“Los despachos de importación de los despachantes amigos (de Lambiris) están siendo bloqueados y verificados a fondo para comprobar si no hay evasión. Hay tensión porque los contenedores varados son más factibles de controles”, graficó una fuente de la Aduana.

El cambio coincide con la llegada a la Aduana de Carlos Sánchez, un hombre muy ligado al jefe de Gabinete Jorge Capitanich, pero también un funcionario de carrera dentro del organismo. Sánchez desembarcó en lugar de Siomara Ayeran.

Echegaray se opuso rotundamente. La interna se resolvió cuando Cristina lo convocó a Olivos. “Poneme un champagne que festejamos cuando vuelvo”, le habría dicho aquel día Echegaray a un empleado de su confianza, cuentan en la AFIP. Pero no le fue bien. Sánchez fue el elegido. Y también fue nombrada Beatriz Paglieri, ladera de Guillermo Moreno, uno de los enemigos de Echegaray.

Al poco tiempo, cuentan en la Aduana, el nuevo jefe del organismo recibió un listado de los despachantes que operaban con Lambiris, el empresario al que Echegaray identificó como “el padre de un compañero de colegio” de sus hijos. Figuraban al menos ocho.

Todos recibían protección por intermedio del “Uruguayo”.

El escenario cambió. “Ahora todos los traslados desde el Puerto a los depósitos fiscales son escaneados y verificados por Policía Aduanera y los verificadores. Hay gran paranoia”, dijo un despachante. Es en los depósitos donde se puede reemplazar una mercadería por otra para pagar menos impuestos.

La tensión es explícita porque hay funcionarios ligados a Echegaray que lograron mantenerse en la Aduana. Uno es Daniel Santanna, quien tiene a su cargo los controles sobre Ezeiza y el Puerto. De él depende Damián Sierra, esposo de Silvina Tirabassi, amiga y sucesora de Echegaray en la Aduana.

En fuentes oficiales aseguran que la relación entre Sánchez y Echegaray es “cordial”. De cualquier forma, no fue un verano más para el titular de la AFIP. A raíz del viaje a Copacabana es investigado por Carlos Rívolo. Otro fiscal, Jorge Di Lello, ya lo imputó por supuesta violación del secreto fiscal porque habría utilizado información confidencial de dirigentes opositores en una conferencia de prensa. El escenario se completa con otro dato político. Luego de la investigación del diario La Nación sobre los hoteles de Cristina, Lázaro Báez dejó trascender que parte de esos datos provenían de la AFIP. Echegaray acumuló demasiado poder.

Y por ahora resiste.