Además, la denuncia fue ampliada para incluir al actual intendente de La Calera, Diego Lorenzetti, a quien acusan de actuar como encubridor. “Él, como funcionario público, está calificado para que, en un caso similar, radicar la denuncia”, dijo Quevedo sobre el intendente, señalando que el haber anulado las resoluciones de Leyes es “una acción pública de encubrimiento”, ya que es “una manera de borrar una prueba”.

A su vez, la denuncia también fue ampliada para incluir a Alberto Leyes, hermano de la senadora y que también ha sido intendente de La Calera. Alberto Leyes preside una fundación llamada La Puntana, la cual también recibió un terreno como donación cuando su hermana era intendenta. “Circula la versión periodística, que yo creo que es fidedigna, de la donación de terrenos entre hermanos, a través de una supuesta fundación que tendría el hermano de Mabel Leyes”, comentó el presidente de la UCR.

En particular, Quevedo se refiere a un artículo publicado en La Gaceta, el cual da cuenta de que esta “fundación” no figura en la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Gobierno provincial, ni en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

También cabe destacar que La Puntana era completamente “a prueba de Google”, término que se utiliza cuando es imposible encontrar información sobre un determinado tema o persona mediante el popular buscador. Esto significa que la fundación no tiene sitio web propio, número teléfono o una mísera página de Facebook para contactarla y acercarle una donación.

“Nuestro deseo es que se investigue esto para llevar tranquilidad a la sociedad, que está ávida de gestos responsables y serios”, dijo Quevedo, destacando que la sociedad sanluiseña se ve agredida por la “inseguridad jurídica” que se vive en la provincia. 

La causa está en el juzgado del Crimen N° 1, a cargo del juez Eduardo Cadelago Filippi. Tras la ratifiación, se le correrá vista al fiscal, quien deberá advertir si hay mérito o no para la prosecución de la causa. En caso de considerar que lo haya, sugerirá al juez que llame a indagatoria o solicitará algunas otras pruebas. Para la malversación de fondos público, el Código Penal establece la pena 2 a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.