Primero fue el gobernador Francisco Pérez quien, en un intento por sacarse la pesada mochila política de la disputa con las distribuidoras eléctricas por el desfasaje tarifario, firmó un decreto, el 390, dándole luz verde a un incremento retroactivo, a partir de enero de 2016, pero retroactivo a julio de 2013, equivalente a casi $ 4.000 millones.

La reacción fue una acción judicial promovida por la oposición para impedir que se aplicara. Ahora, mientras Fiscalía de Estado ultima el descargo a favor de la decisión, empieza  otro round con la ampliación de la medida cautelar en respuesta a una nueva resolución del Ministerio de Energía para reimpulsar el decreto.

“La respuesta contempla analizar, por un lado, la premura de la cautelar, y por otra parte, el tema de fondo que es la inconstitucionalidad del decreto. Consideramos que no puede resolverse en el corto plazo, porque en 99% de los casos resolver la cautelar es dictar sentencia, lo que en este particular exige un poco más de análisis y proceso”, explicaron desde el departamento de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía sobre los fundamentos de la estrategia legal.

La presentación inicial, impulsada por los diputados provinciales Néstor Parés y Martín Kerchner, había ingresado a la sala 1 de la Corte Provincial el 15 de mayo. En los próximos días la Fiscalía deberá notificarse del pedido de ampliación interpuesto ahora por sus impulsores, a raíz de que Energía autorizó al Ente Regulador Eléctrico (EPRE) a calcular la tasa de fiscalización sobre un nuevo VAD (Valor Agregado de Distribución). 

El decreto 390, firmado por Pérez en febrero, reconoce a las distribuidoras eléctricas “ingresos no percibidos” de unos $ 4.000 millones desde 2013 en concepto de VAD. Pero “sin autorización legislativa previa”, según advierte el recurso de amparo, en referencia al compromiso financiero que implicaría para la Provincia.

En busca de que se declare inconstitucional lo decidido por el Gobierno mendocino, el recurso apunta a la inaplicabilidad de los artículos 1 al 4 del decreto. Estos desde la ratificación del Convenio de Convergencia con la Nación, que congela tarifas al 31 de diciembre próximo, hasta el reconocimiento de una deuda por falta de tarifa desde agosto de 2013.

Por qué se amplía la cautelar

Según Parés, “además de no respetarse el procedimiento de actualización tarifaria que demanda una audiencia pública, la defensa del poder concedente  había argumentado que el decreto está sin aplicarse. Pero, por otro lado, la resolución de Energía autorizó al EPRE a calcular la tasa a partir del nuevo VAD”.

La tasa de fiscalización es el ingreso con el que se solventa el funcionamiento del Ente Regulador Eléctrico, equivalente al 1,5% de las facturas de los usuarios mendocinos. Para Parés, suficiente para pedir la ampliación de la cautelar “y darle más fuerza, para que la Corte resuelva”.

Cabe recordar que desde julio de 2013, cuando se cumplían los 5 años estipulados por el marco regulatorio eléctrico para la revisión integral de los cuadros (la última hasta ahora fue durante la gestión Celso Jaque, en agosto de 2008), Pérez dispuso dos postergaciones  consecutivas.

En ambas circunstancias, el detonante fue firmar, como otras 12 provincias, el Convenio de Convergencia Tarifaria impulsado por el ministro de Infraestructura de la Nación, Julio De Vido, que tanto para 2014 como en lo que va del año congela los valores hasta el 31 de diciembre. 

Al conocerse la acción que busca declarar la inconstitucionalidad del decreto 390, en su momento la reacción de las empresas no se hizo esperar.

Sucede que  la resolución del litigio no le es indiferente a las 3 principales operadoras del servicio eléctrico de la provincia: a Edemsa, Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y Edeste, el Ejecutivo les asigna más de $ 1.390 millones, 1/3 del monto global por VAD desde julio de 2013.