Emilia Delfino

A 30 años del atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Justicia federal mantiene las mismas expectativas de los últimos años, remotas y complejas: llevar a juicio a los acusados prófugos por la voladura del 18 de julio de 1994.

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El ataque ocurrido en el barrio porteño de Once a las 9:53 dejó 85 víctimas fatales, 36 heridos con lesiones graves y 115 con lesiones leves. 

“Este no es un aniversario más”, sostuvo Amos Linetzky, presidente de la AMIA, en un informe sobre el estado de la causa judicial. “Hay números que por su contundencia y sus implicancias tienen un peso distinto, provocan una marca más profunda, proyectan otros pensamientos. Hacen que el dolor vuelva a flor de piel, y si acaso es posible, que duela todavía un poco más”, afirmó el presidente de la institución, a tres décadas del hecho.

“Nuestra expectativa es llevar a juicio a los prófugos acusados”, dijo a elDiarioAR el fiscal a cargo de la Unidad-AMIA, Sebastián Basso. “Dependemos mucho de la colaboración internacional para la entrega de los acusados y para obtener más pruebas que echen mayor luz al caso”, aseguró Basso. Durante la investigación se llegaron a tramitar 650 pedidos de colaboración a 63 países, de acuerdo a un informe reciente de la fiscalía. 

AMIA. El edificio de la calle Pasteur, 18 de julio de 1994. Agencia AJN.

El expediente, que acumula casi 500.000 páginas y 470 líneas de investigación, llegó a tener 145 imputados, la mayoría de nacionalidad argentina. Se investigaron más de 1.150 personas y se intervinieron 760 líneas de teléfono. Actualmente, hay once imputados por el ataque, todos extranjeros.

Sólo 15 de los investigados llegaron a la instancia del juicio oral y público por diferentes causas paralelas a la de la voladura del edificio de Pasteur 633. Sólo seis fueron condenados, no por el hecho en sí sino por su encubrimiento mediante el desvío de la investigación inicial durante la década de 1990. “La impunidad del atentado terrorista del 18 de julio es una de las mayores deudas de nuestra democracia”, sostuvo Linetzky en este aniversario. 

En 2006, el fiscal Alberto Nisman solicitó la captura internacional de siete iraníes. En 2009, sumó la de el libanés Salman Rafouf Salman, también conocido como Salman El Reda, acusado de organizar la logística del atentado. En 2023, se solicitaron también las capturas del libanés Abdallah Salman, hermano de El Reda; y de Farouk Omairi, un habitante de la Triple Frontera, en territorio brasileño.

Paradero de los imputados por el atentado a la AMIA. UFI-AMIA.

La Unidad-AMIA solicitó la extradición de Omairi, pero el acusado solicitó ser juzgado en Brasil, ya que cuenta con nacionalidad brasileña. Desde entonces, la fiscalía aguarda una decisión del Ministerio de Justicia de ese país, que debe responder dónde será juzgado el acusado.

Además, de Omairi, los investigadores sostienen que los seis iraníes prófugos -uno de los siete acusados originales habría fallecido- se encuentran en Irán, mientras que otros tres se encuentran en el Líbano. Ninguno de esos dos países colabora con la Justicia argentina en la entrega de los acusados.

Tres juicios

La causa AMIA tuvo tres juicio orales y públicos pero no hay ningún condenado por el atentado terrorista, el más grave acto de terrorismo internacional en la historia del país y la región.

En 2004, el primer proceso judicial fue anulado por graves irregularidades, de las cuales había participado el ex reducidor de autos, Carlos Telleldín, al recibir un pago de US$400.000 de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para involucrar en la entrega de la camioneta a un grupo de policías bonaerenses, según determinó un segundo juicio por encubrimiento en 2019. 

En febrero de 2019, el primer juez de la causa, Juan José Galano, fue condenado a seis años por “peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba”. 

Las irregularidades cometidas durante la investigación del caso AMIA. UFI-AMIA.

El entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión por “peculado y encubrimiento por favorecimiento personal”. Entre otros de los condenados estaban también los exfiscales federales Eamon Müllen y José Barbaccia fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por cuatro años. A todos ellos se los consideró culpables de armar una causa para acusar a un grupo de policías, entre otros blancos, y desviar la investigación de los verdaderos autores del atentado. El ex presidente Carlos Menem fue sobreseído. 

En diciembre de 2020, Telledín fue absuelto en un tercer juicio, en el que se lo acusó por la entrega de la camioneta Trafic utilizada en el ataque. Para la UFI AMIA, sin embargo, el uso de un “coche bomba entregado por Telleldín” está probado, según sostuvieron los fiscales durante el juicio y el alegato final. “Se estima que se usaron unos 300 kilos de nitrato de amonio, que es generalmente utilizado como fertilizante, para armar la bomba”, explicó entonces una fuente directa de la investigación a elDiarioAR.

“Se sabe que el grupo de terroristas que ejecutaron el hecho pertenecen al Hezbollah y que Salman Raouf Salman estuvo en Buenos Aires en julio de 1994 en ese grupo”, sostuvo una fuente del caso. Durante el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos fijó una recompensa de hasta US$7 millones por información sobre el acusado. 

En la Argentina, referentes de la comunidad islámica cercanos a algunos de los iraníes acusados y al Hezbollah niegan su participación en el atentado.