado volvió a tener el control de las operadoras de servicios (agua y luz), y que por ello la función del ENRE prevista por ley “ha quedado sin materia”.

También opinaron que “se ha tornado inexistente” la finalidad de velar por los derechos de los usuarios, “habida cuenta de que en todos los años de funcionamiento del ENRE, los usuarios jamás estuvieron representados en el organismo”. De esta manera se refirieron a la no cobertura de la Gerencia de Defensa del Consumidor, “lo cual resulta demostrativo del escaso o nulo interés que los miembros del directorio demostraron, para que algún representante de los usuarios de los servicios públicos se integrara al organismo y pudiera canalizar por su intermedio los reclamos y/o las inquietudes de los consumidores”.

También opinaron que el ENRE posee una “estructura sobredimensionada, y recordaron que los miembros del directorio cobran como un ministro del Ejecutivo, mientras que los gerentes están equiparados con los subsecretarios.

“La situación descripta impone necesariamente avanzar hacia la disolución del organismo conocido como ENRE, o bien a propiciar una reformulación de su objeto, finalidad y atribuciones y deberes, para adaptarlo a las nuevas formas jurídicas de prestación de los servicios públicos que hoy en día se encuentran en la provincia en poder del Estado”, afirmaron los legisladores.

Por último propusieron derogar la Ley 4.836 que creó el organismo de contralor.

Reunión con diputados

Los tres integrantes del directorio del ENRE, Augusto “Mocho” Acuña, Luis María Lobo Vergara y Rosa Mabel Sarquís, se reunieron anoche con diputados del Frente Cívico, en lo que fue calificado como un encuentro “informativo” por el presidente del bloque, Julio Salerno. “Fue una reunión muy útil, donde nos explicaron el funcionamiento del ENRE y todo lo que viene realizando”, señaló.

Salerno dijo que la postura de la oposición es que en la Legislatura se discuta “el modelo prestacional de los servicios públicos, más allá de las propuestas que pueda tener el Ejecutivo”.

En este sentido, dijo que el FCyS habilitará ese espacio de debate también para “todo el marco legal que debe haber detrás”, como una manera de ejercer un contralor legislativo de la prestación de los servicios públicos.

Dan a conocer más contratos

A pesar de estar bajo la lupa del Gobierno, que dejó entrever a principios de año su intención de dar de baja al organismo, las autoridades del Ente Regulador siguieron autorizando la incorporación de personal. Tres de esas contrataciones fueron dadas a conocer en el Boletín Oficial del 12 de octubre. Se trata de contratos de locación de obra que fueron formalizados mediante las resoluciones N° 68 (del 3 de mayo), N° 69 (del 9 de mayo) y N° 79 (del 30 de mayo), y se trata de vínculos laborales, a través del régimen de monotributo, con vigencia de entre uno y dos meses.