En la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, dirigida por el fiscal Marcelo Sago, la diputada Paola Bazán (FCS-Cambiemos) presentó una ampliación de su denuncia por hechos de corrupción en la gestión anterior de la Secretaría de la Vivienda. Facilitó copias de más de 30 cheques por una cifra cercana al $1.500.000, emitidos por la firma RAF SRL, y que estarían vinculados al cobro de jugadores del equipo de fútbol, Unión Aconquija, que milita en el Torneo Federal A.

Según la denuncia, la firma RAF, que es propietaria del corralón implicado en la investigación por cobrar más de $50 millones de pesos de la Secretaría, emitió más de 30 cheques de al menos dos entidades bancarias diferentes y por sumas que varían entre los $6.000 y $40.000 a favor de cobradores anónimos: no precisaban a nombre de quién iría el cheque, sino exclusivamente el monto (ver facsímile).

Todos estos cheques era agrupados y recibidos por Flavia Gutiérrez, hija del ex secretario de la Vivienda  y actual vicegobernador, Octavio Gutiérrez, y también ex funcionaria, según explicó el patrocinador de la diputada Bazán, Fernando Navarro.

La diputada explicó que RAF no sería la única empresa involucrada en esta operatoria. "Se armaban expedientes en la Secretaría de la Vivienda que después cobraba RAF, y después estaban obligados a emitir los cheques que terminarían financiando el sueldo del plantel de Unión Aconquija. El pago a los jugadores lo completaban otras empresas", explicó. Las copias presentadas son de cheques emitidos en febrero, junio y agosto de 2015. En el planteo, la denunciante sugirió que se pidieran informes a los bancos para saber si estos cheques fueron efectivamente cobrados por los futbolistas.

"Los cheques eran firmados por la socia gerente de RAF, María Margarita Cisneros", explicó la diputada, y recordó que Cisneros es la madre de Jacqueline Figueroa, ex empleada de la Vivienda y socia de la ex directora de Administración Contable del mismo organismo, Silvia Alejandra Quinteros.

Por otra parte, Bazán expresó que "muchas personas que nos daban información sufrieron amenazas", y también lamentó que Quinteros tenga un cargo de asesora contable en el Senado: "Me parece vergonzoso. Evidentemente no le pueden soltar la mano. Habría que preguntarse qué pasa para que no sea apartada del cargo, si se robó $50 millones, aunque sabemos que la cifra puede ser de $360 millones".