El reciente testimonio de una diputada provincial de Santa Cruz en la “Causa Vialidad” fue el disparador de la ampliación de la denuncia contra Mauricio Macri y la denominada “mesa judicial” por asociación ilícita, por haber manipulado jueces para llevar adelante el "Lawfare" o "Guerra jurídica". La investigación está en manos del fiscal Franco Picardi y la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La hipótesis de los denunciantes (los diputados Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Martín Soria) es que el ex presidente Mauricio Macri lideró una organización criminal con los integrantes de esa mesa judicial, manipulando magistrados con el objetivo de meter presos a sindicalistas y empresarios. El accionar de la administración de Macri en tareas ilegales también es investigado en otras causas, como la de espionaje, que tramita en Lomas de Zamora.  Esa mesa, según Tailhade -y quienes aportan a la ampliación, Eduardo Valdés y Martín Soria- estaba integrada por José Torello, Germán Garavano, Pablo Clusellas, Fabián Rodríguez Simón y Juan Bautista Mahiques, todos ellos, integrantes del gabinete de Macri. Los integrantes de esa supuesta mesa calificaron la denuncia, en su momento, como un delirio.

En la ampliación, los diputados piden que se cite a declarar a la diputada provincial por Santa Cruz Laura Hindie, que durante el gobierno de Macri trabajó en Vialidad en esa provincia, y que declaró en la causa que se sigue contra Lázaro Báez que la intimidaron para que firmara un documento que dejara constancia que a Báez se le habían pagado todas las obras. 

Según el relato que Hindie hizo bajo juramento en el juicio oral, el entonces director de Vialidad Javier Iguacel llegó a su oficina en Santa Cruz, acompañado por Ricardo Stoddart, de asuntos jurídicos, arriba de un patrullero de la policía Federal, y la “intimó” a firmar un documento. Dijo Hindie: "Sucedió que las autoridades del nuevo gobierno llegaron a Vialidad en Río Gallegos, en un patrullero. Ahí estaban Javier Iguacel y Ricardo Stoddart, que luego serían titulares de Vialidad y de Legales, pero que en ese momento no tenían decreto de designación. Se bajaron del patrullero y me dijeron que tenía que firmar. No me constaba nada”. El objetivo del documento que firmó -dijo- era demostrar el favoritismo de la administración de Cristina Kirchner para darle obras a Báez.  Pero los diputados también pidieron que se cite a declarar a los sindicalistas Guillermo Pereyra (Petroleros) y Héctor Ponce (Lecheros) que manifestaron en público haber sido objeto de persecución por parte de la misma mesa judicial. Según sus dichos, Pereyra confió que Macri, en un viaje que compartieron, le dijo sobre Ponce “a ese lo quiero preso”. Luego de eso, se inició una denuncia judicial contra el titular de Atilra (Lecheros). Pereyra también dijo que la misma persecución recayó sobre él, que era senador, cuando votó contra la reforma previsional.