El juez federal Rodolfo Canicoba Corral envió en las últimas horas a Singapur y a Malasia un pedido de detención con fines de extradición de uno de los iraníes acusados aquí de ser autor intelectual del ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina. de 1994.

Ocurre que justo el lunes, día que coincidió con el aniversario número 22 del atentado a la mutual judía, la prensa en Teherán comunicó que Alí Akbar Velayati, hoy al frente del Centro para la Investigación Estratégica viajaba a Asia para una conferencia sobre el "Crecimiento a través de la Interación", y sobre oportunidades en el sur asiático. Velayati era canciller al momento del ataque a AMIA, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

Según confirmó esta mañana Clarín de fuentes judiciales, la orden de detención con fines de extradición fue emitida por Canicoba a través de la Cancillería, que cursa estos pedidos a través de su conexión con los ministerios de los países en cuestión, que lo retransmiten a su vez a la justicia local.

Un pedido como el que hizo Canicoba Corral en las últimas horas tiene lugar cuando no hay convenios de extradición bilaterales por los cuales si un país detecta en su territorio a alguien que es buscado por el otro debe actuar en función de sus compromisos.

Hace unos sesenta días, se emitió un pedido similar –de detención con fines de extradición a Colombia para otro acusado por la AMIA:  Moshen Rabbani. La versión de ese viaje era más confusa porque la dio un medio árabe y nunca la emitió ni la confirmó Teherán. Pero igual, aquí se activaron los mecanismos para impedirlo, o para que se atendiera el reclamo argentino a Interpol. Incluso, el actual embajador ante Colombia, Marcelo Stubrin realizó gestiones ante la cancillería colombiana contra una eventual presencia Rabbani o de cualquier otro sospechoso por el atentado a la AMIA.

A pedido del fallecido fiscal Alberto Nisman, Canicoba Corral reclamó en 2006 a Interpol que se activaran pedidos de captura internacional -alertas rojas- contra ocho iraníes por su presunta participación intelectual en la voladura de la mutual judía. En 2007 se dio curso al pedido argentino pero para cinco ciudadanos persas, uno de los cuales, nacido en el Líbano, murió.

Este año, el ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich alertó a la Cancillería de que las alertas rojas debían renovarse o corrían peligro. Y así lo hizo Interpol.

A decir verdad, con el tiempo, la mayoría de los acusados siguen siendo hombres fuertes en Irán. Varios de ellos han sido candidatos a presidente de la nación o se encuentran en lugares de poder, incluso a cargo de los asuntos nucleares. Otros siguen manteniendo contactos en la Argentina como el clérigo Rabbani y el ex piquetero Luis D’Elía.

Hace un años, el ex ministro de Defensa iraní al momento del atentado, Ahmad Vahidi, se movió tranquilamente por Bolivia sin que se lo reclamara desde aquí o Interpol pidiera su detención. Argentina solo presentó una queja cuando se difundió el viaje.

Los diferentes gobiernos de Irán siempre negaron que sus ciudadanos estuvieran involucrados en el atentado. Y aunque Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman negaran que el fin del memorandum de entendimiento firmado en 2013 iba a hacer caer las alertas rojas, ese acuerdo siempre fue el motor que guió a los iraníes en sus negociaciones. El movimiento de los ciudadanos se ve sumamente restringido en el exterior por el reclamo judicial argentino que, en todo caso, busca interrogarlo por los trágicos hechos de 1994.

El año pasado, en un curioso viaje a Teherán, el canal C5N entrevistó a Velayati, que advirtió que no declarará ante nadie por el ataque de 1994 a la sede judía. La negativa incluyó a la Comisión de la Verdad que contemplaba entonces el Memorándum de Entendimiento firmado por su país y el de Argentina. Es decir, que desconoció lo firmado por el ex presidente Mahmud Ahmadinejad. "Es una acusación infundada, falsa, una mentira", dijo en la entrevista. "Argentina no está en posición de interrogar a funcionarios de un país independiente. Lamentablemente muchos funcionarios argentinos están bajo presión sionista y de Estados Unidos”, señaló.